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(Foto: GEC)

FRENTE A LA PANDEMIA UNIDAD NACIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y VIDA DE LAS Y LOS PERUANOS

 

PRONUNCIAMIENTO

La pandemia del coronavirus se ha expandido rápidamente por el Perú, sumando a la fecha, según cifras del Ministerio de Salud, un promedio de 60 mil personas contagiadas y más de 1,600 fallecidas. Debe reconocerse la pronta respuesta del gobierno del presidente Vizcarra que decretó el estado de emergencia y la cuarentena obligatoria, orientadas a contener el impacto mortal del virus e impedir el colapso del sistema de salud. Sin duda, esta rápida respuesta permitió organizar mejor la atención y salvar vidas, más aún tomando en cuenta el abandono de la salud pública, relegada por bajos presupuestos, sin camas UCI ni respiradores y otras condiciones indispensables para enfrentar la situación.

Para que las medidas de contención sanitaria como la cuarentena resultasen exitosas, además del compromiso ciudadano, se requería que el Estado garantizara a los peruanos que podrían quedarse en casa sin ver afectadas sus economías. En un país con una estructura de empleo mayoritariamente informal, las medidas económicas debían ser universales y oportunas. Lamentablemente, estas han sido limitadas e ineficientes, sesgadas por una concepción de focalización inapropiada para la emergencia. El primer bono de S/380.00 aun no ha terminado de pagarse y el siguiente, el bono familiar universal de S/760.00, aún no tiene cronograma de entrega. Asimismo, se decidieron medidas para evitar la ruptura de la cadena de pagos de las empresas, y disminuir el impacto recesivo de la pandemia sobre la economía, afectando derechos de las y los trabajadores formales, como ocurre con la “suspensión temporal perfecta».

Durante las semanas de cuarentena, las desigualdades también se han hecho más evidentes. La desprotección social, la creciente precariedad y la incertidumbre frente al futuro ha llevado a miles de familias a desplazarse hacia sus regiones de origen. Asimismo, sectores sociales como los pueblos indígenas han exigido una atención pertinente, sin que hasta ahora se implemente una respuesta adecuada. Hemos visto incrementarse la violencia de género y sexual hacia mujeres, niñas y niños. También hemos sido testigos de la desesperación de las personas privadas de libertad contagiadas en los penales, y de la situación cada vez más crítica de casi un millón de personas venezolanas en el país. Esta desatención contrasta con el apoyo a sectores como la minería, con la secuela de cientos de trabajadores contagiados por el COVID19, con el riesgo de contagio a otros trabajadores, sus familias y a la población local. Lo mismo ha ocurrido con la agro- exportación en las regiones de la costa norte, en Ica y en Ucayali.

En medio de este preocupante panorama el día lunes se publicó el D.S. que anuncia la fase de reactivación económica. Esta situación es preocupante pues no se ha logrado aplanar la curva de contagios. Sí en los próximos días se levanta la cuarentena y se inicia una fase de vuelta a las actividades económicas, el mayor riesgo para la salud y la vida de millones de personas es inminente, tal como ha señalado la CGTP en su reciente comunicado y donde denuncia a la Comisión Tripartita -de la que forman parte- por haberse limitado a recibir una propuesta concertada sólo entre el Gobierno y los empresarios. Tampoco se ha garantizado la producción agraria nacional, particularmente la de las familias campesinas, garantes de nuestra seguridad alimentaria. No se han atendido las justas demandas y las propuestas de la CONVEAGRO y los principales gremios de productores que reclaman apoyo técnico y financiero para poder mantener sus actividades.

Lamentablemente, hoy no existen las condiciones para una reactivación ordenada y segura de las actividades productivas del país, siendo altamente probable que se potencie la ola de contagios y rebrotes, que nuestro sistema de salud, ya colapsado, no podrá soportar.

Ante tal situación, la CNDDHH expresa su preocupación y llama a atender los siguientes puntos con carácter de urgencia:

  • Priorizar el derecho a la salud y la vida de todas y todos los peruanos. En estos momentos es importante que se sobreponga la salud y la vida y que, de acuerdo a ello, se planteen reabrir actividades económicas que lejos de seguir dañando a la naturaleza y a las posibilidades de supervivencia de los seres humanos, garantice el bien común y el derecho a una vida digna para todos y todas. Esto supone mantener medidas de contención sanitaria como la cuarentena y reforzar el apoyo al sistema de salud, al personal médico, garantizando la debida atención en todos los hospitales del país junto a una intensiva campaña de prevención que frene expansión del virus. Implica también sanción a la corrupción en diversos niveles para la adquisición de insumos u otros aspectos.

  • Garantizar la protección económica de las y los peruanos con un enfoque de derechos y atención universal. Los subsidios focalizados, como bonos y canastas se han mostrado insuficientes e ineficientes, no llegan a tiempo ni a todas las familias que lo necesitan. Este es uno de los factores por el que las personas se ven en la disyuntiva de guardar cuarentena o salir a ganarse algo para comer. Por ello, creemos que es urgente la entrega de un bono personal universal, para mayores de 18 años por dos meses consecutivos. Como lo ha manifestado el MEF existen los recursos para esta iniciativa, es momento de distribuirlos.

  • Reactivación económica sin privilegios ni riesgos para la salud. Si bien urge a la mayoría de las y los peruanos generar ingresos para sobrevivir, y la situación de muchas empresas es difícil, es necesario reconocer que no existen las condiciones suficientes para levantar las medidas de contención sanitaria. El gobierno no puede ceder a los grandes lobbys empresariales y debe ser cuidadoso en determinar qué actividades pueden reanudarse en forma progresiva. Para ello es indispensable que los protocolos y medidas complementarias sean formulados con participación de las y los trabajadores, que se fortalezcan los mecanismos de fiscalización y se priorice la salud de las y los trabajadores por sobre el mercado.

  • Velar por las poblaciones más vulnerables al COVID-19 y la crisis económica. Atender con todos los medios disponibles a quienes ya son los más afectados por la pandemia y la crisis. Esto implica la adecuada implementación y ejecución del plan de retorno de las personas que buscan volver a sus regiones de origen. También del plan de atención a los pueblos indígenas, consensuado con sus organizaciones para minimizar el riesgo de contagios. Fortalecer los mecanismos de atención inmediata a las mujeres víctimas de violencia en cuarentena. Atender con celeridad la situación de los penales por el riesgo de infección explícito para los internos, los trabajadores penitenciarios y sus familias. Asimismo, la situación de los migrantes extranjeros expuestos a una mayor situación de precariedad y vulnerabilidad.

  • Convocar a la sociedad civil y la participación ciudadana para contener la pandemia. Urge que las organizaciones nacionales y regionales de la sociedad civil sean convocadas para plantear propuestas a la crisis. Es importante fortalecer el Acuerdo Nacional con la participación de sectores sociales no representados, especialmente trabajadores informales, pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y jóvenes, entre otros. Es importante también la convocatoria a espacios de diálogo sectorial y regional, especialmente en las regiones más afectadas por el impacto del COVID-19. Estamos ante una situación inédita que requiere de la buena voluntad y la suma de esfuerzos de todas y todos.

Lima, 08 de mayo del 2020

 

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