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COMUNICADO

Caso Parccocucho: Impunidad ante homicidio calificado y desaparición forzada

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifiesta su gran preocupación frente a la sentencia de la Sala Penal Nacional de Lima-Colegiado B- , dictada el día 19 de enero de 2016, en la cual absolvió a Adrián Román Fernández y César Espejo López, militares que en ese tiempo laboraron en el Batallón de Infantería Motorizado (BIM) 34 de Cangallo, acusados por el Ministerio Público como autores mediatos del homicidio calificado y la desaparición forzada contra Fortunata García Gamboa y Aquilino Bautista Quicaño.

La señora Fortunata García Gamboa de Castillo tenía 80 años, cuando el 4 de febrero de 1984, miembros dela Base Militar de Vilcashuamán ingresaron a su vivienda, la desnudaron, torturaron, violaron sexualmente y quemaron viva. Sus restos fueron arrojados a las orillas del Río Pampas, donde su cuerpo fue dinamitado.

El joven Aquilino Bautista tenía 14 años, cuando el 22 de julio de 1984 fue detenido por militares y trasladado al colegio Ricardo Bautista Rivera en Sachabamba, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, Ayacucho. Ante los reclamos de su madre y su hermana los militares les aseguraron  que Aquilino se encontraba allí y que lo liberarían en unos días. Nunca lo liberaron. Continúa desaparecido.

Ambos crímenes fueron perpetrados por agentes de las bases militares de Vilcashuamán y Sachabamba respectivamente, bases que dependían del BIM 34 de Cangallo, Ayacucho. Al respecto, la sentencia confirmó que estos crímenes fueron realizados por agentes del Estado como parte de “prácticas sistemáticas” perpetradas por miembros del Ejército Peruano. Sin embargo, señala, y esto es lo preocupante,  que como no se ha encontrado una “orden expresa” de cometer estos crímenes contra la señora Fortunata García o el joven Aquilino Bautista no se puede condenar a los citados procesados por autoría mediata. Asimismo, la sentencia dejó de lado diversas pruebas presentadas por el Ministerio Público y por los abogados de la Comisión de Derechos Humanos – COMISEH (abogados de los familiares de Fortunata García) que dan indicios sobre la presunta responsabilidad de los militares absueltos.

En este sentido, instamos al Poder Judicial a que cumpla con su propia jurisprudencia ya que  existen precedentes en casos de graves violaciones de derechos humanos, como las perpetradas por Julio Salazar Monroe y Alberto Fujimori Fujimori, en los que se determina que no es necesario para la imputación de autoría mediata una orden expresaescrita de cometer el crimen, sino que se acredite la existencia de un aparato organizado de poder, de la jerarquía de este aparato organizado de poder y del dominio del hecho en el crimen.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertamos sobre la grave situación de impunidad de múltiples crímenes perpetrados en el conflicto armado interno, que así como en el asesinato, tortura, violación y posterior explosión del cuerpo de la señora Fortunata García o de la detención desaparición de  Aquilino Bautista, los imputados son absueltos. Esta situación de impunidad de quienes cometieron estos crímenes perpetúa la violación de las víctimas y violenta el derecho de las y los familiares de miles de víctimas a encontrar justicia.

Lima, 20 de enero 2016

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