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Cientos de deudos y víctimas llegaron hasta la capital para reclamar mayor atención del gobierno. Estuvieron en ‘El Ojo que Llora’, en el municipio de Lima y en el Congreso de la República.

La escultura ‘El Ojo que Llora’ los juntó ayer: a los asesinados por Sendero Luminoso a machetazos en Lucanamarca, a Pedro Huilca, baleado vilmente por los agentes del Grupo Colina, a los masacrados por militares en Raccaya, a los miles de policías y militares ejecutados por Sendero, y a los miles de desaparecidos. Sus rostros aparecieron en la memoria de las casi mil personas que se reunieron alrededor de la escultura y que, al igual que la piedra de la cual brota agua, derramaron lágrimas. Se reunieron alrededor de ‘El Ojo que Llora’ para recordar a los que ya no están, pero están. Una de los presentes es Mercedes Leiva Gálvez, quien busca a su esposo Modesto Huamaní Cosinga desde el 17 de marzo de 1990, cuando los militares se lo llevaron de su casa en la comunidad huancavelicana de Carcosi, dejando sin padre a diez niños.

PARA NO OLVIDARLOS

Han pasado diez años desde la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El 28 de agosto del 2003 el presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres, y los miembros de ese grupo de trabajo presentaron los nueve tomos de este documento ante el presidente Alejandro Toledo. Desde entonces las historias de dolor perduran, las heridas no han cerrado y tampoco se ha logrado la reconciliación nacional aunque la construcción de la memoria se mantiene vigente. En la víspera, deudos de las víctimas del conflicto interno que azotó al país entre 1980-2000 llegaron desde diversos rincones del país al monumento ‘El Ojo que Llora’, en Jesús María.

Desde ese lugar, un grupo se dirigió a la Municipalidad de Lima, donde se realizó una sesión solemne en la que se entregó la Orden de Mérito Municipal en el Grado de Gran Cruz a Angélica Mendoza de Ascarza, conocida cariñosamente como ‘Mamá Angélica’, una mujer que viene luchando desde hace 30 años para encontrar a su hijo desaparecido en los primeros años del terrorismo. Los presentes se pusieron de pie ante la madre símbolo de las víctimas del terrorismo, mientras la alcaldesa Susana Villarán le otorgaba el reconocimiento. Los aplausos fueron interminables; entre los invitados se encontraban regidores, ex miembros de la CVR, monseñor Luis Bambarén, y otras autoridades.

“Nunca sabemos dónde están los restos de tantos desaparecidos, pero hemos recibido ayuda. Por eso agradezco a las autoridades en la capital, porque en Ayacucho no encontramos apoyo”, manifestó Angélica Mendoza.

Con más de 80 años de edad, ‘Mama Angélica’, madre de ocho hijos, se ha convertido en uno de los tantos ejemplos de fortaleza que dejó este doloroso conflicto. La noche del 2 de julio de 1983 su vida cambió completamente: efectivos del cuartel Los Cabitos, en Ayacucho, entraron a su casa y arrancaron a su hijo Arquímedes de sus brazos.

A la mañana siguiente acudió al cuartel y ahí comenzó su calvario. Hasta hoy no sabe dónde está. Pero no pierde las esperanzas. Ella y otros deudos fundaron la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), que el próximo 2 de setiembre cumplirá 30 años de existencia.

RECOMENDACIONES

El informe de la CVR causó un fuerte impacto en la opinión pública, y aún hoy genera debate y polémica en diversos sectores de la sociedad, al establecer que durante 20 años la cifra de víctimas suma 69,280, cuando hasta antes de su presentación los balances oficiales señalaban hasta unas 25.000 víctimas.

El ex presidente de la CVR Salomón Lerner Febres también recibió la Orden de Gran Cruz del municipio metropolitano. Con el lema “Nunca olvidamos, nunca callamos” Lerner Febres inició su discurso, tras recibir este reconocimiento, reafirmando su compromiso para que haya más avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión. “Diez años después de este informe es mucho lo que se ha logrado en la preservación de la memoria. Al aceptar esta medalla, reitero el compromiso asumido hace ya doce años. Hoy me permito solicitar que se unan en esta tarea de preservar esta memoria”, expresó.

Uno de los grandes temas pendientes –dijo Lerner Febres– es el caso de las víctimas desaparecidas donde “se ha avanzado poquísimo, es un tema con una carga muy fuerte” sobre la labor del Estado peruano para ubicar a los más de 13,000 desaparecidos que se presume estarían sepultados clandestinamente en unas 4,000 fosas comunes.

A su turno, Villarán se comprometió a que antes de dejar la alcaldía de Lima todas las escuelas tengan una copia del informe. “La impunidad no es compatible con la democracia, (…) por ello tenemos que identificar a los responsables para alcanzar la reconciliación, determinar las sanciones a los mismos resulta imprescindible, esclarecer la verdad es necesaria, así como reparar a todas las víctimas sin distinción. Es un deber moral impostergable”, señaló.

VISITA AL CONGRESO

Mientras un grupo recibía el homenaje de la Municipalidad de Lima, una delegación de deudos llegó hasta el Congreso de la República, donde se reunieron con el presidente Fredy Otárola, ante quien reiteraron su pedido para un pronto cumplimiento del plan de reparaciones económicas, en educación, en salud y en vivienda.

Momentos antes, la delegación fue recibida por los congresistas José Urquizo Maggia y Jhon Reynaga Soto, en cuya reunión solicitaron que se declare todos los 28 de agosto como el ‘Día Nacional de las Víctimas de la Violencia’.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia, José Sayán, afirmó que ello servirá para que todos los peruanos recuerden ese día los episodios nefastos de nuestra historia nacional reciente.

CEREMONIA DE RECUERDO

En la tarde, cientos de deudos de las víctimas volvieron a ‘El Ojo que Llora’ para la ceremonia conmemorativa. Muchos habían llegado con sus vestimentas típicas desde pueblos alejados de Ayacucho, Huancavelica o Cusco. En total fueron delegaciones de 18 regiones del interior del país unidas por el mismo dolor.

En el lugar, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, lamentó la ausencia de representantes del Ejecutivo y reiteró el pedido para que el Estado repare a todos los deudos.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recalcó que su institución seguirá luchando para que el Estado cumpla con las reparaciones. Indicó que el gobierno ha avanzado en las reparaciones colectivas del 33% de las víctimas, lo que representarían cerca de 29 mil víctimas.

No obstante, resaltó que respecto a la búsqueda de desaparecidos “no tenemos un plan de investigaciones” que permita la recuperación de estos restos y de entrega que tenga “un sentido más humanitario”.

En el acto también se hicieron presentes los representantes de los deudos, quienes, en castellano y quechua, pidieron que el gobierno cumpla con atenderlos.

La demanda era de todos pese a que el viceministro de Justicia, José Ávila, recordara en la mañana que el gobierno invirtió más de 160 millones de soles para las reparaciones. “Hasta el momento, son 29 mil 392 beneficiarios; cada lista tuvo diferentes cantidades. Las listas 1 y 2, gestionadas en el gobierno de Alan García, fueron de 5 millones de soles, mientras que de la 3 a la 9 durante el mandato del presidente Ollanta Humala”, apuntó el viceministro José Ávila.

Culminada la ceremonia en ‘El Ojo que Llora’, los deudos iniciaron una marcha hasta la Plaza San Martín, en donde la municipalidad de Lima rindió un homenaje. Con antorchas en forma de cruz y con el canto de Manuelcha Prado recordando los nombres de los desaparecidos, todos ingresaron a la plaza. Ayer, en esa plaza estuvieron presentes las 69 mil almas que registró la CVR. No faltó ninguna.

TESTIMONIO

Alfredo García. El 4 de setiembre de 1983 los terroristas llegaron a mi casa, en la comunidad campesina de Raccay, en Canarias, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho. En eso buscaron a mi papá Gonzalo García Aroquinco, que tenía 52 años; éramos cinco hermanos y yo estudiaba en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Los terroristas obligaban a todos a reunirse en la plaza para que les hablen, pero mi papá no les quiso hacer caso. Él había sido juez y gobernador. Los terroristas se amargaron y lo sacaron a la fuerza y lo mataron a pedradas delante de mi mamá y mis hermanos, a pesar de que les pedimos que no lo hagan. Solo me enteré de su muerte después de veinte días, porque en esos años la comunicación era difícil. Todos tuvimos miedo a los terroristas, pero también al Ejército. Por eso nos vinimos a Lima, dejamos nuestra casa, animales y chacra. Después, cuando los terroristas volvieron, incendiaron todas nuestras cosas.

Fuente: La República


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