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Como informamos en la edición de la semana pasada, la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y DDHH ha hecho llegar al Gobierno peruano un detallado informe sobre las vulneraciones a los derechos de las personas por parte de diversas empresas en el contexto de la emergencia sanitaria.

El informe fue enviado al presidente Martín Vizcarra, así como a los diversos ministerios involucrados con el tema. En la carta, las organizaciones de sociedad civil señalaron que “muchas empresas vienen vulnerando su deber de respetar los derechos humanos, a nivel nacional y en varias regiones del Perú”. Se detallan las vulneraciones al derecho al empleo, los despidos, las rebajas salariales y la “cruel y eufemística suspensión perfecta” de labores. Así mismo, se informa que “Muchas de estas empresas, asimismo, han obligado a sus trabajadores a continuar laborando sin ofrecerles condiciones mínimas de bioseguridad, comprometiendo sus vidas, su seguridad personal y la de sus familias”. También se hace énfasis en las actividades de las empresas mineras y petroleras en territorios indígenas y rurales que ponen en riesgo de contagio a las poblaciones locales, así como a sus propios trabajadores, y en la situación de las empresas agroexportadoras. (El informe completo puede descargarse desde este enlace: http://derechoshumanos.pe/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Derechos_en_Emergencia_PMMLAG21052020.pdf

El pasado 20 de mayo, el Ministerio de Justicia respondió a la carta enviada junto con el informe, señalando que agradece la información remitida “sobre las presuntas vulneraciones de derechos humanos durante la emergencia sanitaria nacional” e informa que “sin perjuicio de que las mismas sean investigadas por los órganos estatales correspondientes”, “desde la Dirección General de Derechos Humanos se ha dispuesto el monitoreo de los mencionados hechos”.

Así mismo, la misiva firmada por el director general de DDHH del MINJUS, Edgardo Rodríguez, coincide en lo planteado por la Plataforma de Sociedad Civil en el sentido de “continuar fortaleciendo el diálogo multiactor” en el proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

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