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PRONUNCIAMIENTO
Fiscal archiva caso a pesar de aceptar que hubo homicidio
Cuatro fueron los muertos en Celendín en julio del 2012 por represión de las fuerzas del orden

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo ha dispuesto improcedente formalizar y continuar la investigación preparatoria en el caso de las cuatro muertes en Celendín el 3 de julio de 2012, a pesar de reconocer la figura de homicidio doloso. Recordamos que los ciudadanos Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, Joselito Sánchez Huamán y a César Medina Aguilar, este último menor de edad, perdieron la vida tras la intervención de las fuerzas del orden en el marco de las movilizaciones en protesta del Proyecto Minero Conga.

En la resolución fiscal, con fecha 7 de enero de 2014, se afirma que “existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso”, pero que “no se ha podido realizar diligencias de las que se puedan extraer elementos de convicción o indicios que permitan identificar a los miembros del Ejército peruano que hayan sido los autores de los disparos…”. Es sorprendente que la fiscalía, tras reconocer indicios contundentes de la figura de homicidio, decida archivar el caso así como una ulterior investigación bajo la excusa de no haber investigado lo suficiente. En esta línea, la resolución reconoce no haber podido realizar los exámenes de balística oportunos para identificar tanto el arma de fuego como a su portador, ni haber obtenido los documentos del Ejército peruano que permitirían identificar a los responsables directos. Más aún, la investigación deja de lado por completo la figura de la autoría mediata en relación a la cadena de mando.

Cabe resaltar que la fiscalía reconoce que la muerte del menor César Medina habría sido causada por un proyectil disparado desde uno de los helicópteros que sobrevoló en la ciudad durante los disturbios, corroborando lo que han afirmado varios testigos, pero no dispone que las investigaciones continúen en este punto.

Consideramos equívoca la decisión de no querer investigar el nivel de represión policial y militar que ha ocasionado la muerte de cuatro civiles desarmados (como reconoce la misma fiscalía), decisión que añade a una situación de impunidad en este gobierno, que tan solo en los últimos dos años y medio ya ha cobrado 34 vidas (según data de la Defensoría del Pueblo).

A su vez reiteramos nuestro llamado a las autoridades a tomar acciones inmediatas para que no sigan muriendo peruanos en los conflictos sociales. Exigimos que se investiguen estos casos, que se sancione a los responsables, y que se repare a las víctimas, entre las que se encuentran heridos en estado de gravedad como Elmer Campos, que requieren costosos procedimientos médicos, así como familiares de personas fallecidas, viudas, que no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que ven en riesgo su bienestar y el de sus familias.

La CNDDHH durante el transcurso del día de hoy miércoles 23 de enero presentará un recurso de queja para que el expediente suba a la Fiscalía Superior de Chiclayo y se pueda evaluar si da mérito a una mayor investigación. Confiamos en la justicia.

Secretaria Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos