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Compartimos pronunciamiento de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Perú debe modificar el proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor o Defensora del Pueblo si quiere garantizar la idoneidad e independencia de estas instituciones

El Tribunal Constitucional, como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad es fundamental para la realización y salvaguardia del Estado de Derecho. Por ello, resulta indispensable que goce de plena independencia y efectiva autonomía en relación con el resto de los poderes del Estado a fin de evitar que se convierta en un instrumento al servicio del gobierno de turno. Esto también es indispensable respecto de la Defensoría del Pueblo, cuyo rol es fundamental para la defensa, respeto y vigencia de los derechos humanos.

La idoneidad e independencia de tales instancias depende en gran medida de un adecuado proceso de nombramiento. Es por ello que aunque los Estados tienen la libertad de establecer el procedimiento de selección tanto de los miembros del Tribunal Constitucional como del Defensor o Defensora del Pueblo, éste debe respetar los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos orientados a garantizar una independencia real de estos órganos. En ese sentido, es necesario que los procesos de selección de sus titulares sean claros, estén sujetos al escrutinio público y estén basados en criterios objetivos, que consideren la integridad, idoneidad y formación profesional necesaria para el cargo.

Las organizaciones firmantes notan con preocupación que la Constitución peruana otorga al Congreso Nacional la facultad de nombrar tanto a los miembros del Tribunal Constitucional como al Defensor o Defensora del Pueblo, sin que ni ella ni las leyes establezcan criterios objetivos que permitan valorar los méritos personales y profesionales de los candidatos o candidatas propuestos para dichos cargos, lo cual comporta el riesgo de una politización del procedimiento de designación. Este riesgo se concretó en la reciente designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y de la nueva titular de la Defensoría del Pueblo, lo que originó una ejemplar y aleccionadora movilización social en rechazo de tales designaciones y produjo una crisis política en el país, que a la fecha parece haber encontrado cauces de solución.

Sobre la base de la experiencia comparada e internacional, consideramos que un proceso de selección de tan altas autoridades, respetuoso de los estándares internacionales, debería tener en cuenta, al menos, lo siguiente:

  • El perfil del Magistrado o Magistrada del Tribunal Constitucional así como el del o de la titular de la Defensoría del Pueblo debe ser claro y estar previamente establecido. Este debe fijar los requisitos necesarios para ocupar tan altos cargos y establecer criterios objetivos de evaluación;
  • El proceso de selección debe estar claramente definido, así como las responsabilidades de cada actor que participa en el mismo, y debe ser transparente en todas sus etapas, de manera que se permita el conocimiento y escrutinio públicos;
  • El proceso debe incluir una fase que permita recibir, investigar y evaluar eventuales observaciones sobre las candidatas y/o los candidatos presentados por los distintos actores sociales;
  • El proceso debe contemplar la realización de audiencias públicas con los candidatos para que sean conocidos por la ciudadanía y para la evaluación de sus capacidades.

Las organizaciones firmantes recomendamos muy respetuosamente a las autoridades del Estado peruano que tomen en consideración los argumentos y criterios expresados, a fin de garantizar la independencia requerida para el correcto actuar del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo; y asuman el compromiso de adecuar su ordenamiento jurídico interno a las exigencias de un proceso de selección fundamentado en criterios objetivos, que permitan valorar los méritos personales y profesionales de las candidatas y/o los candidatos a conformar estas instituciones, y garantizar su autonomía e idoneidad.

Washington DC, 23 de julio de 2013

Katya Salazar
Directora Ejecutiva DPLF
E-mail: Ksalazar@dplf.org
Tel: (202) 462 7701

Jo-Marie Burt
Asesora Principal WOLA
E-mail: jmburt.wola@gmail.com
Tel: (703) 946 9714

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