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Infatigable lucha por justicia de Raida Condor, madre de Armando Amaro Cóndor.

Luego de 21 años, se hizo justicia. La Sala Penal Nacional condenó a 22 años de prisión a 3 integrantes del grupo Colina: Ángel Arturo Pino Díaz, Juan Orestes Vargas Ochochoque y Cesar Héctor Alvarado Salinas, por el homicidio calificado en agravio de Bertila Lozado y Luis Enrique Ortiz Perea y por desaparición forzada en agravio de  Armando Amaro Condor, Dora Oyague, Juan Mariño, Heraclides Pablo Meza, Robert Teodoro Espinoza, Felipe Flores, Marcelino Rosales y Hugo Muñoz,  estudiantes y el profesor de la Universidad Guzmán y Valle – la Cantuta, ocurrido el 18 de julio de 1992.

La sentencia señaló que está probado que los hoy sentenciados, integraron el destacamento Colina y que participaron en el crimen. Esto se probó en base a los testimonios de ex integrantes de dicho destacamento tales como Pablo Andrés Atuncar Cama, Hércules Gómez Casanova, Jorge Ortiz Mantas y otros testimonios los mismos que han sido uniformes, coherentes y generaron certeza sobre la responsabilidad de los hoy sentenciados. Asimismo, dichos testimonios fueron corroborados con  documentos aportados durante el juicio oral por la Fiscalía  Superior a cargo del caso.

La doctora Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, representante legal de los familiares de las víctimas saludó la decisión de los magistrado. “los tres condenados afirmaban no conocer los hechos y ser inocentes, a pesar que las pruebas señalaban lo contrario. Saludamos la decisión de los magistrados pero queda pendiente la sanción para Vladimiro Montesinos, Martín Rivas, Rivera Lazo y Pichilingue Guevara por los mismos hechos. Exigimos que la justicia sea completa y que las autoridades busquen los restos que aún no se han recuperado”

Los magistrados reservaron el proceso para Aldo Albert Velásquez Asencio, por encontrarse prófugo de la justicia. Los sentenciados interpusieron recurso de nulidad.

Para no olvidar:

El 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), entre ellos, Santiago Martín Rivas y otros integrantes del denominado Grupo Colina- irrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, donde detuvieron a 9 estudiantes  y un profesor. Luego de su detención fueron conducidos al Km. 1.5 de la autopista Ramiro Priale, donde fueron ejecutados y enterrados clandestinamente.

Posteriormente, y a raíz de una denuncia pública formulada por el congresista Henry Pease, los autores materiales del asesinato procedieron a desenterrar los cuerpos, incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas, ubicadas en Cieneguilla.

Fuente: Aprodeh


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