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CNDDHH saluda sentencia que hace justicia con la familia de Santiago Antezana Cueto

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de 81 organizaciones que promueven los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas, saluda la sentencia, dada por la Sala Penal Nacional (el Colegiado B), que hace justicia con la familia del señor Santiago Antezana Cueto, quien fuera detenido y desaparecido en abril de 1984, en el anexo de Manyacc, provincia huancavelicana de Acobamba.

La denuncia señala que Antezana Cueto fue detenido por un grupo de ronderos del lugar y entregado a militares de la base de Acobamba; nunca más se supo de su paradero. La Sala Penal Nacional condenó por mayoría al Crnl. (r) EP José Antonio Esquivel Mora (63) a 15 años de prisión. Destacamos que dos de los tres magistrados del Colegiado tomaron en cuenta todas las pruebas y acusaciones interpuestas por la Fiscalía y la defensa de la víctima, asumida por la Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH, por medio de la doctora Carla Oliva.

A lo largo del proceso, se comprobó que Antezana sí fue recluido en el cuartel de Acobamba, que Esquivel Mora (también conocido como “Escorpión”) era jefe del recinto en cuestión, que el delito por el que se le acusa se trata efectivamente de “desaparición forzada”, y que el acusado participó en la desaparición como “autor mediato”, es decir, que los ejecutores materiales de la desaparición de Antezana respondían a sus órdenes.

Se resolvió, asimismo, el pago de reparación civil de 50 mil soles a la esposa de Antezana, la señora Rosa Carcausto Paco, y 6 mil soles a los familiares directos de la víctima. Al no presentarse Esquivel a la lectura de sentencia, se ordenó su inmediata captura e impedimento de salida del país.

Desde la CNDDHH esperamos que esta sentencia, que llega 29 años después de ocurridos los hechos, sea confirmada por la Corte Suprema, y el condenado Esquivel Mora aprehendido lo más pronto posible. Sin embargo, resaltamos que los restos mortales del señor Antezana Cueto todavía no han sido encontrados, y que el derecho a un entierro digno es un elemento fundamental de la justicia, por lo que la Sala debería obligar a los condenados a revelar la ubicación de los restos de sus víctimas.

Dato: En el Perú son más de 16 mil desaparecidos como consecuencia del conflicto armado interno 1980-2000.

Acceda a más información sobre el caso.

Lima, 17 de diciembre del 2013