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GRAVE  RETROCESO  EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Juicio oral contra Agustín Mantilla. (Foto: Corte Suprema)

Indignación por quiebre del juicio contra Agustín Mantilla por crímenes del comando ‘Rodrigo Franco’

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de sus 81 organizaciones, se dirige a la opinión pública para manifestar su  indignación por el quiebre del juicio oral, que se venía llevando adelante contra Agustín Mantilla Campos, ex ministro del Interior del primer gobierno Aprista (1985-1990), por los crímenes del comando paramilitar “Rodrigo Franco”.

Este quiebre se produce luego de dieciocho meses de juicio oral y en momentos en que era interrogado precisamente Agustín Mantilla, (procesado por ser el jefe del grupo paramilitar), y luego del cual venían los testimonios de ex miembros del referido comando.  Es decir muy conveniente para el procesado y muy inconveniente para la justicia.

Los responsables de esta situación son las autoridades judiciales, que desde hace varios meses vienen realizando cambios en las salas penales que llevan procesos contra violadores a los derechos humanos, lo que ha generado un escenario que al enfermarse una de sus miembros la etapa oral ha tenido que suspenderse y volver a empezar, dejando de lado las declaraciones ya dadas por los acusados. Cabe señalar que este proceso penal ya lleva más de 10 años (se inició el 2004).

Como se recordará, el denominado “Comando Rodrigo Franco”, es acusado por la muerte del Presidente de la Federación Minera Saúl Cantoral Huamaní, así como de Consuelo García  Santa Cruz,  activista minera y fundadora del Centro de Mujeres “Filomena Tomayra Pacsi”, ocurrrido el 13 de febrero de 1989.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 2007,  condenó al Estado peruano por violación del derecho a la vida, derecho a la integridad personal y derecho a la libertad de asociación.

Además, en el numeral 190 de la sentencia, señala: “La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes”.

Vemos que el Estado no está cumpliendo con su deber de respetar los compromisos internacionales, así como de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Lima 31 de octubre del 2014