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El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, remitió una comunicación al Presidente de la República, Ollanta Humala, en la que invoca a remediar de manera urgente los problemas ambientales y sociales en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (Loreto) vinculados con las actividades de hidrocarburos.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha planteado tres aspectos centrales:

  • Es necesario que el Estado y la empresa Pluspetrol Norte S.A. realicen, de modo urgente, esfuerzos para asegurar la remediación ambiental de las zonas contaminadas.
  • Es importante que el Poder Ejecutivo continúe con la preparación del proceso de consulta previa y convoque a las organizaciones indígenas, a fin de que este instrumento permita alcanzar acuerdos en bien del desarrollo del país y de los pueblos indígenas.
  • La atención de las demandas planteadas por las organizaciones indígenas requiere de plazos razonables para su implementación.

***

A continuación la carta de la Defensoría del Pueblo

«Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático»

OFICIO Nº 043 -2014/DP                                    Lima, 14 de febrero de 2014

Excelentísimo Señor
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
Presente.—

De mi especial consideración:

Es un honor dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme a los graves problemas ambientales y sociales vinculados con las actividades de hidrocarburos en el Lote 1AB, correspondiente a la región Loreto, cuyo contrato de licencia vence en abril del 2015.

Los monitoreos ambientales llevados a cabo en el marco del funcionamiento de la «Comisión Multisectorial encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las comunidades ubicadas en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón» identificaron riesgos significativos para la salud de la población por la presencia de sustancias contaminantes que exceden los parámetros ambientales nacionales. Como resultado de ello, a la fecha se han aprobado planes de emergencia ambiental para atender dicha situación.

No obstante, pese a estos esfuerzos, nos preocupa la demora en implementar las acciones conducentes a descontaminar las zonas afectadas. Así, por ejemplo, aún no se ha aprobado ningún plan de descontaminación de suelos, debido a que está pendiente la aprobación de una guía para su formulación. En ese sentido, me permito compartir con usted la necesidad de que se ejecuten acciones concretas inmediatas para garantizar tal remediación. Ello requiere de la implementación de los instrumentos de gestión ambiental para esta labor, así como la priorización de acciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de compromisos y obligaciones ambientales destinadas a tal fin.

Asimismo es necesario que el Estado y la empresa Pluspetrol Norte S.A. realicen, de modo urgente, esfuerzos para asegurar la remediación ambiental en dichas circunscripciones, a fin de garantizar el derecho de las poblaciones indígenas de las cuencas mencionadas a vivir en un ambiente sano.

Igualmente, me permito señalar que el 28 de agosto del 2012, el Poder Ejecutivo anunció la realización de un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la licitación del Lote 1AB. El mencionado anuncio generó expectativas en los pueblos indígenas de la zona, cuyos derechos podrían verse afectados con esta posible medida administrativa.

Cabe señalar que las organizaciones indígenas vienen demandando resolver, en forma previa, la problemática ambiental y social (titulación de tierras, servicios públicos, indemnización y compensación por el uso de sus tierras), así como que se cumplan los planes de acción de las emergencias ambientales declaradas. Estos planes contienen obligaciones sobre la atención de la salud de la población, el abastecimiento de agua y la inversión para el desarrollo de infraestructura de saneamiento. Estas demandas son justas y atendibles.

Frente a este contexto, consideramos que es necesario restablecer una relación de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los pueblos indígenas de las cuencas señaladas, que contribuya con la generación de confianza en el cumplimiento, por parte del Estado, de los compromisos que asume y del marco jurídico que regula sus actuaciones. Al respecto, le informo que en diferentes reuniones con  dirigentes de las respectivas organizaciones indígenas, les hemos expresado que la atención de sus demandas requiere de plazos razonables para su implementación.

El diálogo es y seguirá siendo, Señor Presidente Constitucional, el mecanismo más efectivo para solucionar los problemas referidos. Es necesario, por tanto, que el Poder Ejecutivo continúe con la preparación de este proceso de consulta previa y convoque a las organizaciones indígenas, a fin de que este instrumento permita alcanzar acuerdos en bien del desarrollo del país y de los pueblos indígenas.

Sin otro particular, agradezco de antemano la gentil atención que usted brindará al presente y aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

EDUARDO VEGA LUNA
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)

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