Asháninkas desaparecidos

Publicado el 17 junio 2014 por en blog, Opinión

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Por Rocío Silva Santisteban

La ignorancia y la desinformación son las bases sobre las cuales cierto sector del fujimorismo pretende descalificar a la CVR porque no denunció específicamente la fosa común que aparentemente se había encontrado en una zona denominada con ironía feroz “Saigón”, cerca de San Martín de Pangoa, Satipo, con centenares de cuerpos de indígenas asháninkas masacrados por Sendero Luminoso. La noticia que llegó a través de un reportaje del diario El Comercio señalaba que se trataba “de la fosa clandestina más grande con 800 cuerpos” aunque en la misma nota se decía que “pronto comenzarían las exhumaciones”.

Obviamente la noticia tuvo que ser corregida porque el número mencionado era, a todas luces, totalmente impreciso. Incluso ahora se sabe que solo se ha exhumado un cuerpo en la zona, pero que debido a la investigación de funcionarios del Estado, habrían entre 120 y 160 desaparecidos. Por supuesto que no se sabrá el número exacto hasta que el Instituto de Medicina Legal haga su labor. Sin embargo, queda cada vez mejor demostrada la hipótesis de la CVR con el encuentro de esta fosa y varias otras fosas más al decir de la población local, así como de masacres como la de Soras, en Ayacucho, es decir, que el número de muertos que produjo Sendero Luminoso fue más alto del que produjeron las FFAA y las FFPP en conjunto, incluso con las armas de guerra y los planes y operativos que tenían (obviamente descartamos la teoría de los “excesos”).

Hace mucho tiempo el gran intelectual y comisionado de la CVR Carlos Iván Degregori dijo: “[…] si la violencia hubiera alcanzado en todo el territorio nacional la misma intensidad que tuvo entre los asháninka, hubieran muerto alrededor de 2 millones de peruanos y peruanas. Un verdadero holocausto (Un fantasma (todavía) amistoso recorre el Perú, Ideele N0 169, abril del 2004). Según el informe de la CVR, Sendero Luminoso asesinó a alrededor de 6 mil personas de toda la nación asháninka. Gran parte del pueblo asháninka y matsiguenga fue sometida a esclavitud, trabajos forzados y servidumbre sexual por parte de los subversivos, sobre todo en la década de los 90.

La frase de Carlos Iván Degregori resume lo que los comisionados de la CVR y los defensores de derechos humanos siempre decimos contra todos aquellos opositores que pretenden desprestigiarnos y deslegitimarnos con el cuentazo de que solo defendemos los ddhh de los terroristas: nosotros estamos por la defensa de los derechos humanos de todos y cada uno de los peruanos y con mayor razón si se trata de pueblos indígenas.

Eso no significa que nosotros “garanticemos” esos derechos porque el único actor encargado de hacerlo es el propio Estado peruano. Eso no lo digo yo sino las convenciones internacionales sobre derechos civiles y políticos. Por eso mismo, es el MINJUS, y en particular el Viceministerio de Derechos Humanos, la institución encargada de velar por nuestros derechos y de luchar para que todas las normativas que los garantizan se cumplan, incluyendo, por supuesto una política clara de búsqueda de personas desaparecidas. Esta labor de defensa, en realidad, la ha estado realizando con mayor eficiencia la Defensoría de Pueblo, una de las pocas instituciones del Estado que sale aprobada en las encuestas de opinión pública. Pero tampoco han podido, a pesar de las gestiones e insistencias de Gisella Vignolo y de Eduardo Vega, que el Congreso o el Ejecutivo aprueben una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que beneficiaría precisamente a las poblaciones más vulnerables como los asháninkas.

Publicado en el diario La República, martes 17-06/2014

 

 

 

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