Los operadores de la traición

Publicado el 27 mayo 2016 por en Noticias, Opinión

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Por Ana María Vidal

Llegar a Cotambambas desde Lima no es fácil. La manera más rápida es un vuelo a Cusco y luego por tierra un camino de abruptos precipicios que dura seis horas hasta Tambobamba. En el viaje voy recordando que hace un par de días el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apeló una sentencia del Poder Judicial que ordenó reconocer las reparaciones por múltiples afectaciones, intentando negar así el derecho a la reparación económica de más de 5 mil víctimas del conflicto, entre ellos militares y policías. Vaya nombre para un ministerio que niega las reparaciones a las víctimas del conflicto armado.

Pero regresemos a Cotabambas, adonde llegué este fin de semana para participar de la Mesa de diálogo en el eje de derechos humanos -esta era la segunda fecha- creada luego del conflicto de septiembre de 2015 que dejó varios peruanos muertos. Sí, después de 8 meses, en materia de derechos humanos, el Estado (en este caso el gobierno central) solo se ha acercado por Cotabambas dos veces.

Los policías llegaron minutos antes de que empiece la reunión en un bus blanco, moderno e impecable de la empresa minera (MMG). Por lo visto, la escasez de policías solo se da en la ciudad de Lima, mientras allá la empresa tiene muy buen resguardo policial.

Desde la puesta en escena y por los lugares que ocupaba cada representante en la mesa, una se daba cuenta de la importancia y del peso que tenían los actores en la Mesa. En teoría el Estado, la ciudadanía de Cotababas y la empresa deberían tener el mismo peso, pero ya de entrada en el lugar principal, estaba sentado Ernesto Lechuga, viceministro de derechos humanos con su asesor al costado, y al lado el representante de la empresa. Al verlos a los tres juntos, una no podía distinguir si eran los representantes del ministerio o de la empresa, y más bien parecía que todos estaban en el mismo bando

Un momento memorable de la reunión fue cuando un dirigente de la comunidad se dirigió al representante de la empresa, Válery Niño de Guzmán, y le dijo sagazmente que estaba un poco confundido porque hasta hace poco era representante de la PCM, pero ahora llegaba como parte de le empresa. La respuesta del ex funcionario público Niño de Guzmán manifestando que no tiene nada de malo cambiar de trabajo y que por eso el incluso ha estudiado en el extranjero, sería hasta tierna, pero no lo fue, de por medio existen demasiados cotambambinos muertos, heridos y criminalizados por el conflicto del año pasado. Conflicto que tuvo como detonante el cambio drástico y la ampliación del proyecto minero que realizó la empresa MMG.

Este cambio inmenso en el proyecto, que van desde la instalación de una planta de molibdeno hasta la eliminación del mineroducto por el traslado diario del mineral en cientos de camiones, no se consultó a la población, se amparó en las normas que sacó este gobierno y el Congreso en los últimos años (los famosos paquetazos ambientales). Todo encaja, paquetazos aprobados por el Estado, luego usados por la empresa; funcionarios primero en el Estado, luego en la empresa.

Pero vayamos a la agenda de la reunión, que era amplia y empezaba por el pedido que tiene la población desde un principio: modificar la resolución que da sustento a esta mesa de diálogo. La razón: la resolución actual habla del desarrollo en general de la región y no específica que la mesa es producto del conflicto ocurrido en el 2015 (con los muertos y personas con procesos judiciales abiertos por este). Este pedido que viene haciendo la ciudadanía de Cotambamas desde hace 5 meses, aún no es cumplido por el gobierno central.

La respuesta de Lechuga, el viceministro de Derechos Humanos, fue que es muy difícil modificar normas en el Estado, que la modificación requiere ser refrendada y que por eso siguen esperando. Además trató de restar importancia a este cambio sustancial en la conformación de la mesa, diciendo que solo es nominal y confíen en su palabra, que no son necesarios tantos formalismos y que se puede seguir avanzando. Primer punto no cumplido por el Estado.

Luego pasaron al monto de ayuda “humanitaria” para las familias de los fallecidos y el herido. Pongo humanitaria entre comillas, porque Lechuga se esforzó en decir que era un fondo humanitario, a pesar de los múltiples recordatorios de los dirigentes que los muertos y el herido con diez balazos fueron producto de los disparos hechos por miembros de la Policía Nacional Del Perú. La respuesta del viceministro era que en esta mesa no se trabajaba responsabilidades penales, solo humanitarias.

Lechuga anunció que la empresa minera daría un monto de 40 mil soles para las tres viudas y sus familias y para el herido (Ernesto Lima) y pidió un aplauso para la empresa (sí, el viceministro pidió el aplauso para la empresa por parte de la comunidad) por este monto tan dadivoso. Cuando se le recordó que en situaciones similares ocurridas en Espinar “la empresa ha dado mucho más”, Válery Niño de Guzmán se limitaba a ver su teléfono o le decía algo al oído del asesor del ministro. A mí lo que me quedó retumbando en la cabeza fue la facilidad con la que los conflictos de esta empresa generan tantos peruanos muertos, como si fuéramos parte de sus costos operativos.

Cuando se le pidió a Lechuga que diga con cuanto aportaría el gobierno central, este primero dijo que ya le había consultado al Ministerio de la Mujer y que en el ministerio le respondieron que no darían nada. Quiso pasar como si nada esta parte, como si el gobierno central no tuviera que responder en modo alguno por este fondo humanitario. Al recordarle que fue un compromiso de la primera reunión de la Mesa y que no podía pasarlo como si nada por alto. Su asesor, el señor Pacheco, dijo que en realidad el Ministerio de la Mujer no había negado que podrían aportar algo, sino que como estaban en proceso de transferencia por cambio de gobierno (¿?), este ministerio les había respondido que era muy difícil. Nunca entregaron o mostraron un oficio de que sí habían realizado las gestiones, como si esto en el Estado no fuera imprescindible, como si todo se hiciera vía llamadas telefónicas, o quizás así lo hacen.

Y a pesar de todo Lechuga insistía en pasar de este un punto, en no tomarlo en cuenta. Intentó en algún momento decir que lo que podría hacer en todo caso es una propuesta legislativa para que el congreso aprobara un monto en la Ley de presupuesto.

Posteriormente, se recordó que el Ejecutivo aún no entrega el convenio secreto entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Las Bambas. Lechuga trató de esquivar el pedido, primero diciendo que esa información se debía pedir vía un proceso judicial (¿?), luego que él no trabajaba en el ministerio del interior, y que en todo caso conversaría con el viceministro encargado para ver si sería posible entregar el convenio.

Las historias que contaron los dirigentes sobre el maltrato policial, la agresión, la persecución eran desgarradoras, sobre todo las que eran narradas en quechua, hubo una sobre el miedo de los hijos al ver que sus padres podían morir que yo sentí como una patada al estómago. Los representantes del ejecutivo y de la empresa parecían no entenderlos, lo raro (bueno, no tan raro) es que tampoco tenían un intérprete o traductor de quechua a castellano, como si no fuera importante.

Y así transcurrió la sesión de la Mesa de derechos humanos, la distancia entre la población y el gobierno que se hacía evidente cada vez que se hablaba en quechua se iba agrandando cada vez más, se notaba el abismo y la traición de un gobierno que fue elegido por ellos (porque acá la votación por Humala fue aplastante) y que en cinco años nunca los escuchó solo los traicionó.

Publicado en Noticias SER

 

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