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Nos informan de la presencia desde la madrugada de hoy de un contingente de 40 efectivos policiales en el territorio de la comunidad campesina de Yanta (sector Portachuelo, en Ayabaca, Piura). La presencia del destacamento policial está generando zozobra entre los comuneros, que en la zona ya han sufrido torturas, detenciones arbitrarias, y uso abusivo de la fuerza, e incluso el homicidio de dos integrantes de la comunidad, a manos de la Policía Nacional del Perú en el contexto del conflicto suscitado por el proyecto minero Río Blanco (ex minera Majaz).

Foto: torturas a comuneros en Majaz, 2005.

Resulta extraño que esta intervención policial se desarrolle sin haberse realizado ningún tipo de coordinación con las autoridades comunales, y coincidiendo con el recrudecimiento de acciones que buscan debilitar la organización comunal para imponer el desarrollo del proyecto minero Río Blanco. Nos referimos, por ejemplo, al inicio de investigaciones penales contra varios líderes de la resistencia, o el descubrimiento de una “lista negra” en manos de un operador vinculado a la empresa minera, entre otros hechos. Esta coincidencia podría generar la idea de que la intervención policial en la zona, como en gobiernos anteriores, estaría orientada a imponer el desarrollo del proyecto minero más que a salvaguardar el orden público y los derechos de los ciudadanos.

Recordamos que, tan sólo hace dos semanas, Rocío Silva Santisteban denunció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la privatización de la Policía Nacional del Perú, como resultado de convenios que permiten que la PNP, generalmente la DINOES, alquile sus servicios a empresas privadas, generando un Estado minero militar de facto en muchas zonas del país.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.