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PLATAFORMA DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Lima, 30 de abril de 2020

Señores

Presidente de la República
Ing. Martín Vizcarra

Vicente Zeballos Salinas
Presidente del Consejo de Ministros

María Alva Luperdi
Ministra de Economía y Finanzas

Susana Vilca Achata
Ministra de Energía y Minas

Sylvia Cáceres Pizarro
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

Sonia Guillen Oneeglio
Ministra de Cultura

Víctor Zamora Mesía
Ministro de Salud

Ariela Luna Florez
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Fernando Castañeda Portocarrero
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Gastón Rodríguez Limo
Ministro del Interior

Walter Martos
Ministro de Defensa

Jorge Montenegro Chavesta
Ministerio de Agricultura y Riego

Rocío Barrios Alvarado
Ministerio de la Producción

Presente.-

Asunto: Solicitamos instalación de espacio de diálogo entre el Estado, los trabajadores, pueblos indígenas y sociedad civil en el marco de la discusión sobre empresas y derechos humanos en el Perú.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, lo saludamos atentamente en nombre de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, colectivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) del Perú, cuya misión es hacer el seguimiento de los impactos en los derechos humanos generados como consecuencia de las actividades de las empresas, y que en el actual contexto de crisis sanitaria nacional generada por el COVID-19, orientar sus esfuerzos al fortalecimiento del ejercicio de estos derechos, con especial énfasis en los de las y los trabajadores del sector formal e informal de la economía, así como de los pueblos indígenas del Perú.

De acuerdo con las normas internacionales que ha ratificado nuestro país, el Estado peruano tiene la obligación de proteger a todas las personas contra las violaciones de sus derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción, ya sea por agentes públicos o por las empresas. En este contexto, y como instituciones de la sociedad civil que acompañan permanentemente a organizaciones sociales, deseamos transmitirle nuestra preocupación y alarma por la constatación de que muchas empresas vienen vulnerando su deber de respetar los derechos humanos, a nivel nacional y en varias regiones del Perú, durante los 46 días que lleva esta emergencia nacional.

Es el caso de aquellas que – incluso sin esperar autorización de las autoridades – han dejado sin empleo a miles de trabajadores, despidiéndolos durante su período de prueba, finiquitando sus contratos temporales durante su vigencia o al fin de su plazo de vencimiento; o, simplemente, despidiéndolos de hecho y sin respetar las mínimas formalidades de ley. Muchas de ellas lo han hecho pese a que en los años pasados obtuvieron ingentes dividendos, imponiendo a sus trabajadores rebajas salariales y/o de beneficios sociales; e, incluso, han suprimido sus ingresos y los de sus familias por medio de la cruel y eufemística “suspensión perfecta de labores” autorizada por su gobierno. Muchos de estos trabajadores han debido costear su supervivencia con sus propios ahorros previsionales a través del uso de sus CTS o de sus fondos en las AFPs.

Muchas de estas empresas, asimismo, han obligado a sus trabajadores a continuar laborando sin ofrecerles condiciones mínimas de bioseguridad, comprometiendo sus vidas, su seguridad personal y la de sus familias, colocándolos en una situación de absoluta indefensión. Sin poder acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo, ni al Poder Judicial. Todo ello, mientras se pone a disposición de las empresas infinitas veces más recursos públicos que los que se ha puesto a disposición de los sectores pobres y sus familias.

En relación a las empresas mineras, si bien han reducido el nivel de sus operaciones, muchas de ellas siguen realizando actividades en contacto con la población y movilizando personal muy cerca de las comunidades en sus zonas de influencia sin ningún tipo de control por parte del Gobierno, de la policía ni del ejército. Además, se han reportado 251 casos de trabajadores contagiados por COVID-19 en varias de las principales empresas mineras en el país, como Antapacay, HudBay, Bateas o Cerro Verde, siendo uno de los reportes más escandalosos el de los trabajadores contagiados de la minera Antamina (Áncash), con 210 trabajadores infectados, un trabajador fallecido, otros en estado grave y en UCI. Antamina ha seguido operando durante el periodo obligatorio de inmovilización, y solo el pasado 13 de abril, ante las evidencias de estos contagios masivos entre sus trabajadores, decidió suspender temporalmente sus actividades.

Con respecto a los pueblos indígenas y el impacto sobre ellos de las actividades petroleras, empresas como Pluspetrol recién han suspendido sus actividades temporalmente en el Lote 8 desde el 18 de abril, debido a que el 70% de personal proviene de Iquitos donde el porcentaje de contagios es alto. Otro caso es la petrolera Perenco en Loreto, que tiene a sus trabajadores transitando continuamente por ríos en cuyos márgenes habitan comunidades nativas. Similar situación se presenta en el caso de Petrotal (Lote 95), también ubicada en Loreto; y en Ucayali, la empresa Ochosur P SAC, que viene realizando tala y producción de palma, afectando directamente a la comunidad de Santa Clara de Uchunya.

En el ámbito de la agroexportación, actividad empresarial cuya producción se exporta en gran medida a los mercados internacionales, se ha seguido movilizando y reclutando a cientos de trabajadores durante el periodo de cuarentena. Regiones como Lambayeque o Ica – donde una de sus principales actividades es la agroexportación, beneficiada en los últimos años con una política laboral que vulnera los derechos laborales – se han convertido en focos de riesgo para la salud de los trabajadores, constituyéndose en zonas en donde la pandemia se ha vuelto más agresiva y letal.

A partir de este escenario de vulneraciones o potenciales vulneraciones a los derechos humanos generados por empresas en este marco de emergencia sanitaria exigimos:

Que el estado sancione dentro de los marcos legales internaciones y nacionales a las empresas que han vulnerado los derechos de miles de ciudadanos peruanos en este tiempo de crisis sanitaria y de la misma manera pedimos, que se realicen todas las acciones de fiscalización que permitan proteger a los trabajadores de la amenaza de vulneración de sus derechos por parte de los diversos sectores empresariales. Así mismo para los pueblos indígenas que se aprueben medias específicas desde el Estado para su atención desde un enfoque intercultural y respetando sus derechos de autonomía y territorialidad.

Que en la discusión del alcance de la reactivación económica se prevea que las empresas puedan reducir su producción limitando el impacto de la movilidad de trabajadores así como los altos niveles de contaminación que hasta ahora han provocado frecuentemente que ríos y territorios se vean contaminados, lo mismo que miles de personas se vean afectadas por metales tóxicos. Y asimismo, que todas las actividades empresariales se subordinen inmediatamente a los protocolos de bioseguridad – tanto para los trabajadores, como para las comunidades impactadas por sus actividades – de modo que se garantice salud y vida.

Sumada a estas demandas, Señor Presidente, queremos señalar que esta emergencia sanitaria constituye una gran oportunidad para convertir el espacio multi-actor conformado a partir de la discusión del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en un real y genuino espacio de dialogo nacional con la participación de organizaciones nacionales de representación gremial, pueblos indígenas, sindicatos, organizaciones sociales y sociedad civil, donde se pueda discutir no sólo un plan sino una política nacional que coloque en su centro a los derechos humanos y no sólo la protección del lucro de las actividades empresariales como ha ocurrido hasta ahora en el país.

Agradeciendo anticipadamente la atención que dispense a la presente y, en espera de su gentil respuesta, nos suscribimos de Usted.

Atentamente,

  • COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS -CNDDHH
  • PLATAFORMA DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
  • PLATAFORMA NACIONAL DE SALUD, AMBIENTAL Y HUMANA
  • CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ – CGTP
  • ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ – ONAMIAP
  • CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DEL PERÚ – CUT
  • CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERU – CTP
  • Central Autónoma de Trabajadores del Perú -CATP
  • FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO –FENTAP
  • FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE AGROINDUSTRIA Y AFINES – FENTAGRO
  • SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGROKASA
  • SINDICATO DE TRABAJADORES DE AGRÍCOLA CHAPI
  • SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MONSANTO PERÚ – ICA
  • ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALGODÓN JUAN VELASCO ALVARADO
  • FEDERACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES USUARIOS DEL AGUA– FREPOAGUA
  • FEDERACION DE TRABAJADORES DEL SECTOR COMUNICACIONES DEL PERÚ – FETRATEL
  • PLATAFORMA INDÍGENA AMAZÓNICA SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
  • PLATAFORMA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL -POT
  • ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE -ORPIO
  • ORGANIZACION REGIONAL DE LA ASOCIACION INTER-ETNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA UCAYALI – ORAU
  • COORDINADORA REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SAN LORENZO -CORPI-SL
  • ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA NORTE DEL PERÚ -ORPIAN –P
  • CONSEJO MACHIGUENGA DEL RÍO URUBAMBA – COMARU
  • RED MUQUI
  • RED PERUANA POR UNA GLOBALIZACIÓN CON EQUIDAD – REDGE
  • ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS – ANC
  • COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ICA – CODEHICA
  • COOPERACCIÓN
  • DERECHO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES – DAR
  • DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERA – DHSF
  • COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL –CEAS
  • INSTITUTO DEL BIEN COMÚN – IBC
  • OXFAM PERÚ
  • DIAKONIA
  • CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS -PERÚ EQUIDAD
  • PROGRAMA LABORAL DE DESARROLLO- PLADES
  • REDAD
  • EARTH RIGHTS INTERNATIONAL -ERI
  • FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO -FEDEPAZ
  • ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS – APRODEH
  • CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA- CAAAP
  • COMISIÓN DE JUSTICIA SOCIAL -CSJ
  • PROYECTO AMIGO
  • DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE -DHUMA
  • ASOCIACIÓN SER
  • GRUFIDES
  • COMISIÓN DE SOLIDARIDAD, DESARROLLO Y JUSTICIA (COSDEJ)
  • TIERRA ACTIVA PERÚ –TAP
  • COLEGIO DE GEOGRAFOS DEL PERÚ –CGP