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DENUNCIAMOS EL NEGACIONISMO Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Durante la tarde del 14 de noviembre y hasta primeras horas del 15 de noviembre del 2020, en el marco de la protestas contra el régimen de Manuel Merino, se produjo en la ciudad de Lima un operativo policial que tuvo como saldo la muerte de dos manifestantes y más de 200 personas heridas, según los reportes de ESSALUD y el MINSA. Muchas de las personas lesionadas ingresaron en los hospitales en condición de NN.

Esa misma noche efectivos policiales en una camioneta blanca con las placas tapadas detuvieron a un joven. Durante todas las jornadas de protesta la dificultad para acceder a información sobre el paradero de personas detenidas y la falta de registro de las detenciones en el sistema destinado a ello (RENADESPLE) fue recurrente. Como han indicado la CIDH, el Alto Comisionado de DDHH  y el Comité contra la Tortura  de la ONU, ello generó una situación de riesgo de desaparición forzada y torturas.

El 14 de noviembre muchas calles del centro histórico de Lima fueron cerradas al tránsito vehicular y de personas. Ello, sumado a las restricciones propias del toque de queda, produjo dificultades de traslado desde esta zona de la ciudad.

En medio de esta situación, muchas personas perdieron contacto con sus familiares y amigos, sumiéndose en la angustia. Ante la inacción y falta de legitimidad del gobierno de Manuel Merino, la CNDDHH y diversas organizaciones, como las federaciones de estudiantes universitarios y, posteriormente la Defensoría del Pueblo, sistematizaron la información sobre las personas no ubicadas.

El 17 de noviembre en la mañana solo dos personas permanecían como no ubicadas en la relación de la CNDDHH: Luis Fernando Araujo, reportado como desaparecido por su madre a la CNDDHH, y Gabriel Rodríguez Medrano, reportado como desaparecido a la Defensoría del Pueblo en lo que resultó ser una falsa denuncia. Luis Fernando Araujo apareció en la tarde, declarando que fue secuestrado y torturado por policías de civil y que en el centro de detención había otra persona en las mismas condiciones. Sus secuestradores le dijeron que lo liberaban porque el caso había tomado demasiada notoriedad.

La Fiscalía investiga también los casos de otros dos jóvenes que declaran haber sido detenidos y golpeados por la policía, sin que su paradero fuera nunca reportado. Así mismo, se encuentra analizando en qué circunstancias las demás personas no ubicadas perdieron contacto con sus familiares, pues en varios casos ello se relacionó con situaciones de abuso policial.

En definitiva, al construir y difundir públicamente una relación de personas no ubicadas en la madrugada del 14 noviembre, la CNDDHH evaluó que existía un temor grave y fundado de que algunas de estas personas estuvieran sufriendo vulneraciones de derechos humanos, lo que efectivamente se confirmó. Se consideró además que la única forma de reducir las probabilidades que este riesgo se concrete era someter la actuación del Estado Peruano al escrutinio de la opinión pública nacional e internacional.

Condenamos que un sector mayoritario del Congreso de la República avale las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobierno de facto de Manuel Merino, al que este mismo sector entregó el poder y que, actualmente, busque desacreditar la labor de las personas e instituciones que las denunciamos. Los derechos humanos son un elemento fundamental de la democracia, por lo que todas las instituciones democráticas deberían contribuir a que en el Perú se sancione a quienes participaron en las vulneraciones de derechos humanos, a que las víctimas sean adecuadamente reparadas y a que se realicen las reformas institucionales para que estos hechos no se repitan. Lamentamos que estos sectores coloquen nuevamente al Congreso de espaldas a la ciudadanía y, una vez más, nieguen la verdad de los hechos ocurridos.

Lima 04 febrero de 2021