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(Foto: Servindi)

El 22 de setiembre será la lectura de sentencia por los hechos ocurridos en la “Curva del Diablo”, en Bagua.  Son 53 los procesados, entre indígenas y mestizos, por los sucesos acaecidos el 5 de junio del 2009.

Como se recuerda, el denominado “Baguazo” dejó el trágico saldo de 33 personas muertas y una desaparecida. Asimismo, a la fecha no hay procesados por su responsabilidad política ni como operadores de la intervención policial para dichos sucesos. Solo los nativos aguardan sentencia.

El “Baguazo”, una de las mayores tragedias en cuanto a conflictos sociales en el Perú, solo tiene como procesados a integrantes del comunidades indígenas quienes tras siete años de juicio. Los pedidos de cárcel que recaen sobre ellos oscilan entre los seis años hasta incluso la cadena perpetua.

Por ello, frente a un escenario en el que podría configurarse la impunidad, en el que ni los responsables políticos u otros operadores ni siquiera han sido investigados, el caso del “Baguazo” está bajo la mirada y expectativa de los pueblos originarios, la opinión pública y los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Es así que la bancada del Frente Amplio exhortó el martes a que los indígenas procesados cuenten con un juicio y una sentencia justa. Respaldaron este pedido el legislador Guido Lombardi, de la agrupación PPK; Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y uno de los defensores de los procesados; Maria Elena Foronda, congresista por el Frente Amplio (FA); Jorge Bracamonte, de la CNDDHH y Katya Pinedo, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

Como se recuerda, Lombardi en su momento realizó una investigación desde el Congreso tras los sucesos de Bagua, sin embargo, dicho trabajo no derivó en una investigación a los operadores y responsables políticos de aquel entonces, durante el gobierno de Alan García.

“Los procesados son solo nativos, no hay ningún procesado por el diseño y ejecución de este operativo policial que llevó a la peor tragedia policial de la historia de la república”, sostuvo el legislador.

Asimismo, manifestó su desacuerdo en que actualmente sean solo los indígenas los que enfrentan un proceso judicial.

“Discrepo profundamente de ese punto de vista, creo que la responsabilidad no solo política sino penal recae en quienes diseñaron mal y ejecutaron peor este operativo policial en momentos en que los nativos concentrados en la curva del diablo ya estaban dispuestos a retirarse”, indicó.

Podría ser un terrible precedente

En opinión de Juan José Quispe (IDL), considera que “se está procesando por primera vez a un grupo de miembros de comunidades indígenas por el solo hecho de haber protestado en la defensa de sus territorios, de su ecosistema, de sus tierras”.

Ante ello, de no darse una sentencia absolutoria, “este sería el primer caso de la justica peruana en que se sentencia o que se pretende condenar a estos miembros de comunidades indígenas”, indicó.

Sin embargo, Quispe espera que las sentencias resulten absolutorias, pues en caso contrario, sentarían un peligroso precedente en cuanto a la defensa de la tierra y la criminalización de las protestas.

Son inocentes

Quispe también se reafirmó en la inocencia de los procesados, principalmente porque, según explicó, no se ha comprobado que ellos hayan abierto fuego durante los enfrentamientos.

“La causa de la muerte (en algunos policías) según la necropsia es proyectil de arma de fuego, y los 53 indígenas y mestizos  que están siendo procesados, todos, pasaron por el peritaje de absorción atómica. Que quiere decir, pasaron para ver si estas personas dispararon o no dispararon, y el peritaje arrojó negativo” explicó Quispe.

“Es decir, estos acusados se les están queriendo condenar por un delito que no han cometido”, expresó.

De otro lado, también indicó que los 53 procesados tampoco han sido reconocidos por los agraviados.

En opinión del abogado, “a estas personas se les ha procesado básicamente por una presión mediática y por presión política”.

Datos

A los indígenas se les acusa de delitos como homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín, disturbios, tenencia ilegal de armas y arrebato de armamento de uso oficial.

 

Fuente: Servindi

 

 

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