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La resolución de la Corte IDH sobre el indulto
a Alberto Fujimori en 5 puntos

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la supervisión del cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta por parte del Estado peruano constituye un precedente histórico para todo el continente, ya que explicita el estándar para resolver indultos o reducciones de penas a sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos. En resumen:

1. Señala que la reducción de las penas a sentenciados/as por graves violaciones a los derechos humanos colisiona con el deber estatal de sancionar estos delitos, así como con el derecho a la justicia para las víctimas y sus familiares.

“La ejecución de la pena también forma parte de dicha obligación [estatal de investigar, juzgar y sancionar], y que durante la misma no se deben otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad. Asimismo, la ejecución de las sentencias es parte integrante del acceso a la justicia de las víctimas.” (párrafo 30)

“En casos de graves violaciones a los derechos humanos, en que mediante un proceso penal se fijó una pena proporcional a los bienes jurídicos afectados, el posterior perdón de la misma por una decisión del Presidente de la República conlleva a una mayor afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas…” (párrafo 56)

2. Explicita que, en caso la persona sentenciada por graves violaciones a los derechos humanos tenga problemas de salud, se deben tomar medidas que garanticen su atención médica adecuada sin restringir el derecho a la justicia para las víctimas.

“Dependiendo de factores como situación de salud, riesgo de vida, condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), corresponde al Estado valorar proporcionalmente cuál es la medida de carácter administrativo o figura jurídica que permita proteger la vida y la integridad del condenado, siempre que la misma se otorgue debidamente y siguiendo un fin legítimo que no signifique únicamente dejar de asegurar la ejecución de la pena.” (párrafo 52)

“En casos de graves violaciones de derechos humanos dicha medida o figura jurídica debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante…” (párrafo 53)

3. Determina que la posible extinción de una pena por graves violaciones a los derechos humanos debe tener en cuenta otros criterios además de la salud de la persona condenada, como su conducta, el reconocimiento de la gravedad de sus delitos y los efectos sobre las víctimas y sus familiares.

“Resulta necesario que, además de la situación de salud del condenado, se tomen en cuenta otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.” (párrafo 57)

4. Reitera que el Estado peruano no ha dado cumplimiento pleno a las sentencias de la CoIDH para los casos Barrios Altos y La Cantuta en materia de reparaciones (tanto civiles como en educación, salud y simbólicas), búsqueda de desaparecidos/as, acciones educativas a funcionarios/as públicos, entre otras (ver la parte resolutiva, puntos 2 y 3).

5. Brinda la oportunidad al Estado peruano de revisar en el Tribunal Constitucional el indulto otorgado a Alberto Fujimori Fujimori, y le ordena informar al respecto a más tardar el 29 de octubre (ver parte resolutiva, punto 4). No obstante, “esta Corte identifica que existen serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho peruano para otorgar dicho “indulto por razones humanitarias”” como la objetividad de la junta médica, la carencia de motivación debida y el contexto en el que se concretó (párrafo 69).

PRÓXIMOS PASOS: Las y los familiares de las víctimas de Alberto Fujimori Fujimori, junto a sus abogados/as, presentarán en las próximas semanas un recurso ante el Tribunal Constitucional.

 

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