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PRIMER CASO DE TORTURA POR DISCRIMINACIÓN CONTRA UNA PERSONA LGTBI LLEGA A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Barranquilla, 27 agosto de 2019) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) considerará hoy por primera vez en su historia un caso de tortura por discriminación contra una persona LGTBI en América Latina. Se trata del caso de violencia sexual como tortura sufrida por Azul Rojas Marín.

Azul fue detenida arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional del Perú el 25 de febrero de 2008 en Casa Grande (La Libertad). Durante su detención los agentes agredieron a Azul con expresiones homofóbicas (Azul en ese entonces se identificaba como un hombre gay), la trasladaron a una comisaría, la forzaron a desnudarse y la violaron con una vara de reglamento. Pese a que presentó una denuncia penal por violación sexual, abuso de autoridad y tortura, más de 11 años después de estos hechos, los responsables aún no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú.

Azul llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y REDRESS.

La Comisión consideró que por la naturaleza y forma de la violencia hubo un especial ensañamiento contra Azul debido a su orientación sexual percibida por los agentes, lo cual constituyó tortura con un fin discriminatorio. La CIDH encontró que el Estado peruano no investigó con debida diligencia la denuncia de Azul, con el factor agravado del prejuicio existente en Perú respecto a las personas LGTBI.

La CIDH recomendó a Perú adoptar una serie de medidas para reparar el daño material y moral sufrido por Azul y por su madre, incluyendo medidas de satisfacción, rehabilitación y compensación, incluyendo disculpas públicas, una pronta y efectiva investigación de los hechos; y adoptar garantías de no repetición. La Comisión consideró que Perú no había dado cumplimiento integral a las reparaciones ordenadas, por lo que el 22 de agosto de 2018 sometió el caso a la Corte IDH.

Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región.

Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal.