Reparaciones no pueden tardar más

Published on 24 Febrero 2009 by in Noticias, Opinión

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Las reparaciones de las víctimas y sus familiares que dejó el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000 están destinadas a reconocer su condición como tales y tienen como objetivo permitir su acceso a la justicia, a la restitución de sus derechos, y a resarcirlos material y moralmente, específica o simbólicamente por los daños sufridos. Sin embargo y a pesar de ser una de las más importantes recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), las reparaciones no se están efectuando como corresponde por la entidad encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de paz, la denominada Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) cuyo secretario ejecutivo es el militante aprista Jesús Aliaga. Representantes de organismos de derechos humanos y asociaciones de víctimas alertaron del uso político que se da al tema de las reparaciones colectivas en busca de clientelismo en las zonas más pobres del país. Frustración “Es una lástima, crea un clima de insatisfacción en un población que ha sido arrasada y que tiene 20 años esperando este proceso. La frustración se ha incrementado y lejos de ser un proceso de reconciliación se ha convertido en un proceso de conflicto”, precisa Sonia Paredes, especialista en reparaciones de la Asociación por Derechos Humanos (Aprodeh). A ella se suman, Edgar Rivadeneyra y Gladys Canales, voceros de la Asociación Reflexión para Indultados Inocentes, quienes continúan siendo víctimas de la intolerancia gubernamental personificada en la administración de Aliaga que se niega a atender sus derechos, así como las peticiones de sus hijos, quienes acuden al despacho de Aliaga para lograr facilidades y acceder a estudios universitarios, como contempla la ley. LA PRIMERA intentó reiteradamente entrevistar al secretario ejecutivo de la CMAN, pero fue imposible ya que su secretaria argumentó en todo momento que estaba “ocupado”. La representante de Aprodeh afirma que esta manipulación hace que muchas personas confundan este derecho, con uno de los programas gubernamentales como Juntos y Crecer o el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). Sonia Paredes señala como prueba palpable que “coincidentemente” las comunidades beneficiarias por la CMAN pertenecen a los 880 distritos de la estrategia gubernamental “Crecer”. Afirma que de esta manera la reparación se desnaturaliza, “dejando de ser compensatoria y de dignificación para las víctimas”. A este afán clientelista se suman los alcaldes, quienes son los encargados de realizar las obras, pero lo usan como parte de su campaña o cumplimiento de sus promesas. Tanto es así, que la localidad altoandina de Putis, en Huanta, Ayacucho, recién fue incluida el año pasado, pese que allí perdieron la vida más de un centenar de comuneros luego de la incursión de elementos militares. “Por tal razón exigimos que esto no sea visto como una suerte de método para crear clientelismo o algo peor, porque se está usando a la población más vulnerable, pobre y excluida; los hombres y mujeres con los años se están muriendo, las madres que perdieron a sus hijos se están muriendo. Este proceso no puede tardar más porque sería postrar a la población en el abandono”, sostiene Paredes. Indica que se está perdiendo el sentido del Plan Integral de Reparaciones (PIR), instrumento que establece los objetivos y acciones del Estado a nivel nacional, regional y local, el mismo que debe darse en salud, educación, en restitución de derechos ciudadanos, simbólicas, y reparaciones colectivas y económicas. Recorte presupuestal Vale precisar que las reparaciones para las víctimas no sólo son de índole colectiva, sino individual; pero la CMAN se ha abocado solo a las primeras. La experta informa que al año pasado la CMAN priorizó 463 centros poblados, en base al libro 2 del Registro Único de Víctimas (RUV) que es elaborado por el Consejo de Reparaciones; pero sólo se pudo cubrir la mitad debido al recorte presupuestal en 14 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y que muchas veces se basó en el Censo por la Paz de cuestionada metodología. Paredes precisa que los propios comuneros coinciden en esta preocupación por el uso político, pues en las comunidades beneficiarias, que reciben cien mil soles de la CMAN para el proyecto, lejos de consultarse la prioridad de la población de acuerdo a ley, se les impone dos tipos de obras, de infraestructura o productiva y de servicio básico; dando a escoger entre la piscina o el coliseo, donde no hay agua; cuando ellos desean un parque para recordar a sus muertos y cómo va a tener un sentido reparador o de inclusión cuando las mujeres, la mitad de la población, no conocen el proyecto. Afirma asimismo que la secretaría ejecutiva de la CMAN exige la presentación del DNI a todas las personas que buscan ser reconocidas como víctimas, negando el derecho que las respalda y olvidando que les compete la restitución de los derechos ciudadanos de los peruanos que, por efecto del conflicto interno, resultaron indocumentados. Cuando más bien -dice- tiene que darse los indicios para que la persona sea identificada y menciona como ejemplo a Pedro Yauri, quien no aparece en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Manejo político Paredes considera que en el tema de los derechos hay una contradicción muy grande por parte del gobierno, “pues si bien empezaron las reparaciones, se usan de manera política. Parece que no hay una real atención del gobierno en el tema como refleja la criminalización de las protestas. Hay una suerte de política de engañar; decir que avanza por un lado, y quita por otro, en una especie de engatusamiento”. Finalmente, Paredes, a nombre de Aprodeh, exige que empiecen las reparaciones económicas para lo cual se formó un grupo de trabajo destinado a elaborar la metodología, pero se sabe que los beneficiarios son los familiares de las víctimas fatales, de los desaparecidos y también las mujeres víctimas de violación sexual y los torturados. Así como las reparaciones en salud, restitución de los derechos ciudadanos, educación, este registro no se ha terminado. Han pedido once millones de soles y apenas les han dado dos millones. Marginan a inocentes indultados Edgar Rivadeneyra y Gladys Canales, de la Asociación Reflexión nos dan fe de la indiferencia con la que los inocentes indultados por terrorismo y sus hijos son tratados por el gobierno y por el propio Jesús Aliaga. Señalan que el año pasado, el gobierno modificó el Reglamento de la Ley del Plan Integral de Reparaciones, por lo cual los hijos de las víctimas de la violencia política y quienes tuvieron la suerte de sobrevivir; ya no pueden acceder a los beneficios de educación. A pesar que en la sentencia de la Corte Interamericana para el caso: María Elena Loayza Tamayo se menciona que la reparación alcanza a la familia directa. Detallan que en el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM del primer gobierno aprista sólo consideraban beneficios educativos a los hijos e hijas de los funcionarios públicos asesinados. Agregan que en el caso de los inocentes liberados sigue latente que sus nombres sean publicados como anunció el jefe de Estado, Alan García y no hay norma que les garantice su derecho, así como de las víctimas de violencia sexual. Solicitan a la CMAN mantener un vínculo más estrecho con las víctimas. Ellos han solicitado entrevistarse varias veces, junto a otros representantes de los derechos humanos, con el premier Yehude Simon quien aceptó recibirlos, pero al final los dejó plantados. Fuente: Diario La Primera

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Reparaciones: Balance 2006-2011 (I)

Published on 08 Julio 2011 by in Opinión

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Por Jairo Rivas Belloso Publicado en NoticiasSer.pe, el 06/07/2011 Estando cerca de la culminación del actual gobierno resulta oportuno realizar un ejercicio de balance sobre el proceso de reparaciones, tarea a la que dedicaré las siguientes entregas. 1.    Un diseño complejo para un tema nuevo La demanda por reparaciones adquiere presencia pública a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Anteriormente no había formado parte de la agenda planteada por las organizaciones de víctimas ni tampoco por los organismos de derechos humanos, los cuales habían dado mayor relevancia a los temas de verdad y justicia. Se trata, por tanto, de un tema relativamente nuevo cuya necesidad fue fundamentada en una de las recomendaciones de la CVR. La creación de la CMAN, el año 2004, fue la respuesta del gobierno de Alejandro Toledo a los planteamientos de la CVR. A partir de allí se empieza a tejer el esquema institucional para dar respuesta a la exigencia de reparaciones. Es así que, en julio de 2005, se promulga la Ley N° 28592, la cual crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR). Con esta norma se oficializan los planteamientos de la CVR y se le da curso legal a la creciente expectativa de las víctimas por las reparaciones. La reglamentación de esta ley, aprobada a poco de concluir el gobierno de Toledo, precisa el diseño institucional a cargo del proceso de reparaciones. En él se establece un camino de dos pasos: i) la identificación de las víctimas y beneficiarios del PIR, a través de un instrumento denominado Registro Único de Víctimas; y ii) la coordinación de los distintos programas de reparación. La complejidad radica en que la realización de cada paso fue encargada a una entidad distinta: el primero fue asignado al Consejo de Reparaciones, mientras que el segundo se puso bajo responsabilidad de la CMAN. Esta distinción institucional tiene una lógica: evitar que el primer paso – la identificación de las víctimas – sea objeto de manipulación política. Esta intención se vio confirmada con la designación de los integrantes del Consejo de Reparaciones, en octubre de 2006, por Jorge del Castillo, por entonces Presidente del Consejo de Ministros, quien promovió una conformación plural y ajena a intereses partidistas. La distinción funcional planteaba la necesidad de entender las tareas de ambas entidades como una continuidad: el Consejo producía la información que la CMAN necesitaba para el diseño e implementación de los programas bajo su responsabilidad. No puede decirse, luego de varios años de iniciado el proceso, que esta premisa se haya cumplido. Como se ha advertido en diversas ocasiones, son diferentes los criterios que han orientado la labor de ambas entidades y ello ha producido desencuentros y tensiones. Me parece que estas se fueron incrementando cuando aumentó la presión social por las reparaciones individuales, en especial las económicas, siendo que la prioridad en los primeros años estuvo centrada en las reparaciones colectivas. Como resultado encontramos que no se logró la complementariedad deseada y ello produjo mensajes confusos a la población afectada por la violencia, que en diversas ocasiones expresó la necesidad de un manejo más coordinado. Dado que diversos esfuerzos en esa dirección no dieron los resultados esperados, queda como desafío revisar el diseño institucional, buscando la forma de darle una mayor coherencia y simplicidad, logrando mayor eficacia en la respuesta a las demandas de las víctimas.

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El Consejo Nacional de Reparaciones, presenta deficiencias en su funcionamiento debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no asigna el presupuesto necesario para la ejecución de sus funciones, denunció el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo. Jugo Viera, explicó que por un lado hay ofrecimientos de parte del premier Yehude Simon para dotar de presupuesto al Consejo, y por otro lado una negativa de parte del MEF. De acuerdo a la solicitud del Consejo de Reparaciones, el MEF debía asignar un presupuesto de más de once millones de soles para este año, pero recibieron menos de tres millones. Por ello, informó Jugo, muchas oficinas tuvieron que cerrar en Ayacucho, lo que provocó una decepción mayor en las víctimas. “Pese a ser ya víctimas se les está sobrevictimizando”, afirmó. En conversación con el programa Diálogo Directo de la CNR, el activista de derechos humanos, enfatizó que “el tema del Consejo de Reparaciones fue asumido por el Apra a regañadientes”. Así mismo, rechazó la actitud de la comisión de Defensa del Congreso, cuyo presidente, Edgar Núñez, en reiteradas ocasiones pidió investigar el registro de víctimas, el presupuesto de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a la Comisión de la Verdad. “Y a la cabeza de todo esto está nada menos que el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri”. Jugo advirtió también que “el Consejo de Reparaciones tiene que tramitar el trabajo en regiones, y si no funciona no podrán seguir trabajando”. Otra de las tareas pendientes es incorporar a las víctimas al sistema de salud, para proveerlas de asistencia médica, chequeos médicos, diagnístico de enfermedades y otros, lo cual hasta ahora no se ha cumplido por las limitaciones presupuestales. El representante de APRODEH, detalló que la cooperación internacional funciona en la medida que vea una voluntad y un interés en el tema de parte del gobierno, pero sino, organismos internacionales que han ayudado desinteresadamente paralizarían su trabajo, lo que generaría un grave daño al proceso. El Consejo de Reparaciones es un órgano colegiado que forma parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyos integrantes realizan funciones ad honórem. Su mandato es elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV), instrumento que será utilizado por las instituciones del Estado encargadas de implementar el Plan Integral de Reparaciones. Como se recuerda, el último fin de semana, diversos organismos defensores de los derechos humanos, dirigieron una carta al MEF solicitándole que informe sobre los retrasos en la asignación de presupuesto para las tareas del Consejo. Fuente: CNR

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En cumplimiento del convenio de cooperación firmado con el Consejo de Reparaciones (CR), COMISEDH entregó el pasado 23 de febrero más de 4000 fichas al Consejo de Reparaciones, luego de un arduo proceso de recojo de información en tres provincias de Ayacucho (Vilcas Huamán, Huanca Sancos y Víctor Fajardo) recorriendo comunidades ubicadas en más de 17 distritos (Santiago de Lucanamarca, Sacsamarca, Sancos, Carapo, Huamanquiquia, Huancararylla, Huancapi, Vischongo, Alcamenca, Sarhua, Carapo, Accomarca, Independencia, Huambalpa, Carhuanca, Saurama, Concepción, entre otros). La mayoría de fichas entregadas exponen casos de tortura y fallecimiento, seguidas por casos de desaparición forzada y violencia sexual. En cuanto a los casos de violencia sexual, podemos señalar que en su mayoría ha sido la primera vez que el/la solicitante ha hablado de dicha grave violación.  Consideramos, urgente que se continúe con la labor de registro a nivel nacional, para lograr la plena inscripción de las víctimas del conflicto armado vivido en el país, para lo cual es necesario que se dote de los recursos necesarios al Consejo de Reparaciones, tanto presupuestarios como de recursos humanos.  Asimismo, es indispensable que el Consejo de Reparaciones inicie una campaña nacional de difusión de información sobre el proceso de registro y se tomen las medidas pertinentes para flexibilizar los requisitos que se solicitan a las víctimas.

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El día 14 de enero se llevó a cabo una conferencia de prensa dando a conocer la instalación del Módulo de Registro de Víctimas asumido por el Comité de Derechos Humanos de Pasco (CODEH-PASCO), miembro integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha establecido un convenio con el Consejo de Reparaciones. Se ha establecido que funcionen dos tipos de módulos: uno permanente, en la oficina del CODEH-PASCO (situada en Jr. Bolognesi Nº 415, Cerro de Pasco), y otro Itinerante, de acuerdo a un cronograma de salidas hacia los centros poblados de Quiparacra, del distrito de Huachón, y Pucurhuay, en el distrito de Ticlacayán de la provincia de Pasco; Villa Rica y Oxapampa, en la provincia de Oxapampa, así como también Yanahuanca, en la provincia de Daniel Carrión. A la conferencia de prensa, celebrada en el local del Comité de Derechos Humanos de Pasco, asistieron, además de una docena de periodistas, la comisionada de la Defensoría del Pueblo abogada Raquel Alvarez Peña, el gerente general de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Pasco, Mg. Grimaldo Cristobal Apolinario, y una representante del Municipio Provincial de Pasco.

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Temas

Published on 14 Abril 2010 by in

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Los diferentes temas que trabaja la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se realiza a través de los Grupos y Mesas de Trabajo, donde participan miembros del colectivo e instituciones invitadas. Asimimo,  la CNDDHH participa en otros espacios y redes  de interés común. CVR – Reparaciones Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medio Ambientales Igualdad y No Discriminación Jurídico Salud Mental Tortura

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CARTA AL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Published on 21 Mayo 2009 by in General

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Adhesiones a la carta Quienes suscribimos la presente, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, miembros de asociaciones de víctimas, miembros de organizaciones que han realizado un voluntariado para la realización del Registro único de víctimas (RUV) a cargo del Consejo de Reparaciones y miembros de la sociedad civil, nos dirigimos respetuosamente a usted para solicitar con carácter de urgencia cumpla con la solicitud realizada por el Consejo de Reparaciones en relación a la asignación del presupuesto que permita su normal funcionamiento hasta completar el proceso de registro, evaluación, calificación y acreditación de víctimas de la violencia política ocurrida entre los años  1980 y 2000. La inscripción en el RUV es el primer paso y requisito indispensable para el otorgamiento de las reparaciones individuales. Conscientes de su significado, la sociedad civil ha participado apoyando la actividad del registro, sin poder ver el resultado de dicho aporte, por que el Consejo de Reparaciones no podría culminar su tarea por falta de presupuesto. Nos preocupa profundamente la amenaza de que más de 50,000 víctimas, cuya información ya ha sido registrada en solicitudes dirigidas al RUV, vean truncado su derecho humano a la reparación, si es que el  Consejo de Reparaciones tuviera que interrumpir forzadamente su funcionamiento ante la falta de presupuesto para este año. Asimismo, se quedarían sin poder acceder a presentar su solicitud aproximadamente 150,000 personas, quienes estaban consideradas como destinatarios de la Campaña Nacional de Registro programada por el Consejo de Reparaciones para el año 2009. Es de nuestro conocimiento que la grave situación económica del Consejo de Reparaciones ya ha sido comunicada oportunamente por la Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Economía y Finanzas, sin embargo, lamentamos que este tema no haya sido de atención prioritaria para su despacho, dejando amenazados los derechos que legítimamente tiene una gran proporción de la población peruana, la más pobre y excluida que ha sufrido las secuelas de la violencia. El Consejo de Reparaciones ha solicitado para el 2009, el monto de S/.11´448,441 para desarrollar una Campaña Nacional de Registro, sin embargo solo se habría proyectado asignarle  un monto de S/.2´974,388, para el desarrollo del Registro Único de Víctimas. Como consecuencia de esta falta de presupuesto, el Consejo de Reparaciones se ha visto obligado a reducir a la mitad al personal para mayo y al resto solo contratarlo hasta junio. Esto implica colocar en grave riesgo el proceso de identificación e inscripción de víctimas a nivel nacional y consecuentemente un retraso y obstáculo en el otorgamiento de las reparaciones a las que tienen derecho. Por ello, solicitamos a su despacho, informe a la opinión pública cuáles son las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para revertir la grave situación económica que actualmente está atravesando el Consejo de Reparaciones,  para que el proceso iniciado a favor de las víctimas de la violencia política no se vea inconcluso. Lima, mayo de 2009 Atentamente, . Clic aquí para ADHESIONES A LA CARTA Incluir los siguientes datos: NOMBRE, DNI, ORGANIZACIÓN. . CC: Presidencia del Consejo de Ministros Defensoría del Pueblo Consejo de Reparaciones

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Para dar un significado de las reparaciones hay que puntualizar primero en el daño sufrido, vidas destrozadas, para lo cual no hay ninguna cantidad de dinero que lo pueda compensar. Por lo tanto, la reparación no es la mera compensación material sino, un proceso integral que persigue que la sociedad exprese que, efectivamente, siente lo que ocurrió a través de un reconocimiento en forma concreta para dignificar a las víctimas. Entrevista a Cristian Correa, experto en reparaciones del ICTJ. Una nueva edición de Derechos & Humanos vía perunet.tv

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Declaración de APRODEH La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), expresa su preocupación por la continuidad de la implementación del Registro Único de Víctimas (RUV), instrumento a través del cual se identifica a las víctimas (individuales o colectivas) del conflicto armado interno, cuya acreditación e inscripción fue encargada al Consejo de Reparaciones. Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no asigna el presupuesto necesario para la ejecución de las funciones del Consejo de Reparaciones. Dicho órgano hacía solicitado un presupuesto de S/. 11’448,441 para este año, pero recibieron S/. 2’974,388, monto insuficiente para completar el proceso de registro, evaluación, calificación y acreditación de víctimas de la violencia política ocurrida entre los años  1980 y 2000, en diferentes regiones del país. “La falta de presupuesto para la continuidad del trabajo afectaría el derecho de miles víctimas que ya han entregado información y han sido registradas. A esa cifra se suman otras miles personas hacia quienes se dirigiría la Campaña Nacional de Registro programada para este año”, señaló Sonia Paredes, representante de APRODEH y responsable del Sistema de Vigilancia de Reparaciones. Según la especialista, el proceso de reparación se inicia con el reconocimiento de parte del Estado de la calidad de víctimas de quiénes sufrieron afectación por la violencia política. “La entrega de acreditación constituye, en muchos casos por primera vez, un reconocimiento oficial de parte del Estado del sufrimiento vivido y la expresión de un compromiso por la reparación y por la no repetición de estos hechos”, sostiene. “La inscripción en el RUV es el primer paso y requisito indispensable para el otorgamiento de las reparaciones individuales y colectivas. Por ello, los organismos de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil hemos participado de este proceso y lamentamos que todo el esfuerzo realizado no se concrete en resultados, ante la posibilidad de que el Consejo de Reparaciones no culmine su tarea por falta de presupuesto”, expresó. A la fecha se han registrado más de 40 mil personas como víctimas individuales quienes a partir de su ello ya cuentan con el derecho a recibir reparación individual. El Consejo de Reparaciones espera llegar a 100 mil registrados al finalizar el 2009, lo cual sólo podrá suceder si se asegura el presupuesto necesario. Asimismo se han inscrito más de 5 mil centros poblados como beneficiarios colectivos, parte de ellos ya está recibiendo reparación colectiva a través del Programa de Reparaciones Colectivas de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Esta grave situación ha sido comunicada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas no le da la priorización necesaria, desatendiendo así los derechos que legítimamente tiene la población más pobre y excluida, que fue también afectada por la violencia. Por ello, invocamos nuevamente a las autoridades a atender este hecho para que el proceso iniciado a favor de las víctimas no se vea inconcluso.

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“Sin registro, no hay reparación”

Published on 18 Septiembre 2008 by in General

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Iglesias apoyan registro de víctimas de la violencia política en Lima Norte y Este La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y la Asociación Paz y Esperanza celebraron hoy una conferencia de prensa para presentar la Campaña “SIN REGISTRO NO HAY REPARACION”. Ambas instituciones toman la iniciativa de involucrar a sus Iglesias para que se unan en el esfuerzo de avanzar con el proceso de registro de víctimas en Lima. Con esta finalidad se ha logrado capacitar y movilizar a un promedio de 30 iglesias del Este y Norte de Lima para realizar una campaña de registro en apoyo al trabajo que viene desarrollando el Consejo de Reparaciones en Lima Metropolitana. Con esta alianza se busca que las iglesias de Lima abran sus puertas para instalar en ellas módulos de atención que sirvan para orientar y registrar a las víctimas, y movilizar a sus miembros para que apoyen con registradores voluntarios. Tengamos en cuenta que, a la fecha, el Consejo de Reparaciones ha inscrito a nivel nacional a 12,587 personas y 3,560 centros poblados. Actualmente, el CR no cuenta con recursos suficientes para implementar este Plan. Como resultado de los procesos de desplazamiento y migraciones por la violencia en el país, muchas víctimas no están registradas. Sólo para dar un ejemplo: en Lima, lugar que acoge a miles de desplazados por la violencia, sólo se han registrado 543 víctimas. En la conferencia de prensa intervenieron Monseñor Pedro Barreto Jimeno, Presidente de CEAS y Arzobispo Metropolitano de Huancayo; el Pastor Rafael Goto Silva, Presidente del Concilio Nacional Evangélico, CONEP; la Sra. Sofía Macher Batanero, Presidenta del Consejo de Reparaciones; el Padre Gastón Garatea, ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR); Humberto Ortiz Roca, Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Alfonso Wieland, Director Ejecutivo de la Asociación Paz y Esperanza. (Con información de la Asociación Paz y Esperanza, y la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS).

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Los directivos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se reunieron esta tarde con el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro con el fin de expresarle sus inquietudes por la situación de los derechos humanos en nuestro país. En la cita que se llevó a cabo en la sede de la PCM, los activistas de la CNDDHH plantearon los siguientes ítems como agenda de trabajo: Atención a las demandas de justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Colaboración plena del sector Defensa con los requerimientos del Poder Judicial y Ministerio Público, respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos. Ampliar la cobertura del Programa de Reparaciones Colectivas, así como iniciar en el próximo año la atención a las reparaciones económicas individuales sobre la base del Registro Único de Víctimas avanzado por el Consejo de Reparaciones. Atención preferente a todas las víctimas civiles y militares del proceso de violencia vivido a partir de 1980. Establecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Concretar el compromiso del Estado peruano, expresado en ocasión del Examen Periódico Universal, de establecer un cronograma de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Restituir a la CNDDHH, CEAS y CONEP la condición de observadores en el Consejo Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) del Ministerio de Justicia, así como apoyar en la elaboración de una ley de protección a los defensores de derechos humanos. Derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta social (arts. 1 y 2 del DL 982; arts. 1, 2, 3 del DL 983; el DL 988 y el art. 1 del DL 989). Intervención del Ministerio Público en las operaciones militares contra el terrorismo, como la del VRAE, como garantía de la legalidad de la intervención y en resguardo de los derechos de la población.

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En estas últimas semanas hemos sido testigos y testigas del tratamiento que los medios de comunicación vienen haciendo respecto  de la película ganadora del festival de cine de Berlín “La Teta Asustada”, hecho que reconocemos como muy importante. Sin embargo, esta película nos ofrece una valiosa oportunidad para que los medios de comunicación traten a fondo la problemática de la violencia sexual en el conflicto armado interno, tema que inspira la película. Esta fue una realidad vivida en nuestro país entre 1980-2000, y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) lo recoge en su Informe final, señalando que tanto Sendero Luminoso y el MRTA como las FFAA y hasta algunos miembros de los Comités de Autodefensa, cometieron actos de violencia sexual -violación sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, abortos forzados, desnudos forzados- contra hombres y mujeres. La mayoría de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres, jóvenes, quechuahablantes, analfabetas, pobres, que vivían en zonas rurales. A 25 años de estos sucesos, grandes sectores de la ciudadanía viven desconociendo lo sucedido, y las víctimas de violencia sexual siguen esperando justicia y reparación. Desde el 2004 existen 8 casos de violación sexual  en investigación preliminar en el Ministerio Público y por ello es que hasta el día de hoy ninguno de ellos tiene sentencia condenatoria, manteniendo la impunidad sobre los perpetradores. En el marco del proceso de reparaciones, a pesar de que hay más de 2000 víctimas de violación sexual inscritas en el Registro Único de Víctimas – RUV; muchas otras vienen afrontando obstáculos para su calificación y, sus  legítimas exigencias de reparación, hasta el momento, no están siendo atendidas por el Estado. A pesar de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en sus Informes Defensoriales N° 80 y 139, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni el Consejo de Reparaciones y ni la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros han cumplido con la implementación de las mismas . Próximos a que se celebre el Día internacional de la Mujer, la Mesa de Trabajo sobre Violencia Sexual en el Conflicto Armado Interno  abriga la esperanza de que esta película contribuya a sensibilizar a autoridades estatales pertinentes a acelerar en el más breve plazo los procesos de investigación que se encuentran en el Ministerio Público, adecuar las políticas de reparaciones para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto interno y que predisponga a la ciudadanía a la solidaridad con las víctimas.

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A cinco años del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Conmemorando el quinto aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) celebró una ceremonia multitudinaria en el memorial El Ojo Que Llora, con el lema: “Una ofrenda por la esperanza”. En la ceremonia, el secretario ejecutivo de la CNDDHH valoró el trabajo realizado por la CVR, señalando que su Informe Final fue a las raíces del problema de la violencia en nuestro país, “sacando a la luz una historia que hasta el momento la mayor parte de la élite política y social no ha tenido la entereza de encarar, y denunciando las responsabilidades que alcanzan a todos y cada uno de los sectores políticos y sociales, incluyendo, como debe ser, al propio Estado y las autoridades del Estado”. Asimismo, respondió los ataques del ministro de Defensa al Informe Final y las recomendaciones de la CVR. “Qué entiende el ministro de Defensa por reconciliación. Si ella supone callar sobre las responsabilidades de los agentes del Estado y facilitarles impunidad a sus perpetradores, decimos que no habla de reconciliación sino de resignación y olvido inadmisibles ante el crimen, y de indiferencia cómplice frente a las víctimas de esos crímenes. La reconciliación que preconiza la CVR, la reconciliación a la cual aspiramos los peruanos con toda nuestra esperanza, es aquella que se construye sobre la verdad y la justicia. Esa es la única reconciliación auténtica”, argumentó Gamarra. De otro lado, Vanessa Cantoral, hija del dirigente minero Saúl Cantoral, asesinado en 1989, que habló en representación de las víctimas y afectados por la violencia, realizó un balance de lo actuado por el Estado en materia de justicia y reparación. Vanessa Cantoral invocó a las autoridades del Estado a asumir su compromiso de hacer justicia a las víctimas, tras denunciar el estancamiento y los retrocesos en procesos judiciales a los violadores de derechos humanos. Con respecto al proceso de reparaciones, saludó la elaboración del Registro Único de Víctimas, a cargo del Consejo de Reparaciones, pero a la vez denunció que, en relación a la implementación de las reparaciones colectivas, de los 440 proyectos presentados e informados como ejecutados en el año 2007, solo 40 de ellos han sido terminados hasta hoy. “La justicia que tarda no es justicia. Si los afectados por la violencia no se sienten reparados y el Estado no asume como su responsabilidad la reparación, no se está reparando”, remarcó la representante de las víctimas. En respuesta a las acciones de violencia e intolerancia perpetradas durante la ceremonia por un grupo de provocadores fujimoristas, que pisotearon el altar de velas levantado en honor a las víctimas de la violencia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos anunció que estudia iniciar acciones legales, pues varios de los participantes en esta agresión han sido identificados y son los mismos que ya han actuado en ataques anteriores contra organismos defensores de derechos humanos.

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Por  Catherine Meza, publicado en NoticiasSER.pe Pilar Coll, fundadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y miembro del Consejo de Reparaciones, opina sobre el sétimo aniversario de la CVR. A propósito del sétimo aniversario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ¿qué balance hace respecto a las recomendaciones del Informe Final? La acción del Estado deja mucho que desear en el tema de justicia y reparaciones que me parecen absolutamente centrales. Creo que son condiciones inexcusables para la reconciliación de la que nos llenamos la boca y de la que tanto hablan las autoridades. Creo que mientras no demos pasos significativos en reformas institucionales, no será posible hablar con legitimidad de reconciliación. ¿Qué opinión tiene de la actuación del gobierno en relación a la agenda que dejó la CVR? Sigo este tema con mucha preocupación e indignación. Me parece que hay una deuda a saldar y que no puede cubrirse inadecuadamente con expresiones de que “ya se va a hacer”. Es algo que los afectados y los familiares de las víctimas requieren a gritos, entonces no hay tiempo que perder, me parece que habría que priorizar la reparación frente a otros gastos. Esta semana leí sobre los gastos del gobierno en publicidad y resulta escandaloso. En ese sentido, la ciudadanía tiene que ponerse firme y organizarse para que realmente las reparaciones sean una realidad. Respecto a los lugares de memoria como El ojo que llora. ¿Qué rol cumplen? Lo ideal es que haya muchos lugares de memoria y que los sitios donde ha habido víctimas tengan sus lugares de memoria. Por supuesto, no se puede pretender que sea uno solo ni que todos se sientan reconocidos aquí, pero sí creo que las personas que están aquí reconocidas son de todo el país. Al menos se está haciendo sobre la relación de personas que han sido incluidas en el Registro Nacional de Víctimas. ¿Y los que no han sido incluidos? Estamos obligados a cumplir la ley y la estamos cumpliendo dentro del Consejo de Reparaciones, pero personalmente no estoy de acuerdo. La víctima es víctima, independientemente del comportamiento que haya tenido, lamentablemente la ley los excluye. ¿Por qué es importante que existan estos lugares? Lo importante es que descubramos razones poderosas para defender estos lugares. El Perú no puede olvidar lo ocurrido. Si lo olvidamos tenemos el enorme riesgo de volver a caer en lo mismo, en ese sentido, la memoria se hace imprescindible. Es importante que haya más espacios de memoria para que todos nos sintamos representados y para que las generaciones jóvenes no olviden lo que ocurrió. El riesgo es correr el velo y decir aquí no ha pasado nada. Recordando de un modo saludable lo que ocurrió podremos ver las causas de lo que pasó como la pobreza y la discriminación que fueron la raíz de todo. ¿Qué opina de las absoluciones dadas a algunos militares acusados de violar derechos humanos? Es muy preocupante. Los juicios no avanzan, están paralizados, creo que no hay voluntad de que avancen y lo que me temo es que se busca la impunidad. Eso no podemos consentirlo. ¿Qué opina sobre el caso de Lori Berenson? Me parece que se han ensañado con ella de un modo increíble. A mí me duele mucho porque la conozco de cerca y considero que en absoluto es un peligro para la sociedad. Su respuesta es de una serenidad increíble, no siento que responda ni con odio ni con resentimiento, ni con conciencia de que se la está tratando muy injustamente, como dice ella que se la está manejando como si fuera una pelota de fútbol. ¿Cree que los presos por terrorismo deberían tener derecho al 2 por 1 o reducción de pena cuando muestran arrepentimiento? Los acusados por terrorismo tienen el beneficio del 7 por 1, que es poquísimo pero parece ser que tampoco quieren que se les cuente, en el caso de Lori Berenson una de las razones que dan, es que tiene que estar cinco meses más en la cárcel para que se cumplan los tres cuartos de la condena y eso ella lo ha merecido por el trabajo que ha estado haciendo. Aún no podemos dialogar sobre los años de violencia. ¿Qué debemos hacer para que esto ocurra? Creo que debemos ir aprendiendo, nos falta mucho todavía y confío que las generaciones jóvenes hagan su aporte en este sentido, que sean mejores de los que hemos sido las generaciones anteriores.

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La Asociación Paz y Esperanza viene impulsando la participación  de la iglesia evangélica en una Jornada de Oración que tiene por finalidad solidarizarse con nuestros hermanos y hermanas de Putis.  Dicha jornada se llevará a cabo del 22 de febrero al 01 de  marzo 2009.   Es importante recordar que hace más de 24 años, el 13 de diciembre de 1984, ocurrió la matanza de más de 100 pobladores de la comunidad de Putis, Ayacucho, a manos de miembros del Ejército. Muchos de ellos, y sus familias, eran cristianos evangélicos pertenecientes a las Asambleas de Dios del Perú.   Aún se desconoce los nombres de los militares responsables de esta masacre.  El proceso de reparaciones y de reconstrucción del centro poblado de Putis apenas ha comenzado y la población vive en extrema pobreza lo que constituye un atentado más contra la dignidad humana. El Estado no ha atendido a estas familias en su pedido de justicia; las solicitudes para que las autoridades responsables entreguen información que permita identificar a los que perpetraron estos hechos abominables, no han sido debidamente respondidas.   La demanda de justicia no es atendida. El Señor nos llama a atender la voz de aquellos que siguen clamando por justicia.

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