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Ginebra-París, 28 de febrero de 2013. En su recientemente publicado Informe Anual, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos centra su atención en un nuevo impedimento al trabajo de los defensores de derechos humanos. Los gobiernos incrementan las restricciones al acceso a la financiación, y, en particular, a la financiación extranjera, con la intención principal de silenciar a los defensores de derechos humanos. Este obstáculo, que está afectando a un número cada vez mayor de defensores de las libertades fundamentales en todo el mundo, no solo viola las normas de derechos humanos reconocidas de manera universal, sino que también supone un serio golpe a los esfuerzos de la sociedad civil para promover y proteger los derechos humanos asegurando que la voz de las víctimas de violaciones de derechos humanos sea escuchada.

El Informe Anual 2013 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), realiza un análisis global de las violaciones del derecho de las ONG a la financiación a través de diversas restricciones impuestas por los Estados. El Informe ofrece así un panorama detallado de esta problemática, aún poco estudiada. Este análisis se encuentra ilustrado con ejemplos de casos concretos de 35 países.

“Queremos proteger a las ONG. En este momento, éste es un problema que necesita una respuesta urgente debido a la existencia de un patrón emergente, de una respuesta global negativa, que ataca a los defensores de derechos humanos identificándolos como ilegítimos por sus vínculos internacionales. Este nuevo argumento en contra del apoyo internacional, más concretamente en contra de la financiación internacional, limita las acciones de las ONG. Esto es inaceptable. Con el Informe de este año queremos reformular el debate sobre el trabajo en derechos humanos reconocido universalmente”, señaló Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

“Las barreras a la financiación son impuestas frecuentemente dentro de un contexto generalizado de represión en el cual las legislaciones restrictivas combinadas con campañas difamatorias y acoso judicial contras los defensores de derechos humanos crean un ambiente hostil contra las actividades que estos realizan. Estas barreras a la financiación de las ONG impuestas por los Estados representan uno de los problemas institucionales más graves a los que se tienen que enfrentar los defensores en la actualidad”, añadió Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.

Como también destacó Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, en el Prefacio del Informe: “El tema del Informe de este año es de especial pertinencia, ya que hemos constatado recientemente una tendencia progresiva de estigmatización y restricciones injustificadas en materia de acceso a la financiación y a los recursos destinados a las organizaciones de la sociedad civil. Con ello se busca reprimir toda forma de crítica […]”.

El derecho de las ONG a la financiación es una parte integral del derecho a la libertad de asociación. El acceso a fondos y recursos es esencial ya que sin éste el trabajo diario de las ONG se ve altamente comprometido. En algunos países, las consecuencias de estas legislaciones y prácticas están debilitando el mismo. En Etiopía, la legislación sobre financiación extranjera está forzando a las ONG a reducir sus actividades y despedir a parte de su plantilla, o a parar sus actividades relacionadas con derechos humanos. En la Federación Rusa, las ONG que reciben financiación extranjera pueden enfrentarse a cargos de responsabilidad penal si no incluyen la mención “agente extranjero” en todos los documentos oficiales. En Belarús, el Presidente del Centro de Derechos Humanos “Viasna”, Ales Bialiatski, se encuentra en prisión por utilizar financiación extranjera y sus colegas han sido desalojados de sus oficinas. Algunos Estados utilizan también la técnica de la “restricción por omisión” para impedir que las ONG de derechos humanos puedan acceder a los fondos. Al no aplicar el procedimiento previsto por sus propios textos legislativos y reglamentarios, las autoridades privan a las ONG de la capacidad de llevar a cabo proyectos financiados por organizaciones o Estados extranjeros, como ocurre en Bangladesh.

Basándose en el marco legal que rodea el derecho al acceso a la financiación y la embrionaria jurisprudencia sobre el tema, el Informe estimula una reflexión de fondo sobre los impactos negativos de estas medidas restrictivas, y formula recomendaciones a todos los actores involucrados – beneficiarios, donantes, gobiernos y organizaciones intergubernamentales.

Descargar informe

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