Huepetuhe

Publicado el 06 mayo 2014 por en blog, Opinión

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Por Rocío Silva Santisteban

La primera vez que escuché hablar de este poblado remoto de la provincia del Manu, en Madre de Dios, fue a una periodista alemana, una de las pocas que han llegado solas y sin “apoyo” de las fuerzas del orden. Huepetuhe (así como La Pampa, Laberinto) junto con La Rinconada (Puno) y Las Lomas (Piura) son los reinos de la minería informal e ilegal. Estas tres zonas de nuestro país han sido descritas como el “Far West” del siglo XXI porque la fiebre del oro deja forados, zonas desérticas, trata de personas, heridos y muertos. No se trata de lugares apartados: todos tienen carreteras; Huepetuhe, por ejemplo, está a tres horas de Puerto Maldonado. Las tres zonas tienen los índices más altos de trata en el Perú: jóvenes mujeres son obligadas a atender a mineros en los bares, espectáculos eróticos o directamente con servicios sexuales. La minería ilegal no solo devasta el medio ambiente sino, además, los cuerpos y la dignidad de muchas mujeres y niñas.

Este solo motivo debería de ser la mejor razón para que el Estado entre a controlar la zona. Pero, al parecer, otras fueron las causas. Desde Lima vimos con interés que el Ejecutivo tomara la decisión de formalizar en serio a la minería informal, controlando la gasolina a cargo de la Sunat, además de nombrar a un alto comisionado, el ex general Daniel Urresti. No obstante, luego de la interdicción de los últimos días de abril en las zonas de Masuko y Huepethue, en la que policías y miembros del ejército han violado los ddhh de población civil, incluso de niños y niñas bombardeando con bombas lacrimógenas colegios o deteniendo a periodistas, además de la muerte de un minero por bala durante la huelga, Américo Laura Pizarro, consideramos que la propuesta de presencia del Estado sigue estando vinculada a una idea autoritaria de orden —rezago del conflicto armado— y una escasa institucionalización.

Como lo ha denunciado el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, las acciones de interdicción (espectaculares quemas de maquinaria) muchas veces han errado destruyendo ¡máquinas de mineros en vías de formalización! ¿Por qué se destruye bienes de capital en Huepetuhe en proceso de legalización y no en La Pampa, donde todos son ilegales? Algunos sostienen que para “sanear” tierras del Lote 76 concedido a las empresas Hunt Oil, Repsol y Plus Petrol, que se superponen a las otras concesiones.

No se puede “quebrar la ley para combatir la informalidad” como dice Gabriel Arriarán en sus artículos en La Mula. Los procesos de interdicción son complejos, caros, peligrosos pero, a su vez, deben de estar organizados respetando los derechos de las personas. Si Daniel Urresti sostiene que el Estado va ahora a invertir 100 millones de soles en programas de desarrollo, ¿por qué no empezaron por eso? Ah, claro, primero hay que sacar la basura y luego invertir en los sobrevivientes, ¿no?

Al control de gasolina debió de adicionarse el control de maquinarias: El Comercio sostuvo hace meses que Ferreyros y Volvo son las principales empresas que fían o dan en leasing maquinaria a los mineros ilegales. La prensa también ha denunciado a las exportadoras de oro que no tienen cómo sostener las toneladas del metal que sacan del país. Ayer Daniel Urresti ha denunciado que los mineros ilegales presentarían candidatos a las elecciones de este año. Francamente esta afirmación da risa: desde hace treinta años los mineros ilegales gobiernan la zona de Huepetuhe; ¿quién ha sido sino su primer alcalde?

Publicado en el diario La República, martes 06/05/2014

 

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