0
Compartir

A un año de Conga y cuatro del Baguazo no hay lecciones aprendidas

PREOCUPAN MEDIDAS PARA AGILIZAR INVERSIONES EN EL PERÚ

  • Sociedad civil explica que no hay tal escenario internacional negativo y denuncia ofensiva de sectores corporativos y del gobierno que magnifican esta imagen.

  • Asimismo, denuncia que argumentos son usados para justificar medidas del Gobierno para agilizar las inversiones desprotegiendo el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y prácticamente eliminando el mecanismo de consulta previa.

  • Hay una cartera de proyectos mineros por 56 mil millones de dólares aproximadamente, en el peor escenario el Perú tiene asegurado casi 19 mil millones de dólares de inversión minera.

Lima, 04 de julio de 2013.- En Conferencia de Prensa, el Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, RedGe, Instituto de Defensa Legal, CooperAcción y Propuesta Ciudadana informaron a la opinión pública que el Gobierno alarma de manera tendenciosa, cuando afirma que el Perú va a verse afectado en el escenario internacional negativo por la caída de los precios del cobre y el oro.

Javier La Rosa, Emma Gómez, Carlos Monge y Miguel Jugo.

Denunciaron que estos argumentos están siendo usados para justificar las medidas que el Ejecutivo dictó en el mes de mayo para promover las inversiones en el Perú -a través de los decretos supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM- desprotegiendo el medio ambiente, el patrimonio arqueológico y prácticamente eliminando el mecanismo de consulta previa.

La realidad demuestra que esta caída no va a significar una parálisis de las inversiones en nuestro país, ni va a poner en peligro todo el paquete de inversiones mineras proyectado para estos años. En la actualidad hay una cartera de proyectos mineros por un valor de aproximadamente 56 mil millones de dólares, de los cuales se ha señalado que en el peor escenario están asegurados casi 19 mil millones de dólares de inversión minera.

“No hay una parálisis de la inversión minera… lo que hay es una pequeña caída de los precios, lo que puede tener una retracción, pero aún así tendríamos 50% más de inversión que con el gobierno de Alan García”, señaló Carlos Monge, investigador de DESCO.

Preocupa entonces que se estén flexibilizando los mecanismos de control y protección ambiental, ya que en casos como Tía María y Conga se ha evidenciado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son instrumentos muy débiles, que no permiten medir impactos acumulativos.

A la problemática por la deficiencia de los EIA y a la limitación de falta de personal en el sector para revisar los EIA adecuadamente, se le están sumando estas nuevas medidas que reducen plazos y  establecen sanciones para los funcionarios que no emitan su opinión técnica en un determinado plazo; abriendo así un escenario de coacción que pone en peligro la rigurosidad de estas evaluaciones.

De otro lado, se está reduciendo el plazo para la obtención del CIRA (certificado de inexistencia de restos arqueológicos) sin considerar el tiempo razonable que supone recoger y verificar información, con un riesgo tremendo para nuestro patrimonio cultural.

“Hay sanción a funcionarios públicos que traban los procesos de inversión minera… es decir, que un funcionario que tiene como rol evaluar la inversión minera puede ser sancionado por poner una traba irrazonable… ¿pero qué es irrazonable?”, apuntó Emma Gómez, de CooperAcción.

Paralelamente, se viene desnaturalizando la aplicación del mecanismo de consulta previa,  primero, con la negativa gubernamental de publicar la Base de Datos para saber a quiénes se consideran pueblos indígenas, dejando esta decisión a la discrecionalidad de funcionarios del sector Cultura.

Estos retrocesos del Gobierno en la Gestión Ambiental y en la Consulta Previa para favorecer las inversiones, subestiman la capacidad de las poblaciones para hacer valer sus derechos, afectan la gobernabilidad del país y no crean las mejores condiciones para asegurar inversiones sostenibles en el tiempo, respetando equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales.

“Está abierta la posibilidad de impugnar estos decretos que ponen en peligro el medio ambiente y nuestro patrimonio cultural”, aclaró Javier La Rosa, del Instituto de Defensa Legal.

Miguel Jugo, secretario adjunto de la CNDDHH, concluyó que “a un año de los lamentables sucesos de Conga se viene advirtiendo medidas que afectarían a diversos sectores de la población… acá hay una situación de bastante riesgo… pero se trata de dar una respuesta desde la institucionalidad democrática”.

Acceda al pronunciamiento público.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Para mayor información y coordinar entrevistas comunicarse con Roxana Rodríguez al correo comunicacionesredge@redge.org.pe o a los teléfonos 4612223 / 4613864 anexo 27 o al móvil 994-903-770.