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LOS JÓVENES TIENEN DERECHO A PROTESTAR

ante la convocatoria a la 4ta Marcha contra la Ley de Fomento del Trabajo Juvenil (Ley Pulpín)

 

La CNDDHH en representación de las 81 instituciones que la conforman y teniendo en consideración que el derecho a la protesta social es un derecho constitucional expresa ante la opinión pública lo siguiente:

1.    Los jóvenes organizados están convocando para el 15 de enero de 2015 a una marcha pública, pacífica y abierta que debe tener todas las garantías constitucionales.

2.    En ese sentido consideramos que el derecho ciudadano a la libre expresión puede manifestarse de diversas maneras y que toda marcha organizada debe responder a sus objetivos: en este caso cuestionar la Ley de Trabajo Juvenil y su reglamento de manera clara, justa, libre, autónoma y pacífica. No es preciso pedir permiso como lo saben las diferentes instancias del Estado. La CNDDHH expresa que la opción por la no-violencia activa es la más clara forma de resistencia ante las injusticias de las leyes ilegítimas.

3.    La CNDDHH informó sobre uso abusivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y ataques a periodistas durante la marcha contra el régimen laboral juvenil del 18 y 24 de diciembre. Se han recabado numerosos testimonios, fotografías y videos que evidencian que la policía usó la fuerza de manera injustificada y desproporcionada. En la primera marcha se produjeron 24 y en la segunda 4 detenciones.

4.    Debemos recordar que la policía solo está autorizada a detener cuando existe un mandato judicial o cuando el detenido es sorprendido en flagrante delito; protestar pacíficamente constituye un derecho y no una acción delictiva. Los detenidos de ambas marchas fueron puestos en libertad a las pocas horas. En la marcha del 29 de diciembre, que fue absolutamente pacífica, no se produjeron detenciones y la PNP acompañó a los marchantes durante toda la movilización.

5.    La CNDDHH también informó a varias instituciones internacionales que se interpuso una denuncia preventiva y se abrió una investigación fiscal  preventiva contra 20 personas, entre ellos, representantes de los gremios sindicales, estudiantiles (FEPUC) y de la misma Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, por el simple hecho de convocar o apoyar la marcha del 29 de diciembre. Esta denuncia constituye una forma de hostigamiento incompatible con los principios de un régimen democrático.

Por lo expuesto, y en tanto que la labor de la CNDDHH es acompañar las marchas  y de esta manera documentar, difundir y denunciar las violaciones de derechos humanos que puedan darse, invocamos a los convocantes de las movilizaciones que se conduzcan de manera pacífica, pro-activa y eficaz. Asimismo, los exhortamos a no caer en provocaciones que puedan deslegitimizar su lucha.

No olvidemos que durante este gobierno se han producido 46 muertes en conflictos sociales, más de un millar de heridos así como centenas de detenidos y procesados por diversos delitos constituyendo una clara estrategia de criminalización de la protesta y de la disidencia. Como es sabido, durante la marcha del 18 y 22 de diciembre hubo infiltrados que, al finalizar las mismas, intentaron hacer uso de la violencia. Rechazamos la provocación de grupos violentistas y señalamos que también hubo infiltrados del Grupo Terna como el propio Ministro Urresti lo ha reconocido.

En el contexto de todo un aparato de normas legales que flexibilizan el uso de la fuerza de parte de la PNP e incluso del Ejército (Dec Leg 1095, Ley 30151) le pedimos a las autoridades competentes que se respete la int4egridad, los derechos y las libertades que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado como garantía de los derechos fundamentales.

Lima, 13 de enero de 2015

Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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