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ANTE EL UNDÉCIMO ANIVERSARIO DE LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA CVR

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las organizaciones y movimientos que la conforman, así como para las víctimas y sus familiares, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) representa una enorme contribución a la causa de los derechos humanos en el país. El Informe Final (IF) ha fortalecido la legitimidad de denuncias y reclamos planteados a lo largo del período del conflicto armado interno y ha significado un punto de quiebre en relación a la impunidad de los crímenes cometidos en los años de la violencia. Por lo tanto, consideramos que es un deber del gobierno cumplir con sus recomendaciones.

En el marco de este reconocimiento debemos señalar que el año pasado se plantearon una serie de expectativas, tanto del movimiento de derechos humanos como de las organizaciones de víctimas, frente al X aniversario de la entrega del IF y sobre la oportunidad que el Estado peruano tenía para reparar y dignificar a las víctimas. Un año después los reclamos al Estado siguen siendo los mismos y la decepción e indignación de las víctimas crece de manera proporcional a la indolencia de los funcionarios públicos.

Aún con mayor decepción e indignación nos ha preocupado que el gobierno de Ollanta Humala Tasso haya nombrado al General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior, sabiendo que se encuentra procesado por el homicidio del periodista Hugo Bustíos. Consideramos que este hecho es un mensaje deplorable del gobierno, tanto para la familia del periodista Bustíos, como para las de personas que en la actualidad se encuentran implicadas en casos contra militares que aún no son sancionados por violaciones de derechos humanos. Este nombramiento aleja de la justicia a las víctimas que por más de 30 años vienen reclamándola y proyecta una imagen negativa hacia el país y el mundo entero.

Por otro lado, desde el año 2012 esperábamos que el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) expresara la voluntad política del gobierno en esta materia. Lamentablemente debemos reconocer que este PNDH no recoge el proceso previo de su formulación con participación de muchos sectores de la sociedad civil y el Estado, ni cumple con las expectativas que levantó con la finalidad de poder tener un marco legal que planteara un camino para el cumplimiento de múltiples derechos aún insatisfechos. Tanto su preámbulo, como cada uno de los cuatro lineamientos estratégicos, así como los indicadores de medición de cumplimiento del Estado peruano sobre derechos humanos, se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales llegando incluso a invisibilizar por completo a un grupo vulnerable como es la población LGTBI.

Ante esta situación:

  • Demandamos al gobierno, particularmente al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, colaborar con la justicia contestando las solicitudes de información que, tanto desde la Fiscalía como desde los abogados de derechos humanos, requerimos para identificar a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.
  • Reclamamos modificar las restricciones de acceso a las reparaciones de parte de las víctimas, particularmente a las reparaciones individuales. El movimiento de derechos humanos insiste en la necesidad de revisar el DS-051-2011, de manera que el monto se homologue con el que recibieron en su momento los miembros de los Comités de Autodefensa, así como se elimine la restricción de una sola reparación por beneficiario y la fecha tope para reconocimiento de la persona inscrita en el Registro Único de Víctimas como beneficiaria del programa de reparación económica.
  • Pedimos aprobar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas para impulsar políticas públicas integrales que se aboquen no solo a la exhumación sino a la entrega digna de restos de las más de 15000 personas detenidas y desaparecidas.
  • Saludamos los avances en el terreno de la memoria, como la construcción del Lugar de la Memoria, que debe completar su trabajo con la presentación de su guión museográfico, así como la voluntad política para lograr la creación del “Santuario de la Memoria de Ayacucho” en La Hoyada. Sin embargo, sería imprescindible que el propio Estado peruano plantee seriamente políticas educativas que integren una historia última que requiere el reconocimiento de todas las víctimas.

Por todo lo expuesto esperamos que el gobierno actual pueda cumplir con sus promesas de reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas para lograr una sociedad en la cual la inclusión no sea solo una palabra en los titulares de los planes de desarrollo.

Consejo Directivo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

 

Invitamos también al público en general a acompañar a los familiares de las víctimas de la violencia política en la acción simbólica a realizarse hoy a las 2:30 pm en el memorial El Ojo que Llora (Campo de Marte, Jesús María).

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