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Proteger a personas que defienden los derechos humanos debe ser una prioridad para el nuevo gobierno de Perú

La Plataforma Europa Perú (PEP) expresa su preocupación por la situación de riesgo que corren defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan por la defensa de su territorio y por un medio ambiente sano, debido al incremento de amenazas e incidentes de intimidación reportados en los últimos meses. Por ello, queremos exhortar al nuevo gobierno del Presidente Vizcarra a que haga prioritaria la creación de una política de protección para defensores de derechos humanos efectiva, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos internacionales.

Las situaciones de riesgo son aún más críticas cuando defensoras y defensores de derechos humanos viven en lugares remotos, en donde la presencia del Estado es mínima y en donde cualquier mecanismo de protección es inexistente, ni toma en cuenta las particularidades de riesgo que encuentran comunidades enteras, y en particular los líderes que las representan.

Este es el caso, por ejemplo, de la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran los y las defensores de la Reserva Comunal Chaparrí, en la región de Lambayeque, uno de los últimos reductos del oso de anteojos en Perú; zona que fue declarada como reserva de conservación debido a su frágil habitat y ecosistema.

De acuerdo a la información recibida , en el 2015 una banda criminal conocida como el Clan Cruzado comenzó a apoderarse de los terrenos de la Comunidad Muchick Santa Catalina de Chongoyape, hostigando de manera permanente a los comuneros que defienden el medio ambiente y a los profesionales que les apoyan, todos ellos agrupados en la plataforma denominada Frente de Defensa Salvemos Chaparrí.

En diciembre del 2017 fue asesinado el teniente gobernador de la comunidad, Napoleón Tarrillo, como aparente represalia a su iniciativa de constituir una ronda campesina para defender la Reserva.La situación de riesgo en la zona se ha agravado recientemente, pues se han registrado al menos cinco acciones de vigilancia demostrativa contra dirigentes comunales, a la vez que se han reportado 10 incendios forestales, al parecer intencionales, en lo que parece ser una forma de deforestar la zona para futuras plantaciones de monocultivos.

Esta situación se suma a otros casos documentados en el año 2017, como es el caso de la situación en la que se encuentran los líderes de la comunidad de Santa Clara de Uchunya y miembros de la Federación de las Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), en el departamento de Ucayali. Líderes de esta comunidad han sido amenazados por su defensa de la tierra en contra de las acciones ilegales de deforestación y acaparamiento de tierra de la compañía de palma aceitera Ocho Sur P SAC (antes conocida como Plantaciones de Pucallpa SAC). Dicha compañía está bajo investigación por haber acaparado más de 7000 hectáreas pertenecientes a la comunidad.

La PEP ve con consternación que este aparente incremento de amenazas se está llevando a cabo en un contexto en el cual no existe un marco integral de protección para defensores de derechos humanos en el Perú, que combine tanto medidas de protección para aquellos en riesgo con investigaciones efectivas, para acabar con la impunidad y llevar ante la justicia a los responsables de estos ataques contra quienes defienden su territorio y medio ambiente. Toda medida de protección debe de contener una perspectiva de género y tomar en cuenta el contexto particular de cada comunidad y los deseos de los y las defensoras en riesgo.

Ante esta situación la PEP solicita a las autoridades peruanas con carácter urgente lo siguiente:

  • Al Ministerio Público, investigar de manera inmediata la responsabilidad en el asesinato de Napoleón Tarrillo y los demás actos de intimidación contra las y los defensores de Chaparrí.De igual manera, investigar de manera inmediata los actos de amenazas e intimidación contra los defensores de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, y llevar a los responsables ante la justicia.
  • Al Ministerio del Interior, implementar medidas de protección en coordinación con los defensores de Chaparrí, incluyendo el incremento de la presencia policial en la Comunidad y la realización de labores de inteligencia. De igual manera, implementar medidas de protección en coordinación con los defensores y defensoras de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, en Ucayali.
  • Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, implementar una política integral de protección a defensoras y defensores que comprenda un mecanismo de protección de acuerdo a los estándares fijados por la CIDH en su reciente informe sobre la materia.
  • Al Ministro de Relaciones Exteriores, invitar el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos y organizar su visita oficial al Perú.

 

PLATAFORMA EUROPA PERÚ

  • Asociación pro derechos humanos de España (España)
  • Asociación Putumayo (Bélgica)
  • BroederlijkDelen (Bélgica)
  • Catapa (Bélgica)
  • Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
  • Commission Justice et Paix (Bélgica)
  • Entraide et Fraternité (Francia)
  • Entrepueblos (España)
  • FOS (Bélgica)
  • Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
  • Campaña Perú País Minero (Alemania)
  • Peru Support Group (ReinoUnido)
  • PeruKommiten for MR (Sweden)
  • Secours Catholique (Francia)
  • 11.11.11 (Bélgica)

 

 

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