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CNDDHH rechaza el archivamiento del caso Esterilizaciones Forzadas
Víctimas podrían quedar sin alcanzar justicia

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en representación de las 81 organizaciones que conforman esta institución, rechazamos que el Ministerio Público haya archivado las investigaciones del caso de las esterilizaciones forzadas y no formalice la denuncia penal contra Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong, porque consideramos que hay indicios suficientes sobre su responsabilidad y el archivamiento implicaría un grave retroceso para la búsqueda de justicia de miles de mujeres peruanas que podría terminar en impunidad.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, parte de la política pública de control de la natalidad, se centró en las AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria), que en tanto se exigieron una serie de metas a los agentes de salud, la campaña “voluntaria” se convirtió en una búsqueda de mujeres a ser esterilizadas de manera forzada, contra su voluntad, y muchas veces, con información insuficientes o totalmente engañosa.

La campaña de esterilizaciones durante el régimen de Alberto Fujimori se enfocó principalmente en mujeres de zonas rurales, se operó sin consentimiento a miles de mujeres pobres o engañándolas con supuestas vacunas, así como condicionándolas con los beneficios sociales. Este hecho es considerado como una violación a los derechos humanos de miles de mujeres peruanas incluso en el art. 11 del acuerdo amistoso entre el Estado peruano y DEMUS-CLADEM en el marco del SIDH. En este acuerdo el propio Estado se compromete a investigar no solo a los actores inmediatos de la muerte de Mamérita Mestanza (caso emblemático de esterelización forzada con muerte subsecuente) sino a los responsables de las políticas públicas que permitieron esa afrenta contra la dignidad de todas estas peruanas y peruanos.

Finalmente señalamos que el tema no está cerrado. El Instituto de Defensa Legal – IDL, DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la propia Procuraduría Anticorrupción presentaron ayer martes un recurso de queja con la finalidad de que un fiscal superior revise el caso y se incluya a los responsables políticos y operadores en la acusación.

Exigimos justicia para todas aquellas mujeres peruanas comprendidas en este caso que hoy puede quedar impune.

Rocío Silva Santisteban Manrique

Secretaría Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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