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COMUNICADO


ANTE EL INTENTO ILEGAL DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PODRÍA AGRAVAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alerta la intención congresal de concretar ilegalmente una reforma constitucional para ampliar las detenciones preliminares hasta por 48 horas, y hasta por 15 días por cargos de crimen organizado, con lo que se podría agravar la criminalización de las y los defensores de derechos humanos que lideran y/o participan en protestas en defensa de sus comunidades.

La propuesta de reforma constitucional surgida del fujimorismo y la bancada de gobierno constituye una grave amenaza a la vigencia irrestricta de los derechos de la libertad y debido proceso, y no alienta en sí mismo un mejor funcionamiento del sistema de adminitración de justicia para lograr una efectiva seguridad ciudadana que permita la tranquilidad de todas las personas. Por el contrario, contraviene obligaciones internacionales del Estado peruano en estas materias, distrayendo a la ciudadanía con medidas populistas pero poco útiles.

Además, puede convertirse en una herramienta de persecución penal de la ciudadanía organizada que cuestione el modelo económico. La historia reciente de criminalización de la protesta social, de abuso frente a líderes estudiantiles y movimientos que se organizaron para defender sus derechos laborales, nos demuestra los altísimos riesgos que implica otorgar excesiva discrecionalidad a los agentes estatales para la detención de personas.

Esta iniciativa, surgida del fujimorismo y la bancada de gobierno, recibió apoyo unánime del Congreso en la primera votación de diciembre de 2016 en el marco del periodo anual de sesiones 2016-2017, quedando pendiente su segunda votación en el siguiente periodo anual 2017-2018, según manda el artículo 81 del Reglamento del Congreso. Sin embargo, a pesar que dicho periodo empezará recién el 28 de julio de 2017, esta votación figura en la agenda del Pleno desde la semana pasada.

Demandamos al gobierno, y en especial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como a la Defensoría del Pueblo, pronunciarse pública y urgentemente sobre este asunto. Asimismo, exigimos a las y los congresistas respetuosos de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y comprometidos con la garantía de estos, rechazar esta medida, impedir su votación ilegal y desarrollar iniciativas legislativas que ataquen el problema de fondo de seguridad ciudadana sin populismos penales que pongan en riesgo la vigencia irrestricta de derechos fundamentales.

De igual manera, alertamos a la comunidad internacional de los pasos que se están dando en el país para agravar un régimen que persigue penalmente a quienes se organizan para defender sus derechos, cuestionan y protestan, pasos que son propiciados de manera conjunta por un Congreso de la República con una mayoría de 72 congresistas fujimoristas y por el Poder Ejecutivo.

Lima, 19 de abril de 2017

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

 

 

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