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En conferencia de prensa, Mario Huamán (secretario general de la CGTP), Rocío Silva Santisteban (secretaria ejecutiva de la CNDDHH), José Saldaña (representante del Movimiento #TomaLaCalle), José Alfredo Madueño (Colectivo Lolo Fernández), Cruz Silva (abogada del IDL), Winston Huamán (secretario general de la CGTE) y Miguel Picatoste (detenido el 27 de julio) denunciaron la represión policial y el uso abusivo de la fuerza en las últimas movilizaciones en la capital, en un contexto nacional de criminalización de la protesta.

De izquierda a derecha: Rocío Silva Santisteban, Miguel Picatoste, Mario Huamán, Cruz Silva, José Alfredo Madueño, José Saldaña y Winston Huamán.

El informe elaborado por la CNDDHH resume los siguientes puntos:

  1. La interposición de una denuncia preventiva contra Mario Huamán, por el simple hecho de convocar su organización a la marcha del 27 de julio, constituye una forma de hostigamiento incompatible con los principios de un régimen democrático.
  2. Que resulta también contraria a la Constitución y a los derechos fundamentales la negativa del Ministerio del Interior a otorgar garantías a la marcha del 27 bajo la excusa  totalmente arbitraria  y etérea de que ésta movilización “contrapondrá el sentimiento cívico frente a los intereses gremiales” por darse en fecha cercana a Fiestas Patrias.
  3. Aunque no se llegó al nivel de utilizar armas letales contra los manifestantes -como viene siendo habitual en provincias- se han recabado numerosos testimonios, fotografías y videos que evidencian que la policía usó la fuerza de manera injustificada, desproporcionada e indiscriminada, poniendo en riesgo no solo la integridad de las personas que se manifestaban pacíficamente, sino también de transeúntes, inclusive niños y ancianos, que nada tenían que ver con las movilizaciones.
  4. El día 27 en la noche, un alto mando policial dio declaraciones en medios atribuyendo los actos de provocación que desataron el uso de la fuerza policial a los integrantes de la organización social “Colectivo Lolo Fernández”.  Las fotografías, videos y declaraciones que hemos podido recabar contradicen claramente tal aseveración, por lo que el mencionado mando policial habría vulnerado el derecho al honor del “Colectivo Lolo Fernández” y debería retractarse públicamente.
  5. Durante los días 22 y 27 se realizaron un total de 31 detenciones. En la mayor parte de los casos se trató de detenciones arbitrarias, ya que las personas afectadas solo estaban protestando pacíficamente, bailando, cantando, o exhibiendo carteles con lemas alusivos a las razones de la movilización. Debemos recordar que la policía solo está autorizada a detener cuando existe un mandato judicial o cuando el detenido es sorprendido en flagrante delito; protestar pacíficamente constituye un derecho y no una acción delictiva.
  6. Se han recabado declaraciones y material gráfico que evidencian el carácter injustificadamente violento de varias de las detenciones llevadas a cabo los días 22 y 27.

No podemos perder de vista que esto no se trata de algo nuevo sino de un modus operandi de la Policía Nacional del Perú para controlar movilizaciones sociales, situación que ha llevado en este gobierno a producir la muerte de 27 personas, incluidos menores de edad.

2 de agosto del 2013.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.