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(Captura video)

En 2001, una joven peruana de 17 años llamada K.L. tenía 14 semanas de embarazo, cuando los médicos en un hospital público de Lima diagnosticaron al feto con anencefalia, una anomalía de nacimiento letal, en que al feto le falta la mayor parte del cerebro anterior o su totalidad. Los doctores dijeron que continuar con el embarazo pondría su vida y su salud en riesgo. Se le recomendó practicarse un aborto.

El aborto era legal en Perú en casos como este, pero el hospital se rehusó a practicarlo argumentando que el Estado no entregaba regulaciones claras para entregar el servicio. K.L. fue forzada a continuar con su embarazo hasta el final y a amamantar al bebé durante los cuatro días que vivió. Fue una decisión que terminó causándole serias consecuencias mentales y físicas a su salud.

Se presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señalando que al negar a K. L. el acceso a un procedimiento médico legal se violaron sus derechos humanos. El Comité estuvo de acuerdo y recomendó que Perú pagase una compensación a K.L. Esto ocurrió en 2005.

Ahora, una década después, el gobierno peruano accedió a pagar la compensación.

Cuando el Comité tomó su decisión, fue la primera vez que un órgano de derechos humanos de la ONU responsabilizó a un gobierno por fallar en asegurar el acceso a los servicios legales de aborto. el Comité consideró que Perú violó los derechos de la víctima bajo varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), incluyendo el derecho a una compensación efectiva, la prohibición de tortura y tratos  crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida privada y el derecho de los menores de edad a medidas de protección.

“Por supuesto, habría sido mejor que ella no hubiese tenido que esperar una década para obtenerla, pero lo importante es que el daño que se le hizo ha sido formalmente reconocido”, expresó Sir Nigel Rodley, actual integrante del Comité que también formó parte del que se pronunció en la recomendación de 2005.

El presidente del Comité, Fabián Salvioli, comentó que es importante que los Estados cumplan con las decisiones adoptadas por el Comité.

“Cuando un Estado cumple con una decisión del Comité, está honrando sus obligaciones y dando esperanza al resto de las víctimas involucradas en casos presentados al Comité”, expresó. “Los Estados deben cumplir con sus obligaciones de derechos humanos establecidas en el Pacto, porque ello puede contribuir a crear sociedades más justas”.

El caso de K.L. fue llevado ante el Comité por el Centro de Derechos Reproductivos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. En un pronunciamiento público emitido poco después de la decisión de Perú en diciembre, la presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, Nancy Northrup, expresó que si bien la decisión de compensar a K.L. fue importante, es necesario hacer más en relación a los servicios de salud reproductiva.

“Es el momento de que Perú implemente guías y continúe trabajando para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud reproductiva para todas la mujeres y niñas en el país”, dijo.

FIN

Fuente: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/PeruAbortionCompensation.aspx

Traducción: ACNUDH América del Sur

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– VIDEO: “Especialistas de la ONU analizan situación del aborto en América del Sur” http://youtu.be/RjhdXO3VeVI

 

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