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Por Rocío Silva Santisteban

El presidente Ollanta Humala propuso en los debates previos a la segunda vuelta electoral del año 2011 un tema candente para la candidata Keiko Fujimori: me refiero al caso de esterilizaciones forzadas. Durante el debate, Fujimori quedó sin piso y sin alegar nada a su favor, por lo que esos casos, un pendiente tremendo del fujimorismo, fueron uno de los elementos básicos del éxito del actual mandatario. Hoy, a un año de terminar su mandato, los casos de esterilizaciones forzadas han sido relegados al rincón del olvido.

Lamentablemente hasta agosto tiene plazo la fiscal Marcela Gutiérrez para presentar una nueva acusación. Teniendo en consideración que se trata de un expediente de varios miles de folios y decenas de tomos, las 2.074 mujeres que denunciaron su situación de esterilizadas a la fuerza pueden quedar desamparadas y los responsables impunes. ¿A alguien le importan los cuerpos de las mujeres en este régimen? No olvidemos que, según la Defensoría del Pueblo, 44 mujeres murieron por malas prácticas durante las famosas “ferias de ligaduras de trompas”.

El día de ayer Diario16 ha publicado un impresionante reportaje con datos y documentos levantados en Piura (Las Lomas, Ayabaca, Tambogrande, Querecotillo, entre otros distritos) sobre la campaña de anticoncepción quirúrgica (AQV) que, en esa zona, tuvo un “tremendo éxito”. El reportaje incluye fotografías de médicos durante las operaciones y fotos de militares que colaboraron con las campañas, todo registrado en cuatro informes de los Centros de Salud Materno-Infantil de los lugares mencionados.

En una entrevista a la parlamentaria andina Hilaria Supa en el mismo reportaje, ella sostiene que la campaña tiene su origen en el Plan Verde del primer gobierno de Alan García, creado por militares en 1989, cuyo objetivo era “frenar la reproducción de la raza indígena”. No es broma, es en serio. Es una vergüenza para el Perú. El documento dice en su tenor que: “De nada servirá derrotar a la subversión si seguimos incrementando en 500 mil personas anuales la demanda de alimentos […] Ha quedado demostrada la necesidad de frenar lo más pronto posible el crecimiento demográfico y urge un tratamiento para los excedentes existentes: uso generalizado de esterilizaciones en los grupos culturalmente atrasados…”. Por eso mismo, cuando se denuncian los casos de esterilizaciones forzadas como de lesa humanidad no se está exagerando. ¿Hubo una política genocida al respecto durante el fujimorismo?

Giulia Tamayo, abogada y extraordinaria defensora de los derechos de las mujeres, lamentablemente fallecida el año 2014, escribió lo siguiente en el año 1998 en un reporte de CLADEM: “El presente reporte demuestra que el Estado peruano es responsable de los actos de violencia y otros abusos cometidos por los proveedores de esos servicios contra las usuarias de los servicios públicos de salud, de la inexistencia de mecanismos eficaces y oportunos para prevenir y sancionar tales actos y del encubrimiento sistemático y la impunidad de estas violaciones en el ámbito administrativo y judicial…”. Ese año Giulia tuvo que dejar el Perú luego de recibir amenazas y de que una bomba estallara en su casa.

Hoy, ¿algo ha mejorado desde ese entonces? La impunidad del caso de las esterilizaciones forzadas sigue sin importarles a la prensa, al gobierno, a los fiscales y al presidente de la República, aunque, seguramente, saldrá como ficha para frenar al fujimorismo en la próxima escena electoral. Al parecer solo sirve para eso, ¡qué importan los cuerpos de las mujeres y la “justicia que Dios defiende”!

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