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Informe sobre vulneraciones de derechos fundamentales durante las protestas sociales desarrolladas en Lima los días 17, 22 y 27 de julio del 2013.

TENEMOS DERECHO A PROTESTAR

Conclusiones preliminares

El día de hoy viernes 2 de agosto la CNDDHH junto con la CGTP, la CITE, la UNAC, la CTC, el colectivo #Tomalacalle, la asociación Lolo Fernández, los abogados del IDL y Fernando Miguel Picatoste, detenido en la última manifestación del 27 de julio, realizamos una conferencia de prensa para denunciar a la opinión pública el uso desmesurado de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú en las últimas tres movilizaciones ciudadanas. Consideramos que esta forma de controlar las movilizaciones ciudadanas forma parte de la política de criminalización de la protesta que ha producido la muerte de 27 personas durante el actual gobierno.

El área de derechos sociales de la CNDDHH ha preparado el siguiente informe sobre vulneración de derechos fundamentales durante las recientes tres manifestaciones en Lima. En este informe queremos destacar las siguientes CONCLUSIONES PRELIMINARES:

1.    La interposición de una denuncia preventiva contra el Secretario General de la Confederación general de Trabajadores, Mario Huamán, por el simple hecho de convocar su organización a la marcha del 27 de julio constituye una forma de hostigamiento incompatible con los principios de un régimen democrático.

2.    Que resulta también contraria a la Constitución y a los derechos fundamentales la negativa del Ministerio del Interior a otorgar garantías a la marcha del 27 bajo la excusa  totalmente arbitraria  y etérea de que ésta movilización “contrapondrá el sentimiento cívico frente a los intereses gremiales” por darse en fecha cercana a Fiestas Patrias.

3.    Aunque no se llegó al nivel de utilizar armas letales contra los manifestantes- como viene siendo habitual en provincias- se han recabado numerosos testimonios, fotografías y videos que evidencian que la policía usó la fuerza de manera injustificada, desproporcionada e indiscriminada, poniendo en riesgo no solo la integridad de las personas que se manifestaban pacíficamente, sino también de transeúntes, inclusive niños y ancianos, que nada tenían que ver con las movilizaciones.

4.    El día 27 un grupo de personas aparentemente vinculadas con el partido aprista realizaron acciones de violencia que llevaron a la policía a hacer uso del material antidisturbios. Tal accionar por parte de los simpatizantes apristas no solo transgredió los límites de la libertad de reunión, sino que puso irresponsablemente en riesgo a los otros manifestantes.

5.    El día 27 en la noche un alto mando policial dio declaraciones en medios atribuyendo los actos de provocación que desataron el uso de la fuerza policial a los integrantes de la organización social “Colectivo Lolo Fernández”.  Las fotografías, videos y declaraciones que hemos podido recabar contradicen claramente tal aseveración, por lo que el mencionado mando policial habría vulnerado el derecho al honor del “Colectivo Lolo Fernández” y debería retractarse públicamente.

6.    Durante los días 22 y 27 se realizaron un total de 31 detenciones. En la mayor parte de los casos se trató de detenciones arbitrarias, ya que las personas afectadas solo estaban protestando pacíficamente, bailando, cantando, o exhibiendo carteles con lemas alusivos a las razones de la movilización. Debemos recordar que la policía solo está autorizada a detener cuando existe un mandato judicial o cuando el detenido es sorprendido en flagrante delito; protestar pacíficamente constituye un derecho y no una acción delictiva.

7.    Se han recabado declaraciones y material gráfico que evidencian el carácter injustificadamente violento de varias de las detenciones llevadas a cabo los días 22 y 27.

Por todo lo expuesto, le pedimos al Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que responda por todas estas situaciones de vulneración de derechos de la ciudadanía que, en su justo desarrollo de la libertad de expresar su malestar e indignación, sale a las calles a movilizarse por reclamos que considera justos.

Lima, 2 de agosto del 2013

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