0
Compartir

COMUNICADO

(Foto: El Comercio)

La CNDDHH frente al desastre ambiental que afrontan las ciudadanas y ciudadanos del distrito de Simón Bolívar, provincia de Cerro de Pasco, urge a los ministerios responsables a tomar acciones inmediatas para salvaguardar su vida y su salud

El Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS), del MINSA, encontró 120% de plomo en la sangre de una niña de año y medio, en el año 2006, situación por la que estarían pasando otras niñas y niños de la región Pasco, registrándose graves enfermedades, incluso muertes. Sin embargo aún no hay medidas estatales eficaces frente a este desastre ambiental que está atentando contra el derecho a la vida y la salud de una población entera.

A pesar que en mayo de 2012 se declaró el distrito en estado de emergencia, mediante Resolución Ministerial de N° 117-2012-MINAM, no se tomaron medidas efectivas para asegurar el derecho a la vida y la salud de la población afectada. Es por esto que, ante la falta de atención a sus justos reclamos, en septiembre de 2015 la ciudadanía de Simón Bolívar realizó una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima, aunque nuevamente sus pedidos no fueran atendidos por el gobierno del entonces presidente Humala Tasso.

Incrementando este sufrimiento y olvido por parte del Estado de una población entera contaminada, el actual gobierno publicó este 7 de junio el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, mediante el cual se flexibiliza el ECA del aire y eleva el parámetro de emisión de dióxido de azufre diario de 20 ug/m3 a 250 ug/m3 e incrementa el número de veces en que una empresa puede superar dicho parámetro, de 3 veces al año a 7 veces por año, entre otras medidas; todos estos cambios implican un mayor deterioro en la calidad de vida de las personas ya afectadas y con graves enfermedades producto de la contaminación por metales pesados. Este decreto también favorece el accionar del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Desde el 13 de junio del presente año, nuevamente la ciudadanía del distrito de Simón Bolívar incluyendo niñas y niños, entre quienes se encuentran pacientes con cáncer y leucemia (muy probablemente producto de la contaminación por metales pesados en su comunidad), han llegado a la ciudad de Lima y se encuentran encadenados en las rejas del Ministerio de Salud demandando una urgente solución frente a la tragedia ambiental que sufren. Hasta ahora sus reclamos no han sido atendidos con seriedad y compromiso firme de tomar las medidas necesarias para salvaguardar su derecho a la vida y a la salud.

Su pedido urgente es la construcción de un centro de salud con capacidad de atención y desintoxicación de estos graves casos, el diagnóstico y atención a toda la ciudadanía de Cerro de Pasco; además del cierre de los pasivos ambientales con geomembranas que rodeen los asentamientos humanos de Cerro de Pasco; la arborización de toda la ciudad; la pavimentación de pistas y veredas con el objetivo mitigar la contaminación del suelo, agua y aire; entre otros requerimientos.

La situación empeora dado que, lejos de escuchar sus justos reclamos, se les ha denunciado ante el Poder Judicial por violencia familiar y ante la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; lo cual agrava la situación de afectación de las niñas y niños pudiendo incluso separarlas y separarlos de sus padres y generar un contexto de violencia social, con lo cual se afectará aún más su salud física y emocional.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos urgimos a los ministerios responsables (PCM, MINSA, MINEM, MINAM, MINJUS y Vivienda) a atender esta situación, cabe señalar que a la fecha el Ministerio de Salud no cuenta con un protocolo ni programa de atención apropiados para enfrentar esta emergencia. Esta emergencia debe ser liderada y asumida desde la Presidencia del Consejo de Ministros de manera efectiva, no se puede seguir poniendo trabas a las justas demandas de la ciudadanía de Cerro de Pasco.

De igual manera exhortamos a las autoridades responsables del sistema de justicia a resolver esta situación sin interferencias políticas y bajo el más absoluto respeto del Estado de derecho, velando siempre por el principio del interés superior del niño para evitar situaciones que pudieran agravar aún más su integridad.

Lima, 21 de junio de 2017

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

 

Puede interesarte: