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LA PRECARIEDAD LABORAL EN EL PERÚ MATA:
EXIGIMOS RENUNCIA DE MINISTRA DE TRABAJO Y CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS LABORALES

El domingo 15 de diciembre una noticia nos estremeció, la muerte de Carlos Campos y Alexandra Porras, dos jóvenes trabajadores de la cadena McDonald´s, que sufrieron una descarga eléctrica mientras cumplían una jornada de trabajo en un turno de 12 horas sin implementos de seguridad, con turnos irregulares y en donde realizaban múltiples labores, aunque su empleador era una empresa formal. Esta historia nos recuerda las trágicas muertes de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán que murieron encerrados en un contenedor mientras la Galería Nicolini ardía en llamas.

Estas muertes tienen en común la desprotección de la vida e integridad de las y los trabajadores peruanos y una política laboral que ha desmantelado derechos, generando una situación de mayor precariedad que impacta, en particular, sobre la vida de las y los jóvenes que inician su experiencia en el mundo del trabajo. Más del 70% de nuestra población se encuentra en la informalidad y el 50% en la informalidad laboral, en donde la precariedad y la ausencia de derechos pone en riesgo la salud y la vida, exponiendo en particular a los más jóvenes a la explotación y esclavitud.

El actual sistema ha propiciado el ocultamiento de riesgos que afectan la vida de los y las trabajadoras en general. En lo que va del año a octubre, en el ámbito formal, se han registrado 29,466 accidentes de trabajo, 200 mortales, y sólo en el mes de octubre el 66% de los accidentes de trabajo han tenido consecuencias incapacitantes. En este contexto, la tragedia ocurrida con la muerte de Carlos Campos y Alexandra Porras sólo representa la punta del iceberg de un grave problema de precarización de las condiciones laborales, que se hace más cruel y miserable en los espacios donde el trabajo formal y el estado desaparecen, como ocurrió en marzo pasado con una mina artesanal ubicada en el cerro El Toro (Huamachuco), donde ocho jóvenes trabajadores perdieron la vida producto de un “accidente laboral”. Las cifras oficiales no dan cuenta de la realidad, ocultan situaciones que nos avergüenzan como sociedad y como país.

La política laboral basada en aumentar la productividad y competitividad sobre el desmantelamiento de derechos, implementada desde los años 90 y administrada por los sucesivos gobiernos, expresa sus límites en estas lamentables muertes de trabajadores; siendo que la protección de la vida, dignidad, integridad y la salud de los y las trabajadoras constituye parte esencial del Estado de Derecho. Es intolerable la acción o inacción destinada a degradar la capa de protección de los derechos laborales y la promoción del empleo digno.

En tal sentido, la responsabilidad sobre las muertes de trabajadores no sólo recae en los empleadores, sino también en quienes tienen la obligación de ejercer el rol tuitivo desde el Estado y no lo hacen por acción u omisión. La Ministra de Trabajo, Silvya Cáceres, que ante las recientes muertes de trabajadores tuvo como reacción responsabilizar a la migración venezolana del desempleo juvenil y repetir burocráticamente que el plazo de investigación será de 30 días pudiendo resultar la imposición de una multa, sin pronunciarse por los problemas de fondo ni las responsabilidades políticas; ella, quien además era Superintendenta de SUNAFIL cuando ocurrió el incendio de la Galería Nicolini, le falló a Jovi Herrera, Jorge Luis Huamán, Carlos Campos y Alexandra Porras, a sus familias, y a la ciudadanía, por lo que esperamos y exigimos su renuncia inmediata.

Finalmente, exhortamos al estado y la sociedad toda para que asumamos -en el actual contexto de crisis- los retos que supone construir y consensuar una agenda de transición democrática, que erradique las formas ominosas de violencia que pesan sobre la vida de las personas, como ocurre con las y los jóvenes trabajadores, que nos devuelva la confianza en una democracia que sirva a la gente y que nos permita hacer viable y sostenible nuestro futuro.

Lima, 20 de diciembre del 2019

 

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