Declaración de la sociedad civil sobre el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú

Los días 2 y 3 de diciembre diversas organizaciones sociales, centrales sindicales, organizaciones indígenas, instituciones de la sociedad civil, investigadores, ciudadanos y ciudadanas de más de diez regiones del país nos hemos reunido para hacer un balance sobre la situación de los derechos humanos frente a las interveciones de las empresas en el Perú. Esta iniciativa se ha dado en el marco de la ejecución del Lineamiento 5 del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que tiene por finalidad incorporar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el ordenamiento legal nacional, a través de un proceso participativo de formulación de una política pública denominada Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), que el Gobierno peruano tiene previsto aprobar el 2020.

En ambos días hemos compartido casos y reflexiones relacionadas a los múltiples impactos en los derechos humanos que tienen las actividades empresariales, beneficiadas por un crecimiento económico que está impactando en la reducción de las desigualdades económicas y sociales. Hemos identificado afectaciones en diversos sectores y lugares, entre ellos: la actividad minera en Cusco por empresas como Hudbay Minerals y Glencore, Apurímac con MMG Las Bambas, Moquegua con Southern Perú y Anglo American, Ancash con Antamina, Junín con Chinalco y Doe Run; y en Oyón (Lima) con Buenaventura. Por otro lado, los impactos en el ambiente, la salud y territorio por derrames petroleros en Loreto y Amazonas por el Oleoducto Norperuano operado por Petroperú, así como los lotes petroleros de empresas privadas como Pluspetrol y Frontera Energy, y amenazas al territorio como en Loreto con Geopark.

Además, se socializaron las amenazas latentes por los proyectos de mega infraestructura como la Hidrovía Amazónica, que afectará pueblos indígenas en Ucayali y Loreto, y el megapuerto de Chancay (Lima) relacionadas como la empresa china  Cosco Shipping Ports y la empresa Volcán; el despojo del territorio y la creciente deforestación por la agricultura a gran escala en Ucayali con empresas de palma aceitera, o la violación de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras de la agroexportación en Ica, con varias empresas nacionales que ponen en riesgo la sostenibilidad futura del recurso hídrico y la pequeña agricultura, que de ella depende ; así como las miles de víctimas de la contaminación por metales pesados y otras sustancias tóxicas principalmente donde existen operaciones mineras y petroleras.

Esta evaluación nos permite identificar, como un problema principal,  la debilidad institucional del Estado peruano para poder proteger, respetar y remediar los derechos humanos a través de la fiscalización de normar y sanciones de diversas vulneraciones de derechos producto de las actividades empresariales. A su vez, en este balance nacional hemos resaltado la crisis que el gran sector empresarial tiene en estos momentos, por sus vínculos de diversas compañías en los sectores financieros, mineros, petroleros, pesqueros, de infraestructura, agroindustria, entre otros, con la corrupcón. Lo ocurrido con la CONFIEP, que agrupa a los más importantes gremios empresariales, nos muestra que estas empresas no sólo vulneran derechos humanos, sino que buscan controlar y capturar el Estado, lo cual se expresa en los aportes económicos para influir en las decisiones públicas de fiscalización, legislación o sanción, que termina vulnerando los derechos fudamentales.

Frente a este orden de cosas, consideramos que el Plan Nacional de Acción, actualmente en discusión, constituye una oportunidad fundamental para replantear la relación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. Para ello el Plan que se apruebe debe garantizar su carácter vinculante y obligatorio, con participación efectiva de las víctimas y organizaciones representativas de la sociedad y con una adecuada asignación en el presupuesto público que asegure su implementación. Para ir cerrando las brechas y asimetrías existentes, se debe implementar actividades informativas y de capacitación con los diversos actores sociales, en las mismas regiones, con financiamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, para el proceso de diagnóstico y línea de base del PNA deben ser incorporados temas centrales, como:

1. Derecho a la vida, la salud, el ambiente y al agua, principalmente para niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
2. Derecho a la participación y al consentimiento y consulta previa, libre e informada.
3. Derecho al trabajo decente y el ejercicio de condiciones laborales adecuadas y justas.
4. Derecho al territorio de los pueblos indígenas u originarios.

En respeto a los derechos que les corresponde a los pueblos indígenas, es necesario que el PNA debe ser llevado a un proceso de consulta previa, libre e informada, de acuerdo al Convenio núm. 169 de la OIT y las normas nacionales. Finalmente, debe considerar un mecanismo de seguimiento participativo en cumplimiento del PNA.

Este diálogo con los diversos actores públicos, empresariales y de sociedad civil debe ser el camino para que el PNA sea reconocido como una política pública legítima que confronte las fuentes de las violaciones de derechos por actividades empresariales, en materia laboral, ambiental, frente a la salud, el territorio y el agua, así como los riesgos que implican para los defensores y defensoras de derechos.

Lima, 8 de diciembre 2019

¡Los y las firmantes suscribimos esta declaración y estaremos vigilantes!

• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos -CNDDHH
• Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
• Plataforma Nacional de Salud, Ambiental y Humana
• Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP
• Central Unitaria de Trabajadores del Perú – CUT
• Federacion Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
• Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú – FNTTP
• Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís – GTANW
• Consejo Machiguenga del Río Urubamba COMARU
• Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO
• Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, ORPIANP
• Federación Distrital de Mujeres de Cotabambas – FEDIMUC, Apurímac
• Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas
• Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas – FUDICH, Cusco
• Federación Interprovincial de Defensa Territorial y de Ambiente de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau –
• FIDTACCHEPG
• Organización Regional Aidesep Ucayali – ORAU
• Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes – FECONAU
• Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios – PUINAMUDT
• Federacion de pequeños productores y usuarios del agua- Ica FEPROAGUA
• Sindicato de Trabajadores Agrokasa
• Sindicato de Trabajadores Monsanto Perú SA
• Sindicato de Contratistas de Oyón
• Sindicato de Docentes Rurales de Loreto – SIDDIER-L.CUT-Loreto
• Comunidad campesina de Alto Huancané, Cusco
• Asociación de Viviendas y Medio Ambiente del Puerto de Chancay – ADEVIMAP
• Comité de Vigilancia Ambiental Humedal Santa Rosa, Chancay
• Comité de medio Ambiente de Juprog, COMEA Ancash
• Comisión de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA
• CooperAcción
• Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR
• Derechos Humanos Sin Frontera – DHSF
• Earth Rigth International -ERI
• Instituto del Bien Común – IBC
• Oxfam en Perú
• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú Equidad)
• Programa Laboral de Desarrollo- PLADES
• Red Muqui
• Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo -FEDEPAZ
• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica- CAAAP