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CNDDHH saluda sentencia de la Sala Penal Nacional en el caso de la desaparición de Rubén Villanueva Toro en Huancavelica

La CNDDHH, en representación de 81 organizaciones que promueven y defienden los derechos fundamentales, saluda la decisión en mayoría de los magistrados Marco Cerna Bazán y María Vidal La Rosa Sánchez, quienes condenaron a 15 años de pena privativa de libertad a los miembros del Ejército peruano, Carlos Paz Figueroa y Yorvil Távara Olea, por la detención y desaparición del profesor Villanueva Toro.

La sentencia demuestra que el 25 de marzo de 1990 el profesor Villanueva Toro fue detenido por elementos  militares en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Lircay por no contar con Libreta Electoral y conducido a la Base Militar de la  localidad. Su hermano Wilber Villanueva llevó hasta la misma Base el documento de identidad del profesor, pero terminó también detenido. Otros familiares acudieron al Fiscal Mixto de Angaraes,  y este se apersonó a la base militar. Allí, fue recibido por el entonces capitán EP Carlos Paz Figueroa, quien se hacía llamar “Arturo Rojas Vera” y por el entonces Sub Teniente Yorvil Távara Olea o “Jorge Delgado Granados”. El mencionado capitán reconoció la detención de los hermanos Villanueva Toro, pero le dijo que el profesor Rubén Villanueva había sido puesto en libertad y que su hermano Wilber Villanueva había sido entregado a la Policía Nacional.

Wilber Villanueva Toro,  había sido puesto a disposición de la Policía Nacional, pero luego de ser sometido a severos maltratos físicos (hecho acreditado con un certificado médico), pero el profesor Rubén Villanueva Toro jamás había sido puesto en libertad.

La sentencia declara y reafirma al señalar que este delito se materializa tras la privación de la libertad y la subsecuente negativa a informar sobre el paradero de la víctima. Es importante destacar que la propia sentencia establece que ese deber de información no solo se cumple cuando alguno de los interesados solicita información, sino que también se incurre en esa omisión cuando el oficial simplemente no informa sobre el paradero de la víctima. La sentencia dice que no es necesario que el funcionario sea requerido para que dé la información: el hecho ya de la privación de la libertad genera un estado de deber de garante en el funcionario público y, en consecuencia, per se, tiene la obligación de dar la información y para ello no es necesario ser requerido.

Los jueces en mayoría indicaron que basaron su decisión de condenar a los acusados en base a los testimonios de los testigos, que mantuvieron un hilo conductor que sirvió para reconstruir el hecho y determinar la responsabilidad de los acusados.

Es importante recalcar que los magistrados Vidal y Cerna han dado valor probatorio a los testimonios de los testigos, varios de ellos familiares de las víctimas, así como de los testigos oculares de los hechos. Eso va de acuerdo con la jurisprudencia internacional que reconoce que en casos complejos como son los casos de graves violaciones de derechos humanos, el trauma sufrido por la víctima, así como el paso del tiempo, puede hacer variar la memoria del hecho traumático, pero la esencia del mismo se mantiene intacta y coherente.

La CNDDHH señala que el delito de desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad; durante los años 1987, 1988 y 1989, el Perú fue declarado por las Naciones Unidas como el país donde se producían la mayor cantidad de casos en el mundo. Precisamente, fue en Huancavelica, donde hay un número importante de casos. Queremos resaltar que esta es la primera condena para casos de desaparición forzada que provienen de esta región.  Demandamos que la Corte Suprema ratifique  la sentencia, además de ordenar que se continúe con la ubicación del cuerpo del profesor Villanueva.

De acuerdo a cifras recientes, hay más de 15 000 casos de detenidos y desaparecidos, y es necesario que el Estado se proponga ubicar los cuerpos de todas estas personas por razones humanitarias. Por ello, es imprescindible la creación e implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya iniciativa ha sido respaldada por instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Conferencia Episcopal Peruana y el Concejo Evangélico.

Recordamos que el dirigente campesino y activista de derechos humanos Ángel Escobar Jurado fue desaparecido por miembros del Ejército también en la ciudad de Huancavelica, en febrero de 1990. Hasta hoy no se conoce su paradero.

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