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PRONUNCIAMIENTO

Se aproxima golpe a la fiscalización
Ambiental en el Perú

En los próximos días, el Tribunal Constitucional (TC) emitirá su fallo sobre las demandas de amparo presentadas por las empresas Perubar y Cerro Verde contra el aporte por regulación que realizan al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el cual permite financiar los gastos de la fiscalización ambiental en un 74%, las redes y organizaciones de la sociedad civil, que damos seguimiento a ésta problemática, nos dirigimos a la opinión Pública y al TC señalar lo siguiente:

1) Que es necesario recordar que la Corte Suprema ya se ha pronunciado anteriormente en un proceso de acción popular a favor de la constitucionalidad y legalidad del Decreto Supremo N° 130-2013-PCM que establece el aporte por regulación, al declarar infundada dicha demanda interpuesta en contra de ella por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). Entendemos que este fallo constituye cosa juzgada, por lo tanto, no debería darse un pronunciamiento en sentido contrario. Si el TC declara fundada la demanda de amparo en este sentido, podría vulnerarse la calidad de cosa juzgada, la seguridad jurídica que tanto cuesta lograr en el Perú y la importancia de la acción popular como una garantía constitucional de nuestro Estado.

2) El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N°28237, establece que la cosa juzgada en los procesos de acción popular vincula no solo a los poderes públicos, sino también a los propios jueces, lo que evidentemente incluye al TC: “Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”.

3) Por otro lado, son 18 acciones de amparo que diversas empresas han presentado buscando eliminar el aporte por regulación, por lo que sería un duro golpe a la fiscalización ambiental, pues reduce significativamente los ingresos del OEFA, que actualmente permite financiar el 74% de las acciones de fiscalización, y con ello la posibilidad de financiar sus acciones, que de por sí suelen ser muy costosas. Esto afecta una función del Estado esencial para evitar situaciones de riesgo, o corregir acciones o actividades que producen daños al ambiente en el marco de las actividades extractivas; así como sancionar comportamientos y prevenir nuevas situaciones violatorias de derecho a un medio ambiente sano, así como al ordenamiento ambiental.

4) Por si no fuera poco, un fallo del TC en contra del aporte por regulación, obligaría al OEFA a devolver a las empresas aportes recaudados desde el 2014, que en conjunto suman aproximadamente S/696 millones. Lo que implicaría, de acuerdo a cifras de la OEFA, la imposibilidad de llevar a cabo 270 compromisos de supervisión previstos para el año en curso y el cierre de hasta 29 oficinas del OEFA a nivel nacional.

5) Finalmente, la Defensoría del Pueblo, a través de Nota de Prensa N°125/OCII/DP/2019 de fecha 09 de mayo de 2019, advierte que una sentencia del TC favorable a las empresas Cerro Verde y Perubar debilitaría seriamente el proceso de fiscalización ambiental en la minería, el cual es “de máxima importancia para la protección del derecho a un ambiente sano en nuestro país, pues asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental en beneficio del entorno, la vida y la salud”.

Exhortamos al TC a evaluar con mucho cuidado y rigor lo que implicaría un eventual fallo contra el aporte por regulación para los fines y la eficacia de la fiscalización ambiental en el Perú. Alertamos a la opinión pública sobre los peligros que se ciernen sobre la institucionalidad ambiental de concretarse este fallo de forma favorable a las empresas mineras demandantes, y cómo sus efectos pueden devenir en un aumento de los conflictos sociales en el país como es el caso del proyecto minero Las Bambas.

14 de mayo de 2019

  • Grupo de Trabajo sobre Pubelos Indígenas de la CNDDHH (*)
  • Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOCICC
  • Foro Social Panamazónico- Perú

 

(*) El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH está integrado por las siguientes organizaciones: CooperAcción, IDL, Red MUQUI, DAR, Asociación SER, COMISEDH, FEDEPAZ, APRODEH, IDLADS, CAAAP, DHSF Cusco, Earth Rights, IBC Perú, OXFAM Perú, CEAS, Paz y Esperanza, Perú Equidad, Forum Solidaridad Perú, Servindi, CNDDHH

 

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