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¡NI UN MUERTO MÁS!

Heridos denuncian a altos mandos militares por sucesos durante el paro agrario del 2003 en Barranca

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) acompaña a los heridos en la denuncia a altos mandos militares por los delitos de lesiones graves cometidos en mayo del 2003, en la provincia de Barranca (departamento de Lima). La intervención de las fuerzas armadas se efectuó en el marco del estado de emergencia a nivel nacional, a raíz de las movilizaciones masivas convocadas por el gremio agrario y el magisterio, en el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo.

Como producto de la intervención del ejército, básicamente con armamento de guerra como fusiles Galil, se registraron 117 heridos a nivel nacional, 27 de ellos en Barranca. Entre los heridos de mayor gravedad se encuentran Juan Luis Li Valencia (21 años en el momento que fue herido, perdió el ojo izquierdo), Yoni Milton Aguirre Gutiérrez (20 años, perdió la pierna izquierda), Justo Mario Bolívar Calzado (33 años, quedó parapléjico) y Kenllu Jairo Sifuentes Pinillos, que tenía apenas 12 años cuando una bala lo alcanzó en el pulmón izquierdo. Hasta el momento, no han logrado acceder a ningún tipo de reparación y, mucho menos, a la justicia.

Recordamos que en el 2007 concluyó un proceso seguido contra el oficial que estuvo directamente a cargo de la brigada del ejército que reprimió a los manifestantes. El oficial fue absuelto por considerarse que actuó amparado por la obediencia debida y en legítima defensa. Precisamente, los oficiales a cargo de los operativos comunicaron a sus superiores que no contaban con el equipo adecuado para intervenir en una situación de protesta social, estando desprovistos de cascos de acero y fibra, así como de equipos antidisturbios. Los oficiales superiores lo conminaron a actuar a pesar de que había planteado estas deficiencias mediante comunicaciones escritas, que han sido perfectamente documentadas.

Por ese motivo denunciamos a los altos mandos que dieron la orden de desbloqueo de la carretera, pese a haber tenido conocimiento de que los efectivos militares únicamente contaban con armamento de guerra. Los mandos militares actuaron dolosamente al tener conocimiento de la carencia de equipos antimotines y ordenar el desbloqueo.

La denuncia alcanza al General de Brigada EP URÍAS FELIPE PRADO LA ROSA, Comandante General EP de la 18 Brigada Blindada; el Coronel de Infantería EP RAFAEL MOISES LA ROSA GUEVARA, Jefe del Estado Mayor Operativo de la 18 Brigada Blindada; el Comandante General EP JOSÉ GRAHAM AYLLÓN de la Región Militar Centro, y el General de Brigada EP LEONEL CABRERA PINO, Segundo Comandante General EP de la Región Militar Centro.

La denuncia se hará el viernes 5 de abril a las 12 30 en el Ministerio Público de Barranca, a cargo de Hayley Reyna y Miguel Jugo, abogados de la CNDDHH, quienes brindarán declaraciones a los medios.

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