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La CNDDHH expresa su más hondo pesar por el asesinato de cuatro líderes ashánincas de la Comunidad Alto Tamaya Saweto presuntamente a manos de madereros ilegales a inicios de setiembre. Saludamos el compromiso expresado por el Presidente Ollanta Humala de garantizar el acceso a la justicia de los deudos, y esperamos que las labores de recuperación de los cuerpos lleguen pronto a término, pues hace más de nueve días que yacen a merced de las alimañas, la humedad y las altas temperaturas.

Sin embargo, el reconocido dirigente y activista Edwin Chota y sus compañeros, reiteradamente solicitaron la presencia de la policía y otras dependencias estatales en la zona para luchar contra los madereros ilegales, que habían amenazado sus vidas en diferentes ocasiones pero, lamentablemente, sus demandas nunca encontraron respuesta. Consideramos que el Estado tiene una gran responsabilidad en sus muertes al haber incumplido la obligación fundamental de proteger a los ciudadanos frente a los ataques de terceros, pero sobre todo, de proteger a los pueblos en estado de vulneración como es la aguerrida y tantas veces golpeada nación asháninca. Es por ello que el Estado debería reparar a las cuatro mujeres que han quedado en total desamparo por su inacción y a sus pequeños hijos.

Por otra parte, a raíz de lo sucedido los comuneros de Saweto se encuentran aterrorizados y han huido de la comunidad dejándola desierta. El Estado debería atender a estas personas objeto de desplazamiento forzoso, garantizando las condiciones humanitarias y de seguridad para que puedan retornar a su lugar de origen.

Demandamos al Estado cumplir con su obligación de proteger a los ashánincas de las comunidad de Saweto y aledañas, garantizando en coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas la presencia policial permanente en la zona. Asimismo consideramos que el Estado debe tener una dotación presupuestaria y de equipos necesaria para que el Ministerio Público, la Policía Nacional y las entidades competentes del Gobierno Regional cumplan con su obligación de proteger al pueblo asháninca y su territorio ancestral de las acciones de los madereros informales y los narcotraficantes.

Finalmente, exigimos que el Estado garantice la seguridad jurídica de los territorios ancestrales del pueblo asháninca en Ucayali, priorizando a la CN Saweto, mediante su inmediata titulación.

Desde Pucallpa, 11 de setiembre de 2014

Secretaría Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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