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Jorge Bracamonte Allaín, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH en la ceremonia de entrega de los Premios de Derechos Humanos 2016.

Jorge Bracamonte Allaín, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH en la ceremonia de entrega de los Premios de Derechos Humanos 2016.

XXVI ENTREGA DEL PREMIO ANUAL EN DERECHOS HUMANOS

Tiempos difíciles, tiempos de esperanza

Jorge Bracamonte
Secretario Ejecutivo de la CNDDHH

En 1991, en circunstancias difíciles en las que las poblaciones más pobres y excluidas dolorosamente pagaban los costos del fujishock y el “Que Dios nos ayude”, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos decidió reconocer la titánica labor de la Comisión Nacional de Comedores Populares y la Federación Metropolitana del Vaso de Leche, organizaciones de mujeres que desplegaron todas sus capacidades para defender la vida en medio de la pobreza y la violencia. En esa oportunidad también se reconoció a Porfirio Suni, Presidente de la Comisión de Pacificación y Derechos Humanos de la Región José Carlos Mariátegui, asesinado en Puno por Sendero Luminoso.

En aquellos días las dudas sobre la viabilidad de nuestro país nos asaltaban a todas y todos. El padre Gustavo Gutiérrez refería que en el Perú había dos tipos de ciudadanos: los que tenían pasaporte y los que no. El Estado se reducía a su mínima expresión, mientras el narcotráfico y las economías ilegales, la mafia y la corrupción se apoderaban del país. En esas circunstancias, los premios de la Coordinadora no sólo reconocían una contribución en favor de la vida, justicia y dignidad de quienes no tenían pasaporte, sino, sobre todo, nos devolvían la esperanza, constituían salidas al dolor.

Hoy, 25 años después, las dudas sobre la viabilidad de nuestro país, su democracia e instituciones nos asaltan nuevamente. Anoche miles de ciudadanas y ciudadanos hemos salido a las calles en defensa de la democracia y los bienes de la Nación, como el derecho a una educación pública justa y de calidad.

En las últimas semanas hemos sido testigos del accionar irresponsable del Congreso de la República, de su mayoría congresal y aliados, quienes han desatado una sórdida carrera por el control de las instituciones del Estado independientemente de la calificación profesional y la solvencia ética de las y los propuestos. Su único requisito pareciera ser la lealtad política al fujimorismo.

Se han empezado a aprobar propuestas de reforma constitucional para cooptar instancias que aún no pueden ser controladas por el Congreso, como la Procuraduría General de la República. Se han distorsionado totalmente iniciativas que deberían formar parte de reformas profundas e integrales, como la de los partidos políticos y la lucha contra la corrupción. Y, en medio de todo esto, debemos tolerar a voceros que fungen de moralizadores del Estado o de vanguardia anti-corrupción, cuando todas y todosconocemos con exactitud que no se trata más que de personajes que se han valido de la inmunidad para que sus delitos prescriban, que documentadamente han realizado transacciones con personajes investigados por lavado de activos procedentes del narcotráfico.

La crisis de nuestras instituciones a las que nos empuja la mayoría del Congreso, es también parte de la profunda crisis moral de nuestro país.

Frente a esta debacle no podemos quedarnos de brazos cruzados. El señor Pedro Pablo Kuczynsky, nuestro presidente, está llamado a fortalecer la democracia y sus instituciones, muy lejos de cualquier forma de chantaje o presión del poder político o económico. Nuestro presidente tiene  el mandato de facilitar y liderar el mayor diálogo y entendimiento en el país, de devolvernos sobre los grandes problemas nacionales: la corrupción, la inseguridad y criminalidad organizada, los conflictos sociales, la situación de las poblaciones excluidas y sin derechos, la penetración del narcotráfico, entre otros temas igualmente importantes. El diálogo y la necesidad de construir acuerdos mínimos nos compromete a todas y todos, y no implica concesiones a quienes actúan con deslealtad frente a la democracia.

En este sentido, ante la precariedad de nuestras instituciones, a las y los ciudadanos nos toca cumplir un rol activo, como lo hemos evidenciado anoche. Nos toca asumir retos que en otras circunstancias corresponderían a los partidos políticos o al propio Estado. Así, debemos encarar desde cada uno de nuestros espacios la defensa de la democracia y de los derechos que a cada uno de nosotros y nosotras nos corresponden como bien público inalienable. Debemos encarar el debate sobre los problemas nacionales enclosetados inmediatamente después de las elecciones. Debemos encarar desde nuestros cuerpos y nuestras vidas el tejido de empatía, reconocimiento y solidaridad con quienes antes no tenían pasaporte y hoy son criminalizados en Saramurillo, Saramuro, Las Bambas, el Yagén, en Ica; quienes hoy son afectados por los derrames de petróleo y contaminación de las extractivas; o quienes son amenazados y perseguidos por las redes criminales cuando ejercen cargos públicos o dirigenciales, como ocurre con frecuencia en la región norte del país. Frente a estos retos, nuestras voces como defensoras y defensores de derechos humanos afirman la posibilidad de una otra historia, de un país que se piensa en la posibilidad de la justicia y la dignidad para todas y todos.

Hoy, pensar en el otro, en la otra, termina siendo una práctica extraña. Sin embargo, es aquello que hace habitable la realidad dificil, dolorosa y agotadora a la que nos enfrentamos. Y es lo que caracteriza a las y los defensores de derechos humanos, a quienes entregan su tiempo y energía, a quienes ponen sus cuerpos y vidas por el bien común, con el único deseo de que los derechos humanos dejen de ser una frase vacía para constituirse en realidad concreta en la vida de todas y todos, y especialmente en la de las y los mas excluidos. Por eso, esa noche queremos rendirles un homenaje.

Nuestro Premio Anual lleva el nombre de Ángel Escobar Jurado, dirigente campesino y activista en derechos humanos desaparecido en 1990 luego de ser interceptado por cinco sujetos armados y encapuchados a la salida de la Comisión de Derechos Humanos de Huancavelica. Y este año lo entregaremos a la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, no solo por su contribución histórica a la defensa de los derechos laborales en nuestro país, sino también por su defensa de la vigencia irrestricta de la democracia en contextos tan dificiles como los de los años 90, así como en los últimos años frente a los sistemáticos intentos de recortes de derechos que siempre nos amenazan.

El Premio Periodismo y Derechos Humanos reconoce este año dos contribuciones periodísticas clave para afirmar la vigencia de los derechos humanos. La de César Romero del Diario La República que ha contribuido al conocimiento público de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Y la de Pedro Salinas y Paola Ugaz que ha develado los abusos sexuales de menores en el Sodalicio de Vida Cristiana.

Esta noche también haremos un reconocimiento especial a los familiares de las víctimas del conflicto armado interno, representados por los familiares de los casos Accomarca, Sótanos del SIE 2 y Hugo Bustíos. Y también a Ernesto de la Jara, fundador del Instituto de Defensa Lefal e impulsor de la formación de la Coordinadora.

En ellas y ellos se encarnan los valores por los que luchamos, así como nuestra esperanza de un Perú más justo, más humano, en el que nos reconozcamos en nuestras diferencias y estas dejen de ser sinónimo de desigualdad, y se constituyan en la base de una democracia en la que los derechos humanos nunca más sean violados. En ese Perú soñamos, y por ese Perú las y los invitamos a seguir luchando, a seguir construyendo.

Muchas gracias.

Lima, 13 de diciembre de 2016

 

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