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Expertas de WOLA y DPLF se pronuncian sobre caso emblemático
del conflicto interno peruano

A 30 años de la masacre de Accomarca,  el juicio del caso se encuentra en la recta final

Washington, D.C. y Lima, Perú – Este viernes 14 de agosto, justo cuando se cumplen 30 años de una de las peores masacres del conflicto armado interno peruano, se acerca el final de su emblemático y revelador proceso judicial.

En el poblado de Accomarca, ubicado en el departamento de Ayacucho,  fueron asesinados 69 campesinos por miembros del Ejército peruano. El caso se mantuvo en la impunidad  por muchos años hasta que en noviembre de 2010 se abrió un proceso judicial contra 29 militares acusados de ser los autores materiales del crimen, así como los autores mediatos (quienes planificaron el operativo y dieron las órdenes).

“La masacre de Accomarca fue uno de los hechos que más conmovió el país durante el conflicto armado interno”, dijo Jo-Marie Burt, Asesora Principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinomericanos (WOLA), quien ha estado monitoreando el proceso judicial desde que comenzó hace casi cinco años. “Murieron 69 campesinos, 26 de ellos niños, en un operativo de tierra arrasada planificado, ordenado, y ejecutado por el ejército peruano”, agregó Burt.

Para más información sobre los hechos y antecedentes del caso, véase el documento de contexto adjunto (disponible aquí), preparado por Jo-Marie Burt.

El caso Accomarca fue uno de los 43 casos investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, la cual hizo llegar sus conclusiones al sistema de justicia para que este juzgara y en su caso  sancionara a los responsables.  De los 29 militares acusados, el General (r) Wilfredo Mori Orzo, quien en 1985 fue el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho  junto con otros miembros del Estado Mayor, se han señalado  como autores mediatos; y  como autores materiales, Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón, jefes de las patrullas “Lince” que ejecutaron el operativo militar en el que se dio la masacre. Estos últimos fueron extraditados   a Perú desde Estados Unidos, donde intentaban resguardarse  para no enfrentar sus cargos.

El proceso judicial  se encuentra en la recta final. Los fiscales del caso y la parte civil, en representación de las víctimas, ya ofrecieron sus alegatos finales, y en los próximos días la defensa presentará sus alegatos. Se espera una sentencia para octubre del año en curso.

“Los testimonios recibidos durante el proceso han dado cuenta de la gravedad de los hechos,” asegura Leonor Arteaga, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). “Han testificado sobrevivientes de la masacre, familiares de las víctimas, y varios ex congresistas de la República que en 1985 fueron a Accomarca para investigar los hechos”, agregó Arteaga.

La declaración más reveladora  ha venido de Telmo Hurtado. Hurtado no sólo aceptó haber asesinado a más de 30 pobladores, sino también afirmó que el operativo que derivó en la matanza de Accomarca fue una orden de los altos mandos del Ejército peruano, quienes además le ordenaron eliminar a los testigos de la masacre.

“El testimonio de Hurtado es algo inédito en la historia peruana: es la primera vez que un oficial del ejército reconoce su responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos en juicio oral, y acusa a sus superiores de haber planificado y ordenado la masacre,” observa Burt, de WOLA. “Además, sus declaraciones coinciden con la tesis del Ministerio Público: la masacre de Accomarca no fue un exceso de la lucha contrasubversiva ni la reacción desmedida de un soldado agobiado por la guerra, sino parte de una política estatal de luchar contra la subversión utilizando la violencia indiscriminada contra la población civil.”, continuó Burt.

“Exhortamos al tribunal a  a ponderar el caso según las evidencias sin tomar en cuenta influencias externas”, dijo Arteaga de DPLF. “Esperamos que den respuesta a las reclamos de justicia de los familiares de la masacre de Accomarca con una sentencia imparcial y acorde con el derecho internacional de los derechos humanos”.

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Contactos:
Jo-Marie Burt
Asesora Principal, WOLA
Celular en Lima: +51 994-950-426;
En EE.UU: +1 703 946 9714
jmburt.wola@gmail.com

Leonor Arteaga
Oficial de Programa Senior, DPLF
+1 202- 4627701/+1 703-5987085
larteaga@dplf.org

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