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EL REGLAJE IRREGULAR ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA

Queremos expresar nuestra más enérgica protesta por el reglaje del que vienen siendo objeto Fernando Rospigliosi, Gino Costa y Carlos Basombrío, de acuerdo a los hechos contenidos en  el reportaje transmitido el día de ayer en Cuarto Poder.

En el referido programa se han presentado pruebas importantes de dicho reglaje. Aparecen imágenes grabadas por Wimber Rodríguez (mayordomo y representante de Unidos por la Justicia, ONG defensora de las víctimas de la delincuencia) de la intervención policial de Wendy Paola Toro, a quien había visto rondando en la zona con otras personas, las que se alejaron cuando vieron que miembros del serenazgo se les acercaban, a pedido del mismo  Rodríguez.

En el reportaje de Cuarto Poder se señala que se ha podido establecer que Paola Toro es un agente de la División de Inteligencia de Búsqueda de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), con más de 14 años de actividad policial. Otro hecho grave es que en el registro policial se haya cambiado el nombre de Wendy Paola Toro por el de otra persona que no tiene ninguna relación con la Policía, tal como lo ha aceptado el propio Director de la DIRIN, José Céspedes, alegando razones de seguridad.

En la llamada que hizo este alto funcionario a Cuarto Poder reconoció también la presencia en el lugar de varios agentes de la DIRIN, pero aduciendo que se trataba de un operativo vinculado a la captura de  narcotraficantes colombianos. Sin embargo, no hizo mención a ningún tipo de información o evidencia  que pudiera sustentar tan sospechosa coincidencia.

Una vez más exigimos al gobierno el alejamiento del gobierno de Adrián Villafuerte y el cambio de todas las autoridades vinculadas a las diferentes instancias de inteligencia, las que deben ser remplazadas por civiles de impecable trayectoria democrática.

Si el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza,  no puede dar pruebas fehacientes de la versión del Gobierno, la que hasta ahora parece más una  coartada, debe asumir la responsabilidad de lo ocurrido, renunciando al cargo, si no quiere convertirse en cómplice de prácticas inaceptables, echando por tierra su trayectoria democrática.

El Instituto de Defensa Legal es una voz desde la sociedad civil, independiente de los partidos políticos, abierta a las opiniones plurales de muchos, que trata de combinar capacidad de propuesta con la más exigente fiscalización a los responsables de los asuntos públicos.