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En mesa redonda organizada la CNDDHH y Red Muqui especialistas analizan la criminalización de la protesta social en el Perú. (Foto: Servindi)

Por Servindi

Los juristas Yván Montoya, Miguel Huerta y Víctor Álvarez protagonizaron una mesa redonda en la que abordaron la criminalización de las protestas sociales en el Perú y los perjuicios que sufren las comunidades indígenas por el Poder Ejecutivo y Judicial.

El evento fue propuesto y organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Red Muqui por iniciativa de Silvia Romio, antropologa experta en conflictos socio-ambientales.

A la cita acudieron representantes de diversas instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), FEDEPAZ y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).

Los participantes consultaron sobre la delgada línea que separa la protesta por derechos y la instigación delictiva a la que se exponen los dirigentes sociales a causa de errores de interpretación por la justicia peruana.

Delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos

“De ninguna manera un dirigente campesino e indígena puede ser imputado por cargos de lesa humanidad, puesto que se necesita que el delito sea sistematizado y ejecutado bajo una jerarquía del poder estatal”, señaló Yvan Montoya, experto de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Al igual que sus colegas Huertas y Álvarez, Montoya ensayó un minucioso análisis para diferenciar un crimen contra los derechos humanos de un crimen de lesa humanidad.

Es la sistematicidad y organización compleja para perpetrar el delito las dos características que no se cumplen en las protestas sociales como la sucedido en Bagua en 2009.

Ivan Montoya expone las falencias de nuestro Código Penal ante la atenta mirada de los asistentes.

El caso Bagua

“En la protesta de Bagua es inviable pensar que las muertes de los policías constituyeron delitos de lesa humanidad, ya que las comunidades nativas no cometieron crímenes sistemáticos ni planeados bajo una estructura organizacional” dijo Miguel Huerta.

“La violencia se dio por una cadena de sucesos fortuitos y exacerbaciones”, prosiguió Huerta, abogado y director de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).

“Sobre Bagua hay que señalar que la investigación tardó mucho y hay políticos que no han sido sancionados penalmente. Para colmo hay procesos para emitir penas de cadenas perpetuas contra líderes indígenas que son inexplicables”, apuntó Yvan Montoya.

“Cuestionamos las disposiciones procesales administrativas que obligan a trasladar a los denunciados a lugares, lejanos de sus comunidades de origen como ocurrió en Bagua” sentenció Víctor Álvarez.

“Esto repercute en que no puedan ejercer su derecho a defensa por limitaciones económicas”, agregó Álvarez en relación al arresto domiciliario y el proceso que afronta Feliciano Cahuasa Rolín.

Jurista Vìctor Álvarez exponiendo su análisis sobre la teoría de los crímenes de lesa humanidad

Diferencias entre provocación e instigación

En el 2009 se intentó abrir un proceso penal contra Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), por la figura de instigación, es decir influir de forma directa para cometer un crimen.

No obstante, la figura de instigación no fue considerada debido a que Pizango convocó a dirigentes indígenas para realizar una marcha pacífica, y no para perpetrar asesinatos.

Por otro lado, existe la figura jurídica de provocación, no tipificada en nuestro Código Penal, pero que aparece en algunos códigos como el español.

La provocación se refiere el acto de persuadir o sugestionar a las personas dentro de un discurso de exacerbación, sin que se instigue de forma directa a cometer crímenes.

“En este delito podrían caer muchos dirigentes amazónicos y rurales, si existiera la provocación en nuestro Código Penal, pero por el momento no pueden ser procesados si no hay pruebas de instigación”, sostuvo Miguel Huerta.

La criminalización en Perú ante los ojos del mundo

“Hay nativos muertos por la represión de los agentes del Estado peruano y no han recibido indemnizaciones. Esto desde afuera refleja que el sistema jurídico peruano no es justo y está muy alejado de la interculturalidad para mal de las comunidades afligidas”.

Así lo afirmó la ciudadana española Agustina Daguerre, representante del Programa Democracia y Transformación Global (PDTG), una de las asistentes al evento.

 

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