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COMUNICADO

CNDDHH alerta intento fujimorista de cooptar la Procuraduría vía reforma constitucional

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH alerta a la ciudadanía del intento fujimorista, en alianza con el APRA, Acción Popular y Alianza para el Progreso, de cooptar el sistema de defensa jurídica del Estado a través de una reforma constitucional para que la Comisión Permanente del Congreso elija y pueda remover al Procurador General de la República.

El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento el martes con 12 votos a favor (9 de FP, 1 del APRA, 1 de APP y 1 de AP) y 5 en contra (3 del FA y 2 de PPK) propone trasladar la rectoría del Sistema de Defensa Jurídica del Estado a una nueva Procuraduría General de la República, cuyo titular sea elegido por mayoría absoluta de la Comisión Permanente del Congreso, entre candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura. Su mandato duraría 5 años, con posibilidad de remoción congresal por falta grave.

La propuesta, en lugar de garantizar la independencia de la Procuraduría para la defensa del interés público, la coloca bajo el control de un Congreso cuestionado por las prácticas antidemocráticas de la mayoría fujimorista, que impuso al actual Defensor del Pueblo y es afín a las actuales conformaciones de la Controlaría y del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, la Comisión Permanente cuenta con mayoría fujimorista (Presidencia, 1ra Vicepresidencia y 12 votos más), seguida del APRA (2da Vicepresidencia y un voto adicional), APP (3ra Vicepresidencia y 2 votos más) y AP (2 votos). Tanto el FA como PPK cuentan con 3 votos, respectivamente.

Actualmente el Sistema de Defensa Jurídica del Estado se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de Justicia, y es dirigido por un Consejo compuesto por el Ministro de Justicia o su representante, y dos miembros designados, encargo que actualmente recae en Julia Príncipe, Enrique Bernales y Pedro Angulo. Ellos evalúan y proponen al Presidente de la República la designación de los procuradores públicos.

Por ello, instamos al Congreso de la República a desestimar este dictamen y devolverlo a la Comisión de Constitución y Reglamento, para que –en coordinación con la sociedad civil y el actual Sistema de Defensa Jurídica del Estado- se diseñe una reforma constitucional que cree una Procuraduría General de la República con un procedimiento de elección transparente que garantice el escrutinio público, así como la autonomía suficiente para defender el interés común y no estar sujeta a eventuales presiones ni intereses subalternos de las mayorías políticas del Congreso.

Asimismo, convocamos a la ciudadanía a mantenernos vigilantes sobre este nuevo intento de copamiento del Estado en desmedro de la institucionalidad democrática, requisito fundamental para la vigencia irrestricta de los derechos humanos de todas las peruanas y peruanos.

Lima, 9 de diciembre de 2016
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

 

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