Desplazados

Publicado el 23 abril 2013 por en Opinión

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Por Rocío Silva Santisteban

Hay que subir por una interminable escalera de caracol, de cemento y con gradas altas, unos cuatro pisos, pasando por una quinta estrecha, para llegar a la pequeña oficina, larga y estrecha también, en la que aproximadamente 70 personas, totalmente apretadas, cansadas pero expectantes, acaloradas por el sol de las dos de la tarde, mujeres en su mayoría con niños chicos que revolotean y gritan alrededor, están aguardando. Son miembros de Asfadel, la Asociación de Familiares y Desplazados de Lima. Todos son provincianos, vienen de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, la margen izquierda del río Huallaga, hablan quechua y otros aymara, y muchos de ellos llevan sobre el cuerpo o en la memoria las huellas de una violencia demencial que fue iniciada por Sendero Luminoso, repelida y además continuada por muchos de los efectivos de Ejército Peruano y la Marina, incluyendo altos mandos, y en las zonas de la selva alta exacerbada por el MRTA. En este grupo hay mujeres que vieron morir a sus padres a machetazos o a sus hijos quedar lisiados para siempre.

Ese es el caso de Marta Vilca, madre de Constancia López Vilca, quien a los 10 años, en Totos, Ayacucho, fue víctima de una granada. La granada le cercenó el pie derecho, le hizo una herida en el ojo izquierdo dejándola desfigurada para siempre, pero también le reventó la parte frontal del cráneo, de tal manera que el cerebro fue también afectado y ella, ahora, a los 40 años, no puede valerse por sí misma. Marta está ahí preocupada, porque ha dejado a su hija acompañada de una vecina, pero asiste porque tiene la esperanza de que en la asociación se pueda presentar su caso para solicitar al Estado peruano que cumpla con sus promesas: asistir a todos los desplazados y afectados debidamente acreditados con el Sistema Integral de Salud. “Señorita, la gente del hospital no sabe lo que es un desplazado, ni siquiera les interesa nuestra acreditación. No nos atienden, nos tratan mal, y si lo hacen es solo porque somos pobres, por pobreza extrema pues…” Esta madre no se resigna y no debe hacerlo: ella ha peregrinado de oficina en oficina, finalmente se ha inscrito en el Registro Único de Víctimas y quiere que su hija, a quien una granada que no sabemos si era de SL o del Ejército le destruyó la vida, pueda tener acceso a una prótesis, a un tratamiento, en lugar de ser una paria que mendiga justicia.

Asfadel está conformada por aproximadamente 7 mil personas (1.200 familias acreditadas) y es presidida por Teófilo Orozco, originario de Huahuapuquio, Cangallo, Ayacucho, quien hace treinta años tuvo que salir de su pueblo huyendo para poder salvar su vida. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se aprobó la Ley 28223, de personas desplazadas, que contiene toda una serie de directrices sobre el gran problema de desplazamiento forzado. Obviamente muchos de ellos también son víctimas del conflicto armado, pero otros son solo afectados, en la medida que sus familiares no murieron ni sufrieron heridas, pero sí el despojo de sus territorios, el abandono de sus chacras, animales, y por lo tanto se empobrecieron aún más o perdieron oportunidades educativas por tener que trabajar.

Constancia lo perdió casi todo: su niñez, su juventud, su cara, su inteligencia. Ahora solo le queda su madre y, como su nombre lo indica, la tenacidad de continuar en la brega. ¿Es posible que el Estado no capacite aún a los operadores de salud para que estén enterados de lo que es un desplazado?

Publicado en Koluma Okupa del diario La República. 23/04/2013

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