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SOBRE LA NEGATIVA DEL GOBIERNO A IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIÓN FORZADA

La CNDDHH hace pública su preocupación por las declaraciones del Viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, con relación a la negativa del gobierno de iniciar un registro de las mujeres víctimas de esterilización forzada.

El día domingo 8 de septiembre se hicieron públicas las declaraciones del Viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con relación a la negativa del gobierno de iniciar un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, poniendo como argumento la supuesta imposibilidad del Poder Ejecutivo debido a que tendría que esperar a “ver cómo se desarrolla este tema a nivel judicial”.

Al respecto, recordamos que las decisiones de políticas públicas no requieren decisión judicial previa, y que en el Perú tenemos como ejemplo el Registro Único de Víctimas a cargo del Consejo de Reparaciones, entidad del Poder Ejecutivo adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo del registro de las víctimas del conflicto armado interno y que no ha necesitado de decisión judicial alguna para ser implementado.

Cabe señalar que, pese al tiempo transcurrido, aún no se conoce con exactitud el número de mujeres que fueron esterilizadas como parte de una política estatal entre los años 1996 al 2000, siendo la gran mayoría de víctimas mujeres en situación de pobreza indígenas y campesinas, las cuales han visto afectada su salud de manera crónica y permanente como consecuencia de estas intervenciones quirúrgicas. Tampoco se tiene un registro de todas las mujeres esterilizadas, ni sus consentimientos informados, ni sus historias clínicas.

Le recordamos al Presidente de la República, Ollanta Humala, que en junio de 2011, cuando era candidato afirmó que se había “hecho un daño irreparable con más de 300 mil mujeres que hoy día no pueden ejercer su derecho sobre su cuerpo de ser madres o volver a ser madres y eso fue sin su consentimiento y eso es una vergüenza, es un daño irreparable”. A la fecha desde el Poder Ejecutivo no se ha hecho nada por reconocer la responsabilidad del Estado frente a estas mujeres.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideramos que es imprescindible iniciar un registro de las mujeres víctimas de esterilización forzada como medida inicial para implementar una política pública de reparación y dignificación de estas mujeres.

08/09/2015
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Foto: La República