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(Imagen: Aprodeh)

Por hechos relacionados a la protesta social en contra del proyecto Las Bambas en setiembre de 2015 en Cotabambas – Tambobamba

CNDDHH expresa su rechazo y condena la negligente actuación de la Fiscalía de Challhuahuacho que solicitó la suspensión de la Audiencia de Juicio Oral seguido contra 19 comuneros

Para este 22 de mayo de 2019, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac; programó la instalación e inicio de Juicio Oral contra 19 campesinos, entre dirigentes y miembros de comunidades campesinas andinas afectadas por el desarrollo del proyecto minero Las Bambas, respecto de los cuales la fiscalía ha solicitado la imposición de penas privativas de libertad que van de entre los 11 y 17 años.

Al respecto, como se recordará, el 25 de septiembre de 2015 las comunidades andinas de las provincias de Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido cuyo punto principal estaba referido al tema de no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero las Bambas de la empresa Minerals and Metals Group (MMG).

Asimismo, exigían que la citada empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con estas comunidades, llegando a su punto más álgido el 28 de septiembre de 2015, fecha en la cual se generó una brutal represión, por parte de la Policía Nacional del Perú, contra los comuneros que no hacían más que ejercer su derecho a la legítima protesta pública en defensa de sus derechos fundamentales, situación que generó, incluso, la muerte de 03 comuneros.

Injusta y arbitrariamente, en su vano intento de detener las protestas, el Estado y la empresa minera encargada del proyecto, denunciaron penalmente, a los 19 campesinos antes referidos quienes en realidad son defensores de derechos humanos, conforme a los instrumentos internaciones de Naciones Unidas de protección de derechos humanos.

Sin embargo, al casi cumplirse casi4 años de abierto el proceso penal y ante una reprogramación,hasta por segunda vez, de la Audiencia de instalación de Juicio Oral (las dos primeras veces se programó la Audiencia para el 13 de marzo y el 15 de abril de 2019) para este 22 de mayo de 2019, la misma sólo se instaló porque llegado el momento de darse inicio con la sustentación oral de la acusación, el fiscal minutos después de iniciarla, ante la observación de la defensa técnica de los acusados, por la ambiguedad en la fundamentación de la misma, solicitó la suspensión de la Audiencia alegando “complejidad y desconocimiento del proceso dado a que el caso recién lo había conocido desde el día 8 del pasado mes de abril”.

La defensa legal de los procesados expresó su extrañeza con tal irresponsable argumento, señalando que debía tenerse en cuenta que la fiscalía actúa como una institución corporativa que, en el caso concreto de la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho – Cotabambas, contaba con dos fiscales adjuntos y un titular, precisamente, para que puedan distribuirse y apoyarse en todos los casos penales a su cargo, pero además, por expresión del propio fiscal ya conocía el caso desde hacía 45 días antes, por lo que su accionar funcional resultaba absolutamente reprochable.

Además, que la Audiencia estaba programada con 37 días de anticipación y que se debía de tener en cuenta que los acusados, son campesinos de muy escasos recursos y que dicha actitud de la fiscalía significaba no sólo violentar flagrantemente la ley procesal que establece que las audiencias son inaplazables (salvo situaciones excepcionales), sino que, sobre todo, significaba actuar con indolencia frente al gran esfuerzo y sacrificio desplegado por los acusados para presentarse a la audiencia (mucho de los cuales han caminado más de 24 horas) al residir en comunidades muy alejadas de la capital de la provincia y con las cuales no hay comunicación por carretera.

Al respecto, el Juzgado accedió al pedido de la fiscalía, no sin antes señalarle que su actitud no era propia de un actuar responsable y diligente con el cumplimiento de sus funciones como institución corporativa vinculada a la administración de justicia; por lo que le exhortó a que en la próxima sesión de Audiencia llegue con la debida preparación, máxime si en la anterior fecha programada para la referida Audiencia, ésta se suspendió por su inasistencia; reprogramando la continuación de la Audiencia para el 3 dejulio de 2019.

Frente a ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

1) Rechaza y condena el actuar poco serio e indolente de la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho – Cotabambas frente al gran esfuerzo de los procesados para asistir a las Audiencias que se han suspendido por razones imputables a la misma.

2) Exige que la Fiscalía asuma con responsabilidad su rol de garante de la legalidad, según nuestro mandato constitucional, y se abstenga de recurrir a argumentos cuestionables como la supuesta falta de conocimiento del proceso penal para frustrar ilegalmente las diligencias judiciales y postergarlas en violación al debido proceso judicialy en vulneración a su derecho a ser procesados dentro de un plazo razonable y no en 4 años.

3) Exhorta el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac que, en ejercicio de su facultad disciplinaria legal, sancione ejemplarmente el irresponsable proceder de los fiscales encargados de participar en este proceso penal.

4) Exhorta al Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac que, en ejercicio de su facultad de administración de justicia oportuna,disponga el archivo inmediato y definitivo del proceso penal en caso los fiscales no puedan fundamentar debidamente su acusación.
5) Exige a la Fiscalía de La Nación para que ante esta situación de indefinida reprogramación y suspensión de audiencias motivadas por los fiscales provinciales de Chalhuahucho, disponga la apertura de una investigación disciplinaria por inconducta funcional y seimponga las sanciones que correspondan.

6) Exige a la Presidencia del Consejo de Ministros un pronunciamiento público contra esta conducta irresponsable de los fiscales de Challhuahuacho, en la medida que no se condice con la voluntad política expresada por el gobierno de darle una pronta solución ala problemática de derechos humanos y criminalización de la protesta social generada alrededor del proyecto minero Las Bambas.

 

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