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Ante la primera sentencia absolutoria dictada en base a la Ley 30151 (conocida como la ley que da “licencia para matar”), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha solicitado al Ministerio Público elaborar un protocolo que oriente a los fiscales que deben investigar ejecuciones extrajudiciales y lesiones en contextos de protesta social.

Lea la carta enviada al Fiscal de la Nación.

La situación de impunidad es innegable: desde el 2002 hasta la fecha no existe ni una sola sentencia condenatoria por las 139 personas fallecidas en protestas que tiene registradas la CNDDHH. Esta situación de impunidad le ha valido severos cuestionamientos al Perú ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Bajo ninguna circunstancia puede considerarse legal y quedar exento de investigación el uso abusivo de la fuerza que quede fuera de los estándares nacionales e internacionales en la materia. El protocolo serviría para guiar la intervención fiscal dentro del marco jurídico nacional e internacional existente, garantizando el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas.

El protocolo especificaría las diligencias a realizarse en el proceso de investigación, así como el uso permitido de la fuerza pública para el control de disturbios, y las figuras legales para que los fiscales puedan sustentar la responsabilidad de los mandos policiales involucrados en acciones de uso abusivo de la fuerza, incluyendo las figuras de autoría mediata y comisión por omisión (por ejemplo para los casos donde se omite garantizar la provisión de material antidisturbios y equipos protectores para los policías).

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan por la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Desde el 2012 viene impulsando la campaña NI UN MUERTO MÁS, para llamar la atención acerca del alto número de ciudadanos muertos como resultado de la intervención de las fuerzas del orden en conflictos sociales.