Oficina de protección de defensores

Publicado el 21 julio 2015 por en blog, Opinión

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Por Rocío Silva Santisteban

Nos encontramos ante una situación de embalse de conflictos ecoterritoriales que, desde el año 2011 hasta la fecha, han dejado 63 personas fallecidas (47 de ellas por abuso de la fuerza de la PNP o del EP), decenas de centenares de heridos, dirigentes denunciados y perseguidos, policías “sembrando” armas, daños a la propiedad por acciones de vandalismo y situación de tensión y enfrentamientos generalizados. El caso concreto de las protestas contra el proyecto minero Tía María, en el valle de Tambo, Arequipa, es uno de los ejemplos más dolorosos. Hoy, ad portas de que se levante el estado de emergencia, debemos considerar la manera de enfrentar ese y otros conflictos sociales. El gobierno, en lugar de priorizar el diálogo honesto y la escucha atenta, ha centrado sus esfuerzos en “mesas de desarrollo”, excluyendo a los actores del conflicto, y en la persecución de dirigencia priorizando una fuente de información: la del Servicio de Inteligencia.

Por eso mismo y, como en otros países latinoamericanos, la criminalización de la protesta social ha cobrado otra dimensión: se ha convertido en criminalización de la disidencia social con cuatro componentes: 1) abuso de la fuerza o uso desproporcionado de esta de parte de la PNP o EP; 2) uso del derecho penal para perseguir a los líderes de las movilizaciones; 3) impunidad basada en el ocultamiento de información y la lenta actuación del Ministerio Público e 4) injuriantes campañas de desprestigio que difunden un discurso funcional a los tres componentes anteriores para justificar las detenciones, persecuciones y evitar cualquier pensamiento disidente.

Este discurso ha llegado a niveles peligrosos cuando se compara a líderes medioambientales con genocidas terroristas sentenciados y cuando se equiparan las protestas sociales a actos terroristas. Este discurso del miedo y del peligro ante un inexistente y ficticio “terrorismo antiminero” justifica acciones ilegítimas e ilegales de tal manera que, por ejemplo, suboficiales y oficiales de la PNP siembran “miguelitos” a un agricultor que protestaba u otros amedrentan a una población de por sí bastante asustada por la violencia de los conflictos.

El nivel que ha alcanzado este discurso estigmatizante en el Perú ¡no tiene punto de comparación en toda América Latina! Quizás solo en Guatemala las campañas de desprestigio son similares. Estas estigmatizaciones no nacen ni se difunden solo desde el Estado, aunque algunos de sus altos funcionarios son sus principales divulgadores, sino que son las mismas empresas extractivas con bajos estándares éticos y de escasa responsabilidad social, y sus operadores, los que crean, sostienen y difunden con la complicidad de los medios de comunicación este tipo de calumnias. No todas actúan así, pero las que lo hacen desprestigian al resto.

Aquellas personas comprometidas con los DDHH y el medio ambiente deberíamos denunciar en foros públicos esta situación, pero especialmente denunciar las diversas campañas de desprestigio contra defensores medioambientales, líderes sociales, defensores de derechos humanos e instituciones de la sociedad civil tanto peruanas como extranjeras. La embajadora de la Unión Europea, Irene Horejs, hizo lo propio y un portal de noticias peruano solo atinó a agraviarla.

Personalmente considero que el Estado peruano, como Colombia o México, debe institucionalizar una oficina de monitoreo y prevención de ataques a defensores, no olvidemos que hubo una propuesta de ley al respecto que fue encarpeta en el 2011. Considero que se deben derogar las leyes que permiten el uso desproporcionado de la fuerza de parte de la Policía y el Ejército durante el control de protestas sociales y rescindir todos los convenios secretos de prestación de servicios extraordinarios entre la Policía Nacional y las grandes empresas, así como que las empresas deben asumir, como parte de su responsabilidad social, códigos de ética que impidan el abuso de ninguno de sus funcionarios, empleados o contratistas de situaciones de desventaja con la población alrededor de sus proyectos.

Publicado en La República, martes 21/07/2015

 

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