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“No están haciendo nada”

Familiares de víctimas denuncian “incumplimiento sistemático” del Estado Peruano de las sentencias de la CIDH

En conferencia de prensa realizada el miércoles 27 de febrero en el local de la Asociación Pro Derechos Humanos – Aprodeh, familiares de víctimas de la violencia política denunciaron el incumplimiento del Estado Peruano con respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a los casos La Cantuta, Baldeón García, Cantoral García, Gómez Palomino y Anzualdo Castro.

Gloria Cano, directora de Aprodeh, señalo que el incumplimiento del Estado Peruano de sus obligaciones internacionales en relación a las sentencias emitidas por la CIDH tiene un carácter sistemático. En la misma línea, Gisela Ortiz, familiar del caso La Cantuta, lamentó que “en la lucha contra la impunidad el Estado no es nuestro aliado… al no querer reconocer su responsabilidad en los casos de violaciones de DDHH”.

Las sentencias de la Corte, que datan de los años 2005 (caso Gómez Palomino), 2006 (casos Baldeón García y La Cantuta), 2007 (caso Cantoral García) y 2009 (caso Anzualdo Castro), comprometen al Estado Peruano a una serie de medidas, tales como reparaciones en salud, educación, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, y la obligación misma de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables. “Han  pasado varios años y todavía no se cumple lo requerido por las sentencias”, concluyó Ortiz.

Marly Anzualdo, hermana de Kenneth Anzualdo, joven desaparecido hace 20 años en los sótanos del Servicio de Inteligencia, alertó que Vladimiro Montesinos y Santiago Martín Rivas todavía no han sido sentenciados por la desaparición de su hermano, e instó a las autoridades y a la sociedad civil a convertir en un lugar de memoria los sótanos del “Pentagonito”, donde muchos fueron asesinados e incinerados, en última instancia desaparecidos.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, colectivo de 82 instituciones de la sociedad civil que en todo el Perú trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos, acompañamos el reclamo de los ciudadanos peruanos que llevan décadas buscando justicia.

Dato: La CIDH, entre otras medidas, exige implementar, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en derechos humanos para los miembros de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como para jueces y fiscales.

Consulte la carta de Aprodeh al Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.