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EL COLECTIVO DE LA RED “YO SOY BAGUA” y los ciudadanos firmantes:

Queremos pronunciarnos por un Perú en el que la vida humana y su dignidad se respeten, en el que la labor del servidor público esté orientada al servicio a  los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción, y a su desarrollo pleno.

Por un Perú en el que todas las voces sean escuchadas, un país en el que las voces de aquellos que históricamente fueron olvidados y discriminados, las poblaciones indígenas, se tomen en cuenta a través de la consulta previa de las políticas y decisiones públicas que los afecten.

Por un Perú en el que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollarse en armonía con el medioambiente y acceder con justicia a sus derechos.

Por un Perú en el que la justicia nos haga reconciliarnos entre peruanos, en el que los responsables de sucesos como el de Bagua, acontecido el 5 de junio del 2009, con el lamentable saldo de 33 personas fallecidas, 1 desaparecido y 200 heridos (80 de ellos por arma de fuego),  sean debidamente procesados y sancionados.

 A través de este pronunciamiento queremos llamar la atención sobre determinadas situaciones que pueden estar perturbando estos derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución:

– Luego de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños, si bien se aprobó la Ley de la Consulta Previa, su cumplimiento aún es mínimo. Invocamos al gobierno a concretar su pronta y correcta aplicación.

-Luego de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños, los conflictos sociales relacionados a temas medioambientales siguen siendo los de mayor importancia, según el  Reporte mensual de la Defensoría del Pueblo (63,5% del total de conflictos registrados en marzo de 2014 – Reporte Nº 121). Y ello se debe a una concepción  sobre el país en la cual la prioridad la tiene la promoción de las inversiones extractivas con las menores restricciones posibles. Se piensa que el único rol del estado al respecto es estar al servicio de la misma. Otras prioridades tales como cuidar que la inversión sea ambientalmente sostenible, que respete los derechos ancestrales de las poblaciones indígenas o que posibilite una justa distribución del resultado del crecimiento económico de la última década parecen haber salido de la agenda pública.

– Luego de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños se abrieron 7 procesos judiciales, de los cuales sólo uno investiga las responsabilidades de las fuerzas policiales que participaron en el operativo, 6 investigan las responsabilidades de ciudadanos mayormente miembros de pueblos indígenas; y ninguno sobre las responsabilidades de los que ordenaron el operativo desde Lima, con armamento de guerra; a sabiendas que los awajun y wampis habían decidido retirarse el 5 de junio a las 10.a.m.

– Uno de esos procesos es el de la Curva del Diablo en el que están encausados 53 personas para quienes se piden penas desproporcionadas que van desde los 6 años hasta cadena perpetua. La fase oral del mismo se iniciará el 14 de mayo en la ciudad de Bagua.  En las 187 páginas del expediente no hay pruebas suficientes que acrediten los 8 delitos que se les imputan. Pero además las pruebas de absorción atómica que se tomaron demuestran que ninguno de ellos hizo uso de arma de fuego. Por la cantidad de implicados se teme que el juicio dure 3 años o más.  Por ello respaldamos plenamente la invocación hecha por la Defensoría del Pueblo para que  se adopten las medidas necesarias que garanticen el debido proceso a los encauzados. Entre sus recomendaciones figura que se cuente con intérpretes de lenguas indígenas y que la sala judicial se dedique solo a este caso, realizando sesiones diarias que permita que el juicio culmine en un plazo razonable. El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, señala que las medidas propuestas “permitirán reducir los costos de transporte, alimentación y alojamiento de un gran número de personas que deberán viajar desde lugares lejanos e inclusive, permanecer en Bagua durante varios días para participar en el proceso”.

-Luego de 5 años de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños los familiares de las víctimas y los heridos, tanto de las fuerzas policiales como de los indígenas y mestizos afectados, aun esperan por justicia.

Exhortamos al Estado y a las autoridades de sus distintos poderes, a realizar una labor que  fortalezca los lazos con los ciudadanos a través de la justicia, el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, los derechos de los pueblos y el desarrollo integral sustentable.